El Ejecutivo pide a gritos al Congreso guatemalteco que ratifique un préstamo de US$237 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para inversión. Sin embargo, todavía posee recursos sin ejecutar de préstamos anteriores.

Hay 14 proyectos que caminan lentamente, para los cuales el BID ya ha prestado US$357,6 millones, dijeron diputados al matutino guatemalteco El Periódico.

El financiamiento va destinado a áreas como educación, salud, agua y saneamiento, energía, justicia, competitividad y fortalecimiento fiscal.

Emmanuel Seidner, diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), dijo que los recursos mencionados fueron aprobados hace varios años.

Por ejemplo, US$71,6 millones destinados a programas de agua y saneamiento que deben implementar el Instituto de Fomento Municipal, el Fondo Nacional para la Paz y la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán.

Por otro lado, en el rubro de educación se destinaron US$95,6 millones para mejorar la infraestructura escolar y equiparar los establecimientos de preprimaria y primaria, así como materiales para estudiantes con necesidades especiales.

Carlos Mejía, diputado integrante de la Comisión de Educación del Congreso, relató que dicho proyecto atraviesa inconvenientes de ejecución, pues algunos de los establecimientos escolares se encuentran en propiedades donde el Estado no puede invertir, pues son de carácter privado o comunal.

Así han pasado cuatro años sin resolver esta dificultad, ya sea por negligencia de los funcionarios o por enredados trámites burocráticos, agrega Mejía.

Desde hace seis años están congelados otros US$30 millones en el rubro de justicia, que incluye la modernización de centros integrados, juzgados de Paz, comisarías y el fortalecimiento de la investigación criminal y de la defensa pública.

En dicho caso, el BID exige reformular los mecanismos de ejecución entre cinco instancias participantes.

En otro caso, la falta de autorización de derechos de vía se convierte en el obstáculo para la inversión de US$31,7 millones en la conexión de la energía eléctrica a las viviendas en municipios más pobres. La ejecución está a cargo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

Apenas se acaba de autorizar el desembolso de unos US$28,8 millones para el Ministerio de Economía y el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), con el fin de desarrollar al sector privado.

Juan Carlos Paiz, comisionado del Pronacom, explicó que luego de concluir los trámites y presentar el plan para iniciar los desembolsos a partir de octubre, se inició la ejecución del proyecto que busca la mejora del clima de negocios y el desarrollo territorial.

Según Seidner, se necesita fortalecer un gabinete de cooperación con la participación interinstitucional para mejorar la ejecución de los préstamos.