Santiago. Seis países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, irrumpen con nueva fuerza en la escena minera de la región, hasta ahora acaparada por productores de minerales importantes como Chile, México y Perú.

El proyecto cuprífero Mirador, que impulsa desde 2012 la firma china Ecuacorriente, fue el primer contrato de exploración a gran escala en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa anunció "una nueva era" para el país en el campo de la explotación minera.

Parte de estos esfuerzos explican la aprobación en junio último de la Asamblea Legislativa de las reformas a la ley de minería de Ecuador, que mantiene el pago del impuesto a los ingresos extraordinarios por altos precios de los metales una vez recuperada la totalidad de la inversión del concesionario. Además, establece el pago de una regalía máxima del 8% para las exportaciones de oro, plata y cobre, mientras las medianas empresas pagarían 4% y las pequeñas 3%.

La nueva ley agiliza la obtención de permisos ambientales y licencias de operación, al tiempo que fija drásticas sanciones para la minería ilegal y establece un mayor control ambiental.

En igual sentido, Panamá desarrolla uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, medido por sus costos de capital y recursos.

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Cobre Panamá posibilitaría subir 27% las reservas probadas y probables de ese mineral en unas 11,9 millones de toneladas. Según los estudios, el contenido estimado de oro también aumentó 41% para 7,3 millones de onzas. El capital comprometido se eleva a casi US$6.180 millones, la mayor inversión privada en ese país.

El proyecto se puso en marcha en el primer trimestre de este año y está a cargo de la compañía First Quantum, la cual tomó el control de la canadiense Inmet, que lo había iniciado. Se prevé que la mina a tajo abierto entre en operación comercial en 2016 con una producción estimada en 266.000 toneladas anuales de cobre, y como subproductos: 87.000 onzas de oro, 1,5 millones de onzas de plata y 2.900 toneladas de molibdeno por año, según los datos de esa empresa. 

Cobre Panamá incluye tres yacimientos, que serán explotados mediante la conformación de tres tajos a cielo abierto.

Se prevé que el proyecto convierta a Panamá en un importante exportador de cobre.

En República Dominicana, se ubica el yacimiento de oro de Pueblo Viejo, a unos 100 kilómetros de la capital Santo Domingo, bajo la administración y operación de Barrick Pueblo Viejo, subsidiaria de la canadiense Barrick Gold. En 2006, ese consorcio minero adquirió los activos de Placer Dome en todo el mundo, que incluían los derechos mineros de Pueblo Viejo.

La inversión requerida para la construcción de este depósito llega a los US$3.800 millones. Se estima que las cifras probables de la producción media anual de oro serían del orden de 625.000 a 675.000 onzas, con un costo total en su primer quinquenio de operación de US$300-US$350 por onza. El 60% corresponde a la participación de Barrick.

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En Nicaragua, en los últimos años, las ventas de oro al exterior sólo son superadas en monto por las de café.

Para el 2015, se calcula que la minería aurífera podría convertirse en el rubro número uno de las exportaciones del país. De acuerdo con balances oficiales, en 2009, la producción en onzas de oro y plata pasó de US$83.200 a US$186.910 en 2011.

Guatemala también está apostando al desarrollo de la minería, pero los empresarios el sector han reaccionado con preocupación a la resistencia de las comunidades indígenas y el retraso en la aprobación de los permisos y las reformas a la Ley de Minería.

Aún así, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina comenzó a otorgar licencias mineras en los departamentos de Alta Verapaz, El Progreso, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Quiché y Santa Rosa.

Destaca entre los proyectos la mina de plata Escobal, de la compañía minera Tahoe Resources, cuyo capital asciende a US$327 millones.

De igual forma, Honduras aprobó a principios de este año la nueva Ley de Minería, que especifica que en el caso de los minerales metálicos, la concesión tendrá una duración máxima de cinco años.

La normativa establece además que "la autoridad minera en ningún caso otorgará la concesión de explotación o de beneficio en tanto el concesionario no acredite la correspondiente licencia ambiental, la que será emitida por la autoridad correspondiente".