Guatemala. La Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y la Fiscalía presentaron el 10 de agosto una solicitud para desaforar a Jimmy Morales por la comisión de un posible delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en 2015. Ahora, el pleno de magistrados del Supremo conoció y dio trámite este miércoles a la petición de antejuicio, por lo que el expediente debe ser ahora remitido al Congreso, quien debe analizar y votar la solicitud.

De acuerdo con la investigación, Morales, en su calidad de secretario general del Partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibió en 2015 contribuciones de forma anómala y no las registró en los libros contables de la organización política, un caso por el que varios de los grandes empresarios del país admitieron su responsabilidad.

El dinero fue utilizado para pagar a los fiscales de mesa en la primera y segunda vuelta, después de que Morales asegurara durante la campaña que no quería recibir contribuciones privadas para distanciarse de los partidos tradicionales.

Pero además de esto, las autoridades encontraron ahora que se utilizó dinero que no se reportó al Tribunal Supremo Electoral para el pago de volantes y calendarios de bolsillo de FCN-Nación por medio de "financiamiento electoral ilícito".

"De acuerdo con la investigación preliminar de la Fiscalía contra Delitos Electorales, la suma de financiamiento anónimo asciende a más de US$1 millón no reportados al Tribunal Supremo Electoral", explicó la fiscal Porras.

Investigación sobre "Fundación G", en curso. También hay más de 350.000 quetzales (casi US$47.000) recibidos de la "Fundación G", del empresario ya implicado Salvador Paiz, y no declarados, que se utilizaron para "capacitar" a los entonces candidatos del partido, el ahora presidente Morales y el vicepresidente, Jafeth Cabrera.

"De acuerdo con la investigación preliminar de la Fiscalía contra Delitos Electorales, la suma de financiamiento anónimo asciende a un total de 7.920.375 quetzales (más de US$1 millón) no reportados al Tribunal Supremo Electoral", explicó la fiscal, María Consuelo Porras.

Esta solicitud de antejuicio, la tercera que se presenta contra el presidente por este delito, debe ser ahora conocida por el pleno, donde se debe conformar una comisión pesquisidora (integrada por cinco diputados elegidos al azar) que deberá rendir un informe en el que recomiende o no retirar la inmunidad.

Luego en el pleno debe lograr 105 de los 158 votos posibles tanto para poder iniciar una investigación contra el presidente como para desestimarla.

Sin embargo, es muy complicado que se le quite el fuero a Morales debido a las alianzas del oficialismo en el Parlamento y a que el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, -que también tiene una petición de desafuero por un caso de corrupción-, ya anunció este viernes que hará todo lo posible para "evitar" que otro "intento de golpe" contra Morales avance.

El pleno del Supremo también decidió dar trámite este miércoles a la solicitud de desafuero en contra de la diputada opositora y jefa de la bancada Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, por el mismo delito.

Pero el expediente de la parlamentaria, según la ley, sigue un camino distinto y ahora debe ser un juez el que realice el informe para recomendar o no que pueda ser investigada.