El gobierno uruguayo proyecta recaudar algo más de US$16 millones con la tasa “preventivo-sanitaria” que cobrará a las bebidas alcohólicas y que deberá pagar la población, según cálculos realizados por la Junta Nacional de Drogas (JND). El secretario general de ese organismo, Julio Calzada, dijo a El Observador que con ese dinero se financiarán actividades preventivas, la fiscalización a la que serán sometidos los lugares de expendio, se creará la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas, se pagarán políticas comunicacionales para advertir de los riesgos de abusar del consumo, y se financiará el tratamiento a los alcohólicos.

De acuerdo a datos que maneja el Poder Ejecutivo, una clara mayoría del 80% respalda al proyecto, incluida las propuestas de subir el precio y la de prohibir el consumo en la vía pública.

Respecto a la nueva tasa, 58% de la población la apoya y cree la medida será efectiva, mientras que 14% opinó que no servirá para nada, según datos a los que accedió El Observador.

El proyecto de ley remitido al Parlamento, estableció una tasa, de diferentes porcentajes, que se sumará a lo que hoy pagan las bebidas por concepto del Impuesto Específico Interno (Imesi). Con ese esquema, según cálculos oficiales, la cerveza, pagará US$7 millones anuales por los 106 millones de litros que vende actualmente. El vino, que coloca 78 millones de botellas en el mercado, pagará US$3 millones al año, y las bebidas destiladas, que se consumen 7 millones de litros al año incluidos los whiskies, pagarán US$6 millones.

Con la tasa propuesta por el Poder Ejecutivo, el vermouth, los vinos finos, licorosos, espumantes especiales y champagne, pagarán 4,95% más.

Las empresas fabricantes y los productores en el caso de los vinos, analizaron el proyecto y según supo El Observador, presentaron algunos reparos.

Los empresarios esperan ser recibidos por el Parlamento cuando se trate el proyecto en comisión. Según un estudio del sector de bebidas destiladas, de modificarse el proyecto y cobrarse según los niveles de alcohol puro de las bebidas y considerando las ventas actuales, el vino pasará a pagar más que las cervezas y el whisky.

Para las autoridades, una de las preocupaciones centrales es la baja edad de inicio en el alcohol ubicada en 12,8 años que determina que 20% de los niños probaron alcohol antes de entrar al liceo. También preocupa la expansión del consumo en los jóvenes de 13 a 18 años, y los abusos donde los estudios muestran un deterioro. Así, por ejemplo en el año 2006, se registraba un caso de ingesta abusiva cada cuatro estudiantes de 14 a 17 años y en 2011, es un caso de abuso cada tres estudiantes. Esos abusos se dieron en los últimos 15 días, según los informes de la JND. Si se ve por el lado positivo, dijo Calzada, “la mayoría de los jóvenes no tuvo episodios de intoxicación o ingesta abusiva, sin embargo el problema está en el otro tercio de la muchachada”. “Hay una banalización del uso del alcohol por parte de los jóvenes”, explicó Calzada.

Las autoridades entienden que aumentar los precios, como está previsto en el proyecto, no modificará el mercado, es decir, que se mantendrán los actuales niveles de consumo, aunque la intención es que con el tiempo vaya bajando. “Lo que más nos preocupa son los patrones de consumo, el abuso, la edad de inicio y el alcoholismo. Este proyecto no es contra nadie, no es contra la industria, ni contra el comercio, es a favor de la salud de la población”, afirmó el titular de la JND.

El proyecto para regular el mercado de las bebidas alcohólicas, fijó límites para la publicidad que no podrá emitirse en horario de protección al menor, prohibirá los happy hours y los concursos basados en tomar. Tampoco habrá canilla libre, ni dos por uno, ni se podrá tomar en la vía pública, salvo excepciones. Otras restricciones es que los deliveries no podrán llevar alcohol después de las 22 horas. Por otro lado, se elimina a la embriaguez como atenuante de un delito y se venderán licencias a los comercios, distribuidores y salones de fiesta o de eventos, lo que impactará en los alquileres de los lugares para casamientos o cumpleaños de 15.

Actualmente, en Uruguay existe un negocio de expendio de bebidas alcohólicas cada 94 habitantes, cuando en Chile la proporción es de un comercio cada 700 habitantes.

En la Junta Nacional de Drogas, prevén que las licencias, así como separar en los supermercados la ubicación de las alcohólicas de los refrescos, ayudarán a controlar “la disponibilidad” del producto. “Si aumenta la percepción de riesgo, y se trabaja sobre la disponibilidad, habrá menos casos problemáticos de consumo”, afirmó Calzada, basándose en estudios realizados en EE.UU.

El jerarca mantuvo reuniones con los propietarios de comercios y grandes superficies para explicar detalles del proyecto y buscar apoyos. “La idea es que el vaya por carne y refrescos, compre eso y no pase sin necesidad por todas las góndolas de bebidas alcohólicas”, afirmó.

Suba de precios no afectará el consumo. Con la tasa propuesta por el Poder Ejecutivo para regular el consumo de bebidas alcohólicas, el vermouth, los vinos finos, licorosos, espumantes especiales y champagne, pagarán 4,95% más. Los alcoholes potables, incluso vínicos que se utilicen para vinos comunes de hasta 12º, para uso galénico, opoterápico, los usados para la fabricación de especialidades farmacéuticas, los desnaturalizados para la fabricación de perfumes y artículos de tocador, subirán 1,24%. Las bebidas destiladas como el whisky, la caña y la grapa, se recargarán con 9,15% más. Las cervezas, que es la bebida alcohólica más consumida, aumentará 3,63% y las sidras y otros vinos, subirán 2,80%. En la Junta Nacional de Drogas están convencidos que el aumento propuesto no impactará en el consumo.
El proyecto de ley establece sanciones a los comercios, que van desde apercibimientos, multas de hsta 200 Unidades Reajustables, incautaciones de bebidas, suspensión de las licencias y la clausura de un establecimiento. Cuando el infractor sea un menor, los responsables serán sus padres o tutores. Algunas sanciones remiten al Codigo Penal, que establece un régimen de medidas educativas y preventivas, multas o prisión equivalente.