La amenaza de una explotación acompañó a la iniciativa Yasuní ITT desde su nacimiento hace seis años.

El régimen ofreció conservar el crudo que yace en los campos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), que ocupan el Parque Nacional Yasuní (PNY) en la Amazonía si la comunidad internacional contribuía económicamente con lo que el Estado dejaba de percibir por no extraer los recursos.

El presidente Rafael Correa estableció esta cláusula desde junio del 2007, cuando lanzó la propuesta con cinco meses en el poder. Pero la enganchó con ofertas como la que expuso ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en su asamblea de septiembre de ese año: “Por primera vez un país petrolero, Ecuador (...), renuncia a estos ingresos por el bienestar de toda la humanidad”.

El régimen calificó a este como el plan A, y advirtió que si no conseguía el dinero aplicaría el plan B: la explotación.

Entonces empezó a fijar plazos y dar prórrogas casi de manera anual, pues las metas de recaudación no se cumplían.

Durante casi tres años no contó con un mecanismo de recaudación que convenciera a la comunidad internacional. Y en agosto de 2010 se firmó con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el acuerdo para crear un fideicomiso y receptar aportes.

La negociación evidenció discrepancias entre el equipo promotor y el mandatario.

Correa cuestionó los términos para firmar el acuerdo y, en enero de ese año, lanzó una arremetida: “saben qué señores (en alusión a los posibles integrantes de la fiducia), vayan a mandar a su casa, cambien su donación en centavitos y pónganse en las orejas (...) quédense con su plata, con sus millones, y en junio empezamos a explotar el ITT, aquí no vamos a claudicar nuestra soberanía”. La amenaza motivó la renuncia de al menos tres funcionarios responsables de la iniciativa.

Defensores de la propuesta, como Alberto Acosta, advirtieron en su momento que expresiones como estas daban señales contradictorias a la comunidad internacional. El ex ministro del régimen consideró que el promotor más importante del proyecto era Correa, pero a la vez su “principal amenaza”.

Otros como el colectivo Amazonía por la Vida, que agrupa a varias ONG e impulsó desde 1989 una campaña para conservar el Yasuní, consideraron que la amenaza fue el plan B.

Sobre él hubo varias alertas. Ejemplos: 18 de marzo de 2007, Petroecuador firma con sus pares de China, Brasil y Chile un memorándum de entendimiento para “el desarrollo y producción” de los campos ITT. 10 de junio de 2008, el ministro de Minas, Galo Chiriboga, plantea a Petroecuador la necesidad de quitar la última T al ‘ITT’ y así explotar el Tiputini. 14 de septiembre de 2008, Chiriboga ofrece en la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que si hasta enero de 2009 no se conseguían los fondos se explotaría el crudo. Marzo de 2011, el ministerio de Recursos Naturales y la Subsecretaría de Hidrocarburos exponen ante inversores en la conferencia regional de la Asociación regional de empresas del sector petrolero, gas, biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe un plan para perforar catorce pozos del bloque 43, dentro del PNY.

Amazonía por la Vida advirtió en una carta pública al mandatario, el 17 de junio, que “estos anuncios han servido como preparación para el sacrificio futuro que siempre es más fácil que el sacrificio inmediato: una licencia de dudosa legalidad (la del bloque 31); después una carretera dentro del PNY; la instalación de tuberías; un corredor petrolero hacia los campos ITT (entregado a Petrooriental); dejar todo listo, para hacer más rápido y menos visible el arranque de la explotación”.

Correa anunció este jueves el fin de la iniciativa ecológica y alegó que “el mundo es una gran hipocresía, pues la lógica que prevalece no es la de la justicia, sino la del poder” y que el país necesitaba ingresos para combatir la pobreza.