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Cuando la pandemia llega a Utopía: el experimento de renta básica universal en Maricá

En este país, “nadie tiene que angustiarse por su sustento, ni aguantar las lamentaciones y cuitas de la mujer, ni afligirse por la pobreza del hijo o la dote de la hija”, describe a Utopía Tomás Moro, considerado como el primer postulante de la distribución incondicional de una renta básica a todos los ciudadanos. ¿Qué acontece cuando una pandemia golpea este país imaginario, al obligar a sus ciudadanos a encerrarse en sus casas, concatenando la caída de mercados globales y el crecimiento exponencial de la tasa de desempleo? Tal vez Maricá, la ciudad de 161.000 habitantes de Río de Janeiro, Brasil, pueda ser el epílogo escrito 500 años después.
Martes, 23/06/2020 Sol Park

El Carnaval 2020 de la ciudad costeña de Río de Janeiro, Maricá, culminó en el último día de febrero. 600.000 turistas participaron durante las tres semanas de fiestas, casi cuadruplicando la totalidad de sus habitantes. Los hoteles estaban llenos y las esculturas de arena eran el lugar favorito para las selfies. Por primera vez en 10 años se celebraba el desfile de samba en la ciudad.

Dos meses después, los carteles de la municipalidad que recomiendan el uso del preservativo y los anuncios de descuento en las botillerías son las pocas evidencias que quedan del carnaval. Las playas están vacías. Solo pasean por ellas profesionales de la Guardia Municipal y bomberos que fiscalizan aglomeraciones, y no hay rastros de brillantinas o plumas desprendidas de los trajes de los bailarines de samba, ni turistas que buscan un restaurante en las orillas del mar.

Habría sido un día normal, como el resto del año en Maricá, pero no lo es. Son las 11 de la mañana y, pese que es un día laboral, Charmainne Cardinne se levantó recién. Normalmente, saldría a buscar trabajo en el barrio alto, Itaipuaçu, donde trabajó hasta febrero como asesora de hogar. Pero, hoy, como los 161.000 habitantes de Maricá y de todo el mundo, Cardinne está obligada a quedarse en su casa para resguardarse de la pandemia del COVID-19.

Para el cierre de esta edición, Maricá lleva 171 casos confirmados y 21 fallecidos por el virus. Cardinne está desempleada ya hace tres meses, pero no puede arriesgarse a salir, porque se está recuperando de una neumonía y cuidando a su hijo con tuberculosis.

Lo más lejos que puede ir es justo afuera de su casa, donde tiene una silla de plástico blanca al lado del portón. Allí está sentada, fumando un cigarrillo, mientras sonríe a la cámara del celular en la videollamada de Facebook: “Estamos bien, gracias a Dios”. 

No es un positivismo brasileño, tampoco la personalidad carioca, sino algo más concreto. Cardinne, junto a otros 42.000 habitantes de la ciudad, es beneficiaria de $ 130 mumbucas mensuales (la moneda local, equivalente a R$ 130 o US$ 22) del programa municipal de Renda Básica de la Ciudadanía (RBC).

Ingreso básico universal, renta mínima garantizada, renta básica incondicional o ingreso ciudadano. El programa público tiene diversos nombres y formas, pero finalmente el concepto es el mismo: la entrega incondicional y directa de parte del gobierno de una renta a todos los ciudadanos de una determinada localidad, idealmente un monto que permita a los beneficiarios cubrir sus gastos básicos. Todavía no hay ningún país que aplique esta política económica en su totalidad, pero el mayor experimento del mundo está en Rio de Janeiro. Maricá entrega mensualmente la RBC a sus ciudadanos con mayores necesidades, incluyendo a los inmigrantes que residen hace más de tres años, con la única condición de estar inscrito en el Cadastro Único (registro federal de familias en situación de pobreza y extrema pobreza). El beneficio, además, es entregado en mumbucas para que el dinero no sea filtrado a otras regiones.

Charmainne muestra su Cartão Mumbuca, una tarjeta roja con la que puede desde pagar sus impuestos hasta comprar en farmacias, supermercados y ferias libres. “Puedo comprar todas las cosas que necesito, como frutas, verduras y remedios para mi hijo y además pagar las cuentas”, dice. “Conozco a mamás solteras, que tienen tres o cuatro hijos y que no veían luz al final del túnel, y este complemento a la renta ayudó mucho”, agrega.

Spotlight

“Desde la última vez que conversamos, hemos visto un súbito en interés en entregar efectivo directamente a las personas”, dice Steve Nuñez, el investigador líder de renta básica garantizada de Jain Family Institute (JFI) de Estados Unidos. Hace algunas semanas, el economista conversó con AméricaEconomía desde sus oficinas en Nueva York, y tras el avance del COVID-19 a nivel global dice estar recibiendo en los últimos días, desde su casa, un sinfín de llamadas de políticos y directores de organizaciones filantrópicas consultándole por la RBC.

El interés por la renta básica universal es una historia con altos y bajos. Antes del inicio de la pandemia, surgió una ola de iniciativas de innovadores de Silicon Valley, con el objetivo de enfrentar las consecuencias de la automatización, como la pérdida de empleo. Este argumento fue abanderado por el excandidato presidencial estadounidense, el demócrata Andrew Yang, que propuso entregar US$ 1.000 mensuales a cada ciudadano del país.

“Antes trabajábamos bajo un supuesto de que una renta básica no sería políticamente factible en varios años, pero actualmente nos preguntan cómo implementarla inmediatamente, lo cual nos ha sorprendido”, dice Nuñez. “Tal vez Yang estaba en lo cierto, pero equivocado en la razón: no es por la automatización, sino que el Estado necesita un sistema de seguridad social que garantice la asistencia en épocas de crisis como estas”, agrega.

