Las reglas que se establezcan deberán ser respetadas por grandes empresas de internet, como Google, Facebook, Twitter, Microsoft y Apple, que almacenan y administran informaciones de los usuarios.

El ministerio de Justicia de Brasil abrió el debate púlbico sobre la reglamentación del Marco Civil de Internet y el anteproyecto de ley sobre protección y uso de datos personales.

Al lanzar la consulta pública, el ministro José Eduardo Cardozo destacó que será la primera vez en el país que un decreto presidencial será formulado a partir de contribuciones de la población, tal como había ocurrido con la elaboración del Marco Civil antes de ser tratado por el Congreso.

"El Marco Civil de Internet no fue instituido por una mano imperial. La mano democrática de una sociedad viva es que creó el Marco Civil", subrayó.

Los ciudadanos tendrán 30 días para realizar sus contribuciones en portales creados específicamente creados con esa finalidad, y también a través de los tradicionales canales en red del ministerio.

El año pasado, Congreso brasileño aprobó y la presidenta Dilma Rousseff sancionó el Marco Civil de Internet que establece principios, garantías, derechos y deberes para el uso de la red de computadoras en el país.

A pesar de que ley está en vigencia, algunos puntos precisan ser reglamentados, aunque el debate no tendrá un texto de base.

Entre esos puntos están las excepciones a la neutralidad de la red, la guarda de registros de conexión (responsabilidad de las operadoras) y registros de aplicaciones, privacidad en la red, y otros temas posibles de reglamentación.

A su vez, el anteproyecto sobre protección de datos personales tiene el objetivo de dar a los ciudadanos control sobre cómo sus informaciones personales son utilizadas por organizaciones, empresas o el gobierno.

Las reglas deberán ser respetadas por grandes empresas de internet, como Google, Facebook, Twitter, Microsoft y Apple, que almacenan y administran informaciones de los usuarios.

Deben ser definidos principios y derechos como finalidad específica para el uso de esos datos, transparencia que garantice conocimiento al ciudadano sobre cómo son utilizados y responsabilidad civil, con eventuales reparaciones a los usuarios.