El canciller uruguayo, Luis Almagro, respondió a Argentina por medio de un comunicado en el que señaló que Uruguay ha cumplido “en todo momento con sus obligaciones internacionales” y que entregó a Argentina tres informes en los que aportó “una base documental más que razonable para que el Estado argentino pueda evaluar los probables efectos del proyecto”.

No obstante, Argentina continuó realizando “sucesivos pedidos de información cuyo efecto no fue otro que el de obstaculizar el transcurso de los plazos previstos en las mencionadas normas”, dijo Almagro.

Los documentos brindados a Argentina "satisfacen claramente el requerimiento de proporcionar información sobre 'los aspectos esenciales de la obra', y el criterio de 'la información más amplia posible'", al que refiere la sentencia de La Haya. Sin embargo, el jerarca asegura que la postura de la delegación argentina de la CARU, "prejuzgaba", "anticipaba su rechazo y vaciaba de utilidad el posterior intercambio informativo", para lograr una negociación.

"Para Uruguay no es aceptable que, mediante esta práctica, el derecho a la información con el que cuentan las partes (...) se vea transformado en un derecho de veto implícito sobre los proyectos que se llevan a cabo en el territorio de la otra parte. Ello constituiría una flagrante violación de lo establecido en los párrafos 153 a 155 de la Sentencia de la Corte Internacional" emitida en 2010, agrega el canciller.

Además, explica que la sentencia de La Haya "consagra en forma expresa que, luego de haberse recurrido al mecanismo de consulta (...) y aún en el caso de subsistir entre las partes opiniones discrepantes, el país que proyecta puede autorizar dicho proyecto bajo su responsabilidad".

Por su parte, en la nota el canciller reitera la posición uruguaya con respecto a la situación de la pastera, y resalta de forma "enfática que los resultados de los análisis del monitoreo conjunto, que son los mismos con los que cuentan ambos países, demuestran sin ambigüedades que la Planta Orión de UPM no contamina".

Asimismo recordó que, cuando la pastera solicitó un aumento de la producción, la Dinama emitió un informe en el que concluía lo siguiente: “No se prevé que existan impactos negativos residuales de significación en caso que se acceda a lo solicitado por la empresa, en lo que refiere a permitir una producción anual de 1.300.000 ton de ADT/año y con un límite máximo que no exceda el 5%, de mantenerse vigentes las condiciones ya impuestas por las autorizaciones ambientales previamente otorgadas y se instrumenten las medidas de mitigación planteadas por la empresa”.

Por último, el canciller agrega que "Uruguay no ha roto unilateralmente el diálogo", y expresó la disposición de “continuar las negociaciones para alcanzar un nuevo marco normativo en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que satisfaga el interés común de preservar la calidad ambiental del Río Uruguay”.