Ciudad de México, Excelsior.com.mx. A petición del PAN y del PRD, la reforma política que procesa el Senado incluirá la regulación de las encuestadoras, para evitar que sus estudios estadísticos se utilicen de manera dolosa a fin de aparentar posiciones de popularidad alejadas de la realidad, así como para sancionar a quienes los alteran para mostrar falsas expectativas electorales.

Excélsior tuvo acceso a uno de los documentos que trabaja el Senado sobre el cual se diseña la regulación de las encuestadoras, en el cual se establece que las encuestas son utilizadas para influir en la opinión de los posibles electores a fin de que voten por algún candidato, más que informar con objetividad.

La transparencia es uno de los principios que se buscan conservar con la regulación de las encuestas, a partir de obligar a la publicación del nombre del candidato, partido político, agrupación política, organización social o medio de comunicación que encargó su realización y pagó por esos estudios, con el objetivo de que el elector sepa que de origen puede haber un sesgo.

Los senadores analizan que para ser autorizadas, las encuestadoras deberán informar a la autoridad nacional electoral del nombre de quien la haya pagado o donado; la identificación de las empresas o las personas que la hayan realizado; el nombre de quien haya pagado su difusión en algún medio de comunicación; los datos técnicos sobre su levantamiento, como la población, la zona geográfica y la metodología utilizadas; las preguntas exactas que se utilizaron para levantar la muestra y el margen de error.

También la explicación de que los resultados que se hacen públicos son producto de estimaciones estadísticas o de un análisis político que rebasa los datos técnicos.

De igual forma, será necesario que los responsables de realizar la encuesta informen a la autoridad nacional electoral si son o fueron militantes de algún partido político; si pertenecen a alguna agrupación que tenga filia partidista; si trabajan o han trabajado de manera cercana con algún partido o con algún candidato.

También analizan, de acuerdo con el documento, es que las encuestadoras estarán obligadas a tener estándares internacionales, certificados por su calidad, en la investigación de mercados.

Además, la consideración de que será valorada como una violación a las leyes electorales la difusión de encuestas con datos falsos o sin sustento en mediciones precisas, amén de castigar hasta con tres años de cárcel a quien difunda los resultados en el periodo de los comicios, es decir, que incumplan con la prohibición expresa de la propia legislación.