Montevideo, EFE. Al resurgimiento de las diferencias entre Uruguay y Argentina por una planta de celulosa en la frontera común se acaba de sumar una restricción comercial argentina que pone en riesgo el impulso portuario uruguayo y complica aún más la siempre tortuosa relación bilateral.

El pasado lunes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe anunciaba en un informe una desaceleración de la actividad de los puertos latinoamericanos, por la pérdida de dinamismo de las exportaciones y las perspectivas de un menor crecimiento de la economía mundial.

En un estudio que lamentaba la tímida subida promedio del 2% en las operaciones de las terminales de la región durante la primera mitad del año, sobresalía el empuje del Puerto de Montevideo, a la cabeza entre los más grandes con un alza del 28% en ese semestre respecto al mismo período del año anterior.

Las expectativas generadas por esos resultados podrían, no obstante, verse ensombrecidas con una resolución dictada la semana pasada por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables argentina que repercute en el ámbito del Mercosur, el bloque comercial formado por esos dos países, Brasil, Paraguay y Venezuela.

La resolución prohíbe que las cargas de exportación con origen en puertos argentinos sean transbordadas en países que no "mantengan vigentes acuerdos de transporte marítimo de cargas", categoría que por el momento solo incluye a Brasil.

El Centro de Navegación del Uruguay (Cennave), que aglutina a 73 empresas de transporte marítimo del país, calificó de "grave" e "irracional" la restricción, que podría afectar a al menos el 25% del tráfico de mercancías en el Puerto de Montevideo y causar pérdidas por 100 millones de dólares al año.

Actualmente Uruguay recibe muchos buques de mediano porte procedentes de distintos puntos de Argentina en el puerto montevideano y el contenido de esas naves es descargado allí para ser luego embarcado de nuevo en otras más grandes que lo exportan a la región y otras partes del globo.

Por su lado, el presidente uruguayo, José Mujica, ironizó sobre el hecho de que el vecino país haya tomado la resolución justo después de que su Gobierno autorizara el aumento de producción de la polémica planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM (ex Botnia), ubicada a orillas del río Uruguay, frontera natural con Argentina.

La fábrica papelera causó en la segunda mitad de la década pasada el mayor conflicto diplomático en mucho tiempo entre ambos países, con un corte de la frontera por parte de manifestantes argentinos y la intervención del Tribunal de Justicia de La Haya.

Tres días después, Mujica iba a un poco más lejos al señalar que las medidas unilaterales argentinas "perjudican la integración y hacen añicos el Mercosur".

El mandatario reconoció que su país "tiene mucho para perder" con políticas de confrontación porque es "pequeño" aunque también advirtió de las consecuencias para Argentina con el argumento de que "la política de confrontación va a herir a la región".

Según el Cennave, unos 200.000 contenedores van a dejar de circular cada año por esa terminal debido a la restricción argentina, que también ha sido criticada en el país donde fue dictada.

Pero las criticas a la medida llegan también de la otra orilla del Río de La Plata, donde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) ha solicitado al Gobierno de la presidenta Cristina Fernández que se retracte de una medida que considera "inconveniente" y tomada "de manera aislada e intempestiva".

Además, hace dos días varios juristas argentinos opinaron en el diario La Nación que se trata de una violación del Tratado de Asunción, el acta constitutiva del Mercosur.

El especialista en derecho mercantil y aduanero Alejandro Perotti indicó que "la norma no se sustenta en el Tratado de Asunción sobre la libre circulación de las mercaderías, ni el tratado de Montevideo sobre la libre prestación de servicios portuarios y logísticos".

De nuevo en Montevideo, el exministro de Exteriores de Uruguay Didier Opertti instó al Gobierno de su país a que pida una reunión del Consejo Mercado Común del Mercosur, que integran los ministros de Economía y Relaciones Exteriores de los países socios, o recurra directamente al Tribunal Permanente de Revisión o a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El ministro de Industria uruguayo, Roberto Kreimerman, consideró por su parte que "algunos sectores están muy afectados y las exportaciones a Argentina han venido bajando progresivamente", por lo que, según el portal UNoticias, dio a entender que Mujica y su gabinete debería analizar recurrir a los tribunales del Mercosur.

Consultado sobre esa opción, su colega de Exteriores, Luis Almagro, aclaró el martes que el Gobierno "no descarta ninguno de los mecanismos" de negociación, pero precisó que "la institucionalidad bilateral siempre ha sido bastante más rápida a la hora de resolver estos asuntos".