"En todo México hay un gran desconcierto e incertidumbre. Eso se siente particularmente aquí en Tijuana porque muchas familias tienen una relación cotidiana con Estados Unidos; van a trabajar allá y regresan en la tarde", afirma Rafael Alarcón, investigador del Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana.
El especialista en temas migratorios subraya que lo más grave de la crisis en la relación entre México y Estados Unidos provocada con la llegada de Trump a la Casa Blanca es la amenaza de deportación de más mexicanos. Alarcón recuerda un antecedente histórico: la crisis migratoria provocada por la gran depresión en Estados Unidos cuando fueron deportados medio millón de mexicanos.
"Deportaron a familias enteras, muchos nacidos en Estados Unidos de origen mexicano. Entonces hubo una ola de solidaridad en México para ayudar a los deportados", explica.
Pero la primera legislación moderna que permitió una deportación formal y masiva de migrantes fue la iniciada por Bill Clinton en 1996, según el experto. "Los demócratas no están libres de culpa, yo estimo que entre 1998 y 2014 Estados Unidos ha deportado a 3.5 millones de mexicanos". Barack Obama, llamado el deportador jefe por organizaciones de migrantes, deportó a unos 400.000 migrantes al año, un 75% de origen mexicano.
Alarcón advierte que ni el gobierno, ni la sociedad mexicana se han dado cuenta de la gran tragedia que ha venido sucediendo respecto a la deportación masiva, que por cierto, incluye también a residentes permanentes legales. "A los únicos a los que no se les puede deportar es a los ciudadanos naturalizados".
Caos en los tribunales. Donald Trump prometió deportar, inmediatamente después de tomar posesión como presidente, el 20 de enero, hasta a 3 millones de indocumentados con antecedentes penales, pero sólo unos 820.000 de los poco más de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos tienen un antecedente penal, según el Migration Policy Institute. Entre la lluvia de órdenes ejecutivas firmadas por Trump desde su llegada a la Casa Blanca, figura una que castiga a las llamadas ciudades "santuario", que protegen a indocumentados, con la negación de fondos federales.
"Sus recientes órdenes ejecutivas han provocado pánico entre la población hispana, pero también caos y confusión en el mismo gobierno", dice por su parte el abogado Daniel Castañeda, del bufete Rudolf Baker and Associates, de San Diego, especializado en derecho migratorio. "Por lo que nos hemos enterado, éstas órdenes ejecutivas se impusieron sin notificar a las entidades del gobierno. La gente está preocupada, nuestros clientes que tienen procesos en curso, están muy inquietos, hay mucha confusión", dice Castañeda.
El gobierno mexicano anunció hace unos días que destinará US$47,8 millones a los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos para reforzar la protección de los inmigrantes frente a las políticas anunciadas por Trump. Castañeda destaca que hasta el momento el consulado general de México en San Diego no ha informado nada. "Sería algo positivo porque en el ámbito migratorio el gobierno estadounidense no está en la obligación de otorgar un abogado al afectado, por lo que es muy buena idea que los consulados mexicanos en Estados Unidos ofrezcan asistencia legal".
Castañeda destaca que es difícil que tenga lugar una deportación masiva como temen muchos. "Nosotros como abogados tenemos un gran interés en saber cómo se van a efectuar este tipo de órdenes, porque hay un proceso y un orden establecido que se tiene que seguir. El aparato judicial tiene mucha fuerza y puede detener las deportaciones, aunque tengan detrás una orden ejecutiva". Castañeda destaca que "una orden ejecutiva no tiene rienda suelta y puede ser vetada por los jueces federales y estatales".
