Montevideo. El Parlamento de Uruguay convirtió en ley esta semana un proyecto que habilita la megaminería y fija impuestos de hasta 50% a las ganancias de los emprendimientos.

La nueva normativa fue celebrada por el presidente José Mujica y resistida por la oposición y grupos ecologistas que temen que la actividad minera perjudique al medio ambiente.

Más allá de su carácter general, la aprobación de la norma se aceleró por la inversión de la minera internacional Zamin Ferrous que busca extraer grandes yacimientos de hierro a cielo abierto en el centro del país.

Para el ministro de Minería, Roberto Kreimerman, este marco jurídico "abre la posibilidad de desarrollar algunos emprendimientos mineros y esto implica concretar la diversificación de la matriz productiva del país".

"Pasaremos a tener una riqueza adicional, pero muy cuidada a través de esta ley que tiene como fin un desarrollo armonioso del sector", dijo satisfecho el miércoles al comentar la votación.

La Ley. El texto prevé impuestos sobre los emprendimientos que facturen más de US$100 millones que dejarán al Estado cerca del 50% de sus ganancias, adicionales al canon y tributos que ya regían.

También incluye un fondo soberano que administrará las ganancias para las próximas generaciones y que se inspira en el modelo noruego sobre el petróleo.

Promueve, además, la generación de cadenas de valor y un fuerte eje de sustentabilidad ambiental.

El impuesto a las ganancias puede llegar al 60% en caso que suban los precios internacionales.

Kreimerman había aclarado tiempo atrás que "Uruguay no va a ser un país minero sino un país con minería" porque "por el mapa geológico, es un país que puede tener tres, cuatro o a lo sumo cinco exploraciones de este tipo". No obstante, puntualizó que pueden ser "una fuente de riqueza importante".

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De acuerdo con estimaciones de Aratirí, la filial local de Zamin Ferrous, el subsuelo uruguayo tiene yacimientos de hierro de 2.500 millones de toneladas que podrían colocar al país como el octavo productor mundial del mineral.

La proyectada inversión de US$3.000 millones -la mayor de un privado en el país- había quedado en suspenso ante la discusión de la ley. La producción alcanzaría a 18 millones de toneladas anuales en cinco minas a cielo abierto que ocuparían 500 hectáreas cerca de la localidad de Valentines, en el límite entre los departamentos de Florida y Treinta y Tres (centro).

Además, requeriría de un mineroducto de 212 kilómetros y un puerto propio en las costas del oceáno Atlántico.

Las exportaciones de hierro del país ascenderían a US$900 millones anuales y dejarían divisas al Estado por al menos 500 millones.

El emprendimiento, que ya ha realizado exploraciones, ha recibido fuertes críticas de productores rurales y de ambientalistas por su impacto en la actividad agropecuaria, motor de la economía local.

Rechazo. En Diputados, los dos principales partidos opositores, el Nacional (PN) y el Colorado (PC), rechazaron el martes la iniciativa al entender que no ofrece garantías al medio ambiente como hicieron antes en el Senado.

"No estamos en contra de la minería de gran porte, estamos en contra de la ley. Estamos hablando de sacar del subsuelo y dejar el pozo, no hay recuperación", dijo el legislador del PC, Walter Verri.

Ejemplificó que el plan de cierre de Aratirí "no es adecuado" porque implica "llenar los pozos con agua de lluvia y eso va a llevar unos 70 años, según surge de la versión taquigráfica".

Además, recordó que una comisión multipartidaria que abordó el tema minero había acordado que no se brindarán beneficios fiscales a las empresas del sector.

Con esta ley el Estado renuncia a cobrar entre US$700 y US$1.000 millones de impuestos, estimó el legislador.

En tanto, el diputado del PN, Alvaro Delgado, dijo que "no hay una solución del canon que nos satisfaga" y "no se incluyeron los incentivos a través de deducciones para que se pueda agregar valor en Uruguay de lo que se extrae de la minería".

Desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) se anuncia una campaña de recolección de firmas para derogar algunos artículos de la norma.

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Julio Gómez, vocero del Movus, indicó que "tiene muchos vicios jurídicos y por eso haremos campaña para derogar artículos referidos a la extensión que pueden tener las empresas mineras", en declaraciones al diario local El País.

Los productores rurales afirman que los campos que opere Aratirí quedarán inutilizados por 80 años, a la vez que le preocupan el ruido y el polvo que generen las explosiones de las minas.

Zamin Ferrous explota actualmente minas de hierro en Amapá y Bahía en Brasil.

Progreso. El presidente Mujica dijo el miércoles que "Uruguay no se puede dar el lujo de renunciar a este proyecto" porque para progresar debe apostar a "lo que permita multiplicar el ingreso del país."

"Todo el mundo quiere más plata en este país, todos los gremios reclaman más y hay una pirámide de reclamos sociales justos, quiere decir que el país debe inventar más medios", enfatizó.

Mujica destacó que ley establece una "situación muy digna" que es obligar a una garantía inicial "para que una vez terminado se reconstruya el terreno, se tape el pozo y eso está garantizado antes de empezar a agujerear".

Subrayó que los salarios en esa región se incrementarán por la competencia generada, ya que quienes trabajen en la minería tendrán un salario sensiblemente mayor a los de la producción ganadera.

"Si Uruguay quiere progresar debe continuar sembrando trigo, plantando soja, haciendo ganadería, explotando la mina, plantando árboles, todo lo que permita multiplicar el ingreso del país", dijo.

Ahora se abre una etapa de negociación de un contrato con Aratirí. En opinión de Kreimerman, ese acuerdo "estará basado en lo que dice la ley, que indica que debe haber garantías, elementos de programación de cuánto se extrae en un programa de largo plazo".

Mujica anticipó la semana pasada que "el primer cargamento de fierro lo podemos tener en septiembre u octubre".