Un informe jurídico de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) consideró “una sanción benévola” “por la cantidad de incumplimiento constatados” suspender por 60 días a la empresa Air Class como lo recomendó la Junta de Infracciones.

Ese organismo analizó una serie de denuncias de irregularidades y el estado de los aviones de Air Class, previas al accidente del 6 de junio de 2012, cuando una aeronave de esa empresa cayó al Río de la Plata, cerca de la isla de Flores falleciendo sus dos pilotos: Walter Rigo y Martín Riva, cuyos cuerpos nunca aparecieron.

Ese informe jurídico de la Dinacia, también determinó que la empresa Air Class “ocultó situaciones o hechos trascendentes de las aeronaves especialmente en el área de mantenimiento”, que debían estar en conocimiento de la autoridad aeronáutica. “El fin parece tener un contenido económico de demorar el mantenimiento, lo mismo que ocultar horas de vuelo”, expresa.

La Junta de Infracciones concluyó que la empresa Air Class cometió irregularidades por la que recomendó una suspensión de la compañía de dos meses, multar a ex y a actuales aviadores de la empresa, mecánicos, gerente de mantenimiento, al responsable de ingeniería y planificación, al jefe de los pilotos y a un taller. Por otro lado, se inició una investigación administrativa a dos inspectores de la Dinacia, según lo informó Subrayado el miércoles.

De acuerdo al reporte de la Junta de Infracciones se comprobó que los pilotos no escribían en el registro las fallas de los vuelos, la empresa no informó cuando se apagó el motor de un avión, cuando hubo fallas de un generador, ni cuando en pleno vuelo se encendió la luz de baja presión de aceite en un motor que obligó a un aterrizaje de emergencia en Paysandú.

También se constató que no se registraron 50 vuelos entre el 25 de octubre de 2009 y el 15 de setiembre de 2011. La Junta comprobó que Air Class utilizó mecánicos extranjeros, paraguayos, no autorizados por la Dinacia; y que llevaba un listado paralelo al Registro Técnico de Vuelo de anotación de las fallas por control de mantenimiento. 

El informe de la Junta de Infracciones será recibido por la jueza penal Beatriz Larrieu que investiga el accidente del avión que fue encontrado cuando intervino el buzo Héctor Bado.

Buena parte de la aeronave permanece bajo agua y aún está vigente una zona de restricción para la navegación. La magistrada espera las conclusiones finales del informe de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea, cuyo resultado preliminar confirmó falta de mantenimiento del avión de Air Class pero no determinó las causas del siniestro.

Familiares de los pilotos fallecidos habían expresado sus dudas sobre la imparcialidad de la investigación de la Fuerza Aérea respecto a los propietarios de Air Class, que son expilotos militares formados en esa arma. También destacaron que el gerente de Air Class –sobre quien la Junta de Infracciones no recomendó sanciones- fue hasta poco tiempo director de una de las dependencias de la Dinacia, organismo que autoriza a las compañías a volar.

El abogado de Air Class, Florencio Macedo, señaló que “lo primero que hay que dejar claro es que el informe de la Junta de Infracciones no tiene nada que ver con el accidente del 6 de junio”. 

La investigación de la Junta refiere a “supuestas irregularidades administrativas surgidas de denuncias de expilotos de la compañía”.

Señaló que se agregarán pruebas sobre esas irregularidades “que no son tales” y en caso de serlo, consideró que aplicar una suspensión de vuelo de 60 días “implica prácticamente cerrar la empresa”. 

Para Macedo, los aviones de Air Class tienen los mantenimientos al día, no hay peligro para la aeronavegación y reconoció que no se asentaban las fallas, hecho que los investigadores vinculan a la seguridad. 

El abogado Macedo entiende que el accidente donde perdieron la vida dos pilotos, no ocurrió por problemas de mantenimiento sino por un error de los aviadores.

Una opinión diametralmente opuesta tiene el abogado Martín Thomasset representante de la familia del aviador fallecido Walter Rigo. Para Thomasset el informe de la Junta de Infracciones es contundente respecto a “las graves irregularidades de Air Class que comprometen la seguridad aeronáutica”, irregularidades, dijo, que tenían como finalidad “el enriquecimiento de la compañía”. 

Consideró asimismo que “ante el accidente, con una tragedia humana, la empresa con el afán de eludir responsabilidades echa la culpa a los pilotos ensuciándolos frente a la opinión pública tratando de descalificar sus condiciones técnicas”, dijo Thomasset.