El Poder Ejecutivo uruguayo se sumó a los operadores privados en la preocupación por el impacto que puede traer aparejado sobre los precios de los inmuebles la renovación del preacuerdo salarial por tres años que alcanzaron el pasado martes el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) y las principales cámaras empresariales del sector.

Los privados ya habían advertido que la vivienda de interés social iba a ser uno de los sectores donde más iba a pegar el convenio –que fija ajustes por encima de los lineamientos oficiales– debido a que el peso de la mano de obra se sitúa entre el 40% y 50% del costo de construcción.

Según supo El Observador, tanto el ministerio de Economía como el de Trabajo comparten la inquietud sobre este tema y están analizando cuidadosamente las consecuencias de dar su aval a un acuerdo que supera las expectativas de aumento que había trazado el gobierno en esta ronda de los Consejos de Salarios.

Para el primer año, el preacuerdo estable un incremento real del 4%, que luego se reduce a 3% para los próximos dos. Precisamente, el Ejecutivo había fijado un techo de crecimiento del poder adquisitivo de 3% anual, asumiendo que el desempeño del sector y de la economía sea bueno.

Fuentes de Economía comentaron que este es uno de los “riesgos” que puede afrontar la política de vivienda del gobierno a futuro. “Todo lo que presione la industria de costos y mano de obra sin aumento de productividad, nos complica porque atenta contra la rentabilidad de las empresas y luego repercute en los precios finales”, alertaron. 

En ese sentido, entienden que una alza de los costos que afecte el beneficio del promotor inmobiliario “compite” con el subsidio que destina el gobierno a través de exoneraciones impositivas para incentivar la construcción de inmuebles para la clase media.

De aquí que ajustes de salarios por encima de los lineamientos sugeridos pueden “pegar” en el acceso a la vivienda, estiman desde Economía. En el ministerio de Trabajo también reconocieron que es un tema que “preocupa”, y analizan si se puede realizar “alguna sugerencia” sobre la propuesta negociada entre trabajadores y empresarios. No obstante, una fuente admitió que dado el contexto del mercado de trabajo en Uruguay y de la construcción en particular, no es “sencilla” la tarea de corregir lo que se acordó entre las partes.

Cuello de botella. Para la fuente del ministerio de Trabajo, en el caso de la construcción claramente hay un fenómeno de oferta y demanda que incide más sobre el nivel de salarios que que lo que efectivamente se negocia en los convenios.

La construcción duplicó en los últimos años el promedio de ocupación en Uruguay, que rondaba los 35.000 trabajadores. Hoy el sector tiene a 69.639 cotizantes registrados ante el BPS . “No es un elemento que uno pueda ignorar en la negociación. Cuando tenés un mercado demandante y obras en marcha, evidentemente tu poder de negociación aumenta”, explicó el informante.

Agregó que Uruguay enfrenta un “cuello de botella” en este sector porque los escenarios que manejan los expertos privados prevén altos niveles de actividad. “Esta realidad también impacta en los recursos que el gobierno asignó en el Presupuesto quinquenal para la ejecución de obras públicas como la construcción de escuelas”, reconoció.

Sin sorpresas en topes para vivienda social. Una fuente del ministerio de Economía aseguraron que los cambios en la ley de vivienda de interés social que trascendieron públicamente “serán de poca relevancia” y “no podrán en riesgo el éxito” logrado por esa herramienta, a través de la cual ya se aprobaron más de 5.000 soluciones habitacionales. 

“Los ajustes a la normativa eran algo que estaba previsto y no quitará atractivo para los privados”, afirmó. Respecto a la idea de instrumentar topes en algunas zonas de Montevideo como manejó el asesor del ministerio de Vivienda, Leonadro Falkin, respondió que “la aplicación de esta medida no pondrá en riesgo el instrumento. Vamos a actuar sin sorpresas”.

La hipótesis más probable –aún a estudio de los ministerios de Economía y Vivienda– es que los topes de precios se apliquen en barrios donde hoy no existen topes, y solo para algunas unidades en determinadas iniciativas privadas.