El gobierno dejará correr el tiempo y que se acorten los plazos que se autoimpuso Argentina para ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya a denunciar la autorización que otorgó el presidente José Mujica a UPM, para aumentar la producción anual de celulosa en 100 mil toneladas. El gobierno no ve mayores chances de negociar, mantiene el permiso a UPM y el presidente dejó en claro que no acepta ningún ultimátum.

Desde Buenos Aires, el canciller Héctor Timerman dijo el miércoles que le daba “un par de días” al gobierno uruguayo para que desista de la autorización dada a la pastera. Sin embargo, la administración Mujica no contestará esa intimación, según aseguraron a El Observador fuentes de gobierno que manejan asuntos de relaciones exteriores.

En el Poder Ejecutivo existe un convencimiento total de que si Argentina presenta el caso en La Haya, perderá. Incluso, abogados especializados en derecho internacional, como Hebert Arbuet y Edison González Lapeyre, consultados por El Observador, aseguran que Uruguay tiene todas las de ganar en la corte internacional.

“Argentina le solicita formalmente al gobierno uruguayo que retrotraiga la decisión (de aumentar la producción de UPM) y que continuemos en la mesa de diálogo”, dijo Timerman al manejar una serie de datos ambientales con los que pretende demostrar que UPM contamina el río Uruguay. También dijo: “Le mandamos dos mensajes a Uruguay. Este es el tercero. Voy a esperar un par de días”.

El presidente José Mujica fue consultado ayer sobre esa expresión de Timerman: “¿Ultimátum? El único que da un ultimátum es Dios”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, Timerman este jueves emitió un comunicado en el que señala que lo suyo no fue un ultimátum. “Es una provocación inventada por medios afines a UPM”, señala.

Este comunicado y los dichos de Timerman del día anterior, alimentan una lectura que hacen en el gobierno uruguayo: Argentina no se quiere presentar ante la corte y está buscando la forma de zafar de la situación.

Mientras tanto, Uruguay asegura que tiene un caso “sólido” para defenderse si se recurre aLa Haya.

Otro elemento que alimenta esa lectura de que realmente Argentina no quiere llegar a la corte son las idas y venidas respecto al rol del Congreso de ese país en la decisión.

El martes, el oficialismo argentino, a través del Frente para la Victoria, presentó una moción en el Senado para “repudiar” la decisión de Mujica y de esa forma promover que el Poder Ejecutivo se presente en La Haya. Sin embargo, esa moción, que fue tratada en comisión, cuando iba a ser votada en el plenario, fue retirada.

El gobierno dejará pasar los dos días –el plazo impuesto por Argentina vence hoy de noche–manteniendo su estrategia de “silencio”. “La idea es que los hechos hablen por sí solos”, dijo una fuente. En el Poder Ejecutivo no está en consideración que Mujica revea su autorización a UPM, una “decisión consolidada sobre la que no hay vuelta atrás”.

Lo ambiental. En tanto, Jorge Rucks, director nacional de Medio Ambiente, reiteró que UPM “no contamina”. En el programa Código país de canal 12, Rucks expresó el miércoles que “el medioambiente tiene la capacidad de digerir los efluentes que se vuelcan (al río Uruguay), que están absolutamente dentro de la norma nacional”.

El jerarca comentó que los datos que maneja Argentina no coinciden con los de Uruguay, que están “certificados por laboratorios internacionales”. El científico uruguayo Oscar Ventura, asesor del senador Pedro Bordaberry, coincidió con Rucks en que UPM no contamina y dijo que los 40 parámetros que se controlan están por debajo de los límites permitidos.

En canal 12, el exvicecanciller Roberto Conde aseguró que a medida que pasa el tiempo va quedando claro que “Argentina está adoptando una actitud de bloqueo a la publicación de los datos”.

Reconoció que eso no lo podía decir mientras estaba en la cancillería. Por ahora no está prevista ninguna reunión para destrabar esta situación.

El camino que tomó Argentina conduce a La Haya. Uruguay apuesta a que ganará ese juicio cuyo fallo puede demorar entre dos y tres años.