Es el último gran proyecto que el ministerio de Economía de Uruguay (MEF) pretende aprobar durante este período de gobierno y ya está prácticamente listo: el que promoverá la bancarización de los sectores con menores ingresos. Los técnicos de la Asesoría Macroeconómica ya tienen prácticamente cerrado el proyecto de ley de inclusión financiera. La iniciativa incluye varias novedades, según adelantó a El Observador el asesor del MEF, Martín Vallcorba. “La redacción del proyecto está bastante avanzada. Solamente restan pequeños ajustes legales que se están haciendo con escribanos y abogados”, indicó el funcionario. Si bien habían trascendido algunos puntos centrales de la iniciativa como el pago obligatorio de suelos y jubilaciones, contendrá otra novedad como la obligatoriedad de que todas las operaciones superiores a unos US$15 mil deban realizarse a través de transacciones electrónicas bancarizadas. Aquí estarán incluidas las compras de vehículos –en particular 0 km– y la venta de inmuebles, dijo Vallcorba. También se dispondrá la reducción de costos en las transacciones bancarias y se fomentará el ahorro de los jóvenes para la compra de vivienda. El proyecto quedará redactado en las primeras semanas de agosto. Economía quiere que a más tardar en septiembre ingrese a estudio de las comisiones parlamentaria para que sea aprobado antes de fin de año.

Compra de vehículos nuevos solo por banco. La bancarización irá más allá del pago de salarios por medios electrónicos. Con el proyecto de ley todos los nuevos contratos de alquiler deberán asociarse a una cuenta bancaria en la que se realizarán los pagos de los arrendamientos. “Estamos trabajando en los aspectos de implementación para que esto no genere inconveniente en las parte operativa”, acotó Vallcorba. Por otro lado, impulsada por una motivación diferente para atender el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, todas las compraventas que superen los US$15 mil deberán canalizarse “únicamente” por medios de pago electrónicos, aunque aún no está cerrado si será este el tope. Las compras de vehículos y de inmuebles estarán amparadas en este régimen. Según Vallcorba en el caso de los automóviles estará dirigida básicamente a atender las adquisiciones de vehículos 0 km.

Reducirán los costos de transacciones bancarias. Hoy en día el pago electrónico entre dos usuarios que operan con instituciones bancarias distintas es difícil, costosa y en algunos casos no puede realizarse. Por ese motivo, el proyecto de ley de bancarización de Economía pretende “acabar con un funcionamiento patológico del mercado. Vamos a atacarlo de forma radical”, afirmó el asesor del MEF. La nueva normativa obligará a los bancos a prestar este servicio entre todas las instituciones bancarias y, además, a un “precio razonable”. “En ningún caso, cualquier transferencia interbancaria no podrá tener un costo mayor al que tiene hoy emitir un cheque para el cliente”, aseguró Vallcorba. Agregó que hoy los bancos “no tienen ningún fundamento” para cobrarle más a una persona por una transferencia interbancaria que por emitir un cheque. Los bancos de plaza cobran hoy por otorgar una libreta de 25 cheques entre US$20 y US$30.

Incentivo para ahorro en vivienda para jóvenes. De todas las medidas contenidas en el plan de bancarización, el único capítulo que tendrá un “costo fiscal acotado” para el Estado será el capítulo destinado a medidas para el “fomento del ahorro para la adquisición de inmuebles de los jóvenes”, reveló Vallcorba. Se trata de la iniciativa que está “más verde” y los técnicos trabajan en los “ajustes” a esos incentivos junto al ministerio de Vivienda. “Estamos manejando un concepto amplio de acceso a la vivienda que tiene que ver desde el alquiler y los mecanismos de ahorro para que particularmente los jóvenes accedan a la vivienda”, acotó el funcionario. Con este apartado, el gobierno pretende “reforzar” el compromiso para facilitar el acceso a la vivienda propia. Aún no está cuantificado cuál será el costo fiscal de esa medida, pero “no será dramático”, aseguró Vallcorba.

Clearing positivo y microcréditos sin IVA. El proyecto del MEF también incluye un apartado para la “transformación” del Clearing de Informes, una entidad que Vallcorba definió como “buró del crédito”. En este caso, el objetivo es que esa institución no solo releven información negativa de los deudores. “La idea es que sea una institución que aporte datos positivos y negativos como en cualquier parte del mundo”, resumió el funcionario. Esto ayudará a mejorar los “antecedentes” crediticios de la persona para acceder al financiamiento. En tanto, para unificar el criterio que regula la exoneración del IVA sobre los intereses de los microcréditos –que hoy solo alcanza a los bancos–, otras instituciones podrán acceder a este beneficio siempre y cuando sean entidades reguladas por el BCU. “Esto pretende igualar la cancha en términos de competencia para que no exista tratamiento diferencial con las entidades no bancarias que otorgan microcrédito”, explicó Vallcorba. Por otro lado, la norma que redacta Economía pretende darle más garantías a los usuarios de débitos en cuentas bancarias. Por ejemplo, ofrecer más facilidades para dar de baja a los débitos automáticos acordados y también algún mecanismo que contemple posibles errores que se dan con los cobros.

Tarjetas prepagas y “billetera electrónica”. Para que no sea obligatorio que todos los usuarios deban abrir una cuenta en un banco para cobrar sueldos y pasividades, el MEF ofrecerá un plan B. En este caso, se creará la figura del “dinero electrónico” una herramienta utilizada en países como Perú y Colombia. El mecanismo permite la instrumentación de “billeteras electrónicas” y “tarjetas prepagas” que tendrían las mismas funciones que una tarjeta de débito. Es decir, se podrá retirar dinero o efectuar compras. El usuario podrá escoger por estas opciones con la condición de que sean emitidas por instituciones reguladas por el BCU. Bajo esta nueva figura podrían operar redes de pagos, cooperativas de ahorro y crédito, entre otros. En todos los casos, tendrán prohibido utilizar los fondos de las tarjetas prepagas para otras operaciones financieras (ahorro, crédito), ya que deberán tener “encajados” el 100% del dinero depositado en una cuenta de un banco comercial.

Pago de jubilaciones, sueldos y prestaciones. El proyecto de ley que está terminando de ajustar el ministerio de Economía (MEF) obligará a todas las empresas a pagar el salario de sus trabajadores por medios electrónicos. También las nuevas jubilaciones que se vayan aprobando y el pago de prestaciones como seguro por enfermedad, de desempleo y asignaciones familiares, entre otras. “Los bancos van a tener que competir ofreciendo, ya no beneficios a las empresas, sino mejores servicios a los propios trabajadores”, explicó Vallcorba. El MEF piensa instrumentar el pago de sueldos en forma obligatoria en un período de seis meses a un año. La idea es incorporar trabajadores al sistema en función del tamaño de las empresas. En primer lugar se comenzará por las firmas más grandes. De todas formas, se contemplará aquellos casos donde trabajadores y empleadores se nieguen a utilizar medios electrónicos de pago. En este caso, habrá una “ventana más amplia de plazo” donde si ambas partes están de acuerdo puedan mantener los esquemas de pago vigentes, explicó el funcionario del MEF.