El anuncio presidencial de las medidas para prevenir la corrupción y los conflictos de interés fue medianamente conocido (40%). En general, la opinión pública nacional duda que esas acciones vayan a servir.
Ciudad de México, Excelsior.com.mx. Como suele ocurrir en torno a medidas contra la corrupción, la población se muestra escéptica de que las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto vayan a servir para prevenir ese mal. Frente a la investigación ordenada por el Presidente sobre las denuncias de presuntos conflictos de interés en la compra de casas de él, su esposa y el secretario de Hacienda, se piensa que debería ser otra institución y no la Secretaría de la Función Pública la que las realice, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.
El anuncio presidencial de las medidas para prevenir la corrupción y los conflictos de interés fue medianamente conocido (40%). En general, la opinión pública nacional duda que esas acciones vayan a servir. Ocho de cada 10 manifiestan poca o nula seguridad de que cumplan ese cometido la declaración anual de posibles conflictos de interés, las reglas de integridad para ampliar los códigos de ética de los servidores públicos, los mecanismos para un contacto claro y justo entre particulares y funcionarios responsables de contrataciones, licencias y concesiones.
De igual manera siete de cada 10 están poco o nada seguros de que para evitar la corrupción sean útiles la ventanilla única para trámites de obras y servicios del gobierno y la ampliación de la lista de proveedores sancionados por el gobierno.
Para la población, el anuncio presidencial busca salir al paso de escándalos (72%) más que alcanzar una mayor transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, existe inclinación a afirmar que actualmente el combate contra los actos de corrupción de políticos e influyentes es mayor que en el gobierno de Felipe Calderón (41%).
Mayoritariamente se sabe de la petición del Presidente para que la Secretaría de la Función Pública investigue si hubo conflicto de interés en la compra de su casa en Ixtapan de la Sal y en la de su esposa (enterados, 66%). También la mitad sabe del requerimiento presidencial de investigación en el caso de la casa del secretario de Hacienda en Malinalco (enterados, 51%).
Se coincide con la idea de que la compra de las casas fue en condiciones ventajosas a cambio del otorgamiento de futuros contratos de obra (dos tercios así lo piensan). Para la opinión pública, no debería ser la Función Pública, sino otra institución la encargada de llevar la investigación (61%). Se menciona principalmente que debería ser un organismo ajeno al gobierno. Se tienen dudas de que la Función Pública vaya a exhibir al Presidente o al secretario de Hacienda si encontrara que hubo conflicto de interés (76%).
La población tiene escaso conocimiento sobre la labor de la Secretaría de la Función Pública. La mayoría no sabe a qué se dedica (62%). Cuando a la gente se le mencionan sus principales atribuciones, la opinión sobre su actuación es negativa (mal/pésima, 61%). Aunque se cree que el mecanismo como se asignan los contratos, concesiones, licencias y permisos de obras y servicios está sujeto a lo marcado por legislación específica (64%), se piensa que en la práctica el otorgamiento de contratos es discrecional (concursos arreglados y asignación directa sin concurso).
Se tiende a creer que el método más usual es el de simular concursos en los que al final los funcionarios responsables escogen a la empresa que quieren que gane (39%).
