Santiago, Xinhua. El senado chileno rechazó una ley de resguardo del orden público impulsada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, al considerar que vulnera el derecho de manifestarse, en una negativa legislativa que propinó una nueva derrota a la gestión del mandatario de derecha.

Por 12 votos a favor y 16 en contra el senado chileno rechazó la propuesta, que deberá pasar a una comisión mixta con la cámara de diputados.

Hace un mes, los diputados aprobaron en lo general la Ley de Fortalecimiento del Resguardo del Orden Público, pero rechazaron todos los artículos, en una decisión polémica que fue vista como una burla al gobierno.

La iniciativa, conocida como "Ley Hinzpeter" por el ex ministro del Interior que la presentó, Rodrigo Hinzpeter, es clave para el gobierno que pretende controlar la violencia en manifestaciones callejeras en Chile, que se han sucedido desde 2011.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló su molestia por el resultado legislativo, y calificó la negativa de "incomprensible", al tiempo que acusó a la oposición de bloqueo cada vez que se vota contra las manifestaciones violentas.

Pero los académicos y juristas que acudieron al congreso para expresar su opinión criticaron el proyecto de ley con el argumento de que los delitos que se pretende sancionar ya figuran en la ley, y porque en el fondo se convierte en un instrumento de castigo de las manifestaciones y del derecho a protestar.

La ley trata de sancionar el bloqueo de caminos o puentes, así como impedir que los manifestantes protesten con el rostro cubierto.

El congreso suma una serie de rechazos a iniciativas que han tratado de sancionar las protestas, entre ellas un proyecto que sancionaba los insultos a la policía, dejando al criterio de los oficiales la calificación de "insulto", lo que fue visto como un camino al abuso contra las personas.

Desde que iniciaron las manifestaciones estudiantiles en 2011, comenzó un período de movilización en todo el país, donde diferentes sectores de la sociedad reclaman por demandas insatisfechas.

El gobierno de Piñera ha tendido a ver las protestas como un problema de orden público, utilizando a la policía uniformada -carabineros-, para contener las manifestaciones antes que privilegiar la negociación y los acuerdos políticos.