En Brasil, 160 organizaciones y movimientos ciudadanos crearon la campaña “La Renta Básica que Queremos”, la Folha de São Paulo publicó un editorial defendiendo una renta básica mientras dure la pandemia y hasta el expresidente del Banco Central de Brasil, el economista conservador Arminio Fraga, sugirió la medida para lidiar con los efectos de una “crisis que solo acontece una vez cada 100 años”.

La situación no es distinta fuera de Brasil. En Argentina, 9 millones de personas recibirán un apoyo único de ARS$ 3.000 (US$ 44), Colombia anunció un ingreso básico de COP$ 160.000 (US$ 41) a 3 millones de familias, Bolivia creó el Bono Familia y Bono Universal Seguro, que transferirá 500 Bs (US$ 72) a familias por cada hijo en edad escolar y a los adultos actualmente desempleados, y el Perú ha desplegado un paquete de bonos, el último de los cuales es el Bono Familiar Universal, de S/ 760 (alrededor de US$ 220) y llegará a 6,8 millones de peruanos que no perciben ingresos debido a la cuarentena. Fuera de América Latina, países como Hong Kong, Italia, Australia, Turquía e Irán también han creado programas de transferencia directa (única o por mientras dure la crisis).

Pero el principal obstáculo para implementar este tipo de políticas no es la disponibilidad del dinero o voluntad política, sino la infraestructura para entregar el beneficio a gran escala. “No solo el JFI, sino que todos los que estábamos investigado la RBC, asumíamos la disponibilidad de un sistema establecido, pero en esta oportunidad descubrimos que no existe la arquitectura ni la infraestructura”, dice Steve Nuñez. “Es decir, el sistema para responder a una crisis es el mismo para garantizar una renta básica. Dicho de otra forma, la infraestructura que Maricá estaba usando para distribuir la RBC también pudo ser aprovechada para enfrentar esta crisis muy eficientemente”, aclara.

El 16 de marzo, dos semanas antes de detectar el primer caso de COVID-19 en la ciudad, la municipalidad de Maricá declaró el Estado de Calamidad Pública y anunció un paquete social de R$ 80 millones (US$ 13,8 millones). Esto significó que los beneficiarios de la RBC han visto sus ingresos incrementados de $ 130 a $ 300 mumbucas (US$ 51) y han recibido un anticipo del bono navideño de $ 130 mumbucas. Además, 26.500 trabajadores autónomos e informales se inscribieron al denominado Programa de Amparo al Trabajador (PAT), que entrega un salario mínimo de R$ 1.045 (US$ 180) durante tres meses.

“Es una gran ayuda”, dice Cardinne, quien recibió el beneficio adicional en su Cartão Mumbuca. “Puedo hacer mis compras online en las tiendas que hacen entregas y además pagar mis cuentas atrasadas”, agrega. “Estamos muy impresionados por la reacción de Maricá, que creo que es la más rápida y ambiciosa del mundo. Está claro que las decisiones pasadas de la ciudad están dando frutos ahora”, concuerda Paul Katz, vicepresidente de proyectos especiales del JFI.

Además de la transferencia directa de dinero, la municipalidad inició en marzo la distribución de 24.400 canastas básicas de alimentación y sanitización para cada alumno de la Red Pública de Enseñanza de la ciudad, creó una línea de crédito de R$ 20 millones (US$3.430.000) con tipo de interés inicial cero, y pospuso, sin interés y hasta que la situación sea normalizada, la cobranza del impuesto anual de valor fijo a los comerciantes y del impuesto predial y territorial urbano a los ciudadanos mayores de 60 años.

Economía solidaria

A 20 minutos de la casa de Charmainne Cardinne, ubicada en el barrio Araçatiba, está el lago Maricá, que fue el núcleo de la principal actividad económica de la ciudad hace 30 años. Los ciudadanos se dedicaban a la pesca y agricultura, hasta que la aglomeración de nuevos habitantes y la falta de infraestructura sanitaria la volvió inservible. Actualmente, los maricaenses se dedican al turismo y servicios y Maricá es el municipio con mayor crecimiento en el PIB entre 2016 y 2019 con relación al PIB de Brasil, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Tiene un PIB per cápita de R$ 74.760 (US$ 12.870), mientras que São Gonçalo, una ciudad también de Río de Janeiro cercana a Maricá, con una población de 100.000 personas, y que también se sustenta a base del turismo y servicio, tiene un PIB per cápita de R$ 16.400 (US$ 2.820).

¿Cuál es el secreto? Maricá es el mayor beneficiario de los royalties petroleros de Brasil, que distribuye un porcentaje de las ganancias de la estatal Petrobras dependiendo de la porción de área presal que las ciudades prestan. Así, Maricá fue receptor de R$ 4,8 billones (US$ 826 millones) en los últimos cinco años y solo en 2019 recibió más de R$ 1,6 billones
(US$ 275 millones), que han sido destinados al presupuesto municipal y a un fondo soberano de inversiones.

Con estos abultados ingresos, la ciudad optó por impulsar la Economía Solidaria. Según la Secretaría de Economía Solidaria, es una política y actividad económica que busca englobar a todos los sectores económicos, desde el individuo informal hasta las organizaciones económicas mayores y organizarlos bajo una forma de cooperación y autogestión centrada en la valorización del humano y no en el capital.

De esta forma, la RBC es solo uno de los proyectos de economía solidaria de la ciudad, donde las líneas de autobuses gratuitos se apodan “vermelinhos” y en cuyas calles hay diversas referencias a políticos de izquierda. Los ciudadanos tienen acceso a la educación básica y media gratuita, y pueden postular a un “pasaporte universitario”, que financia a candidatos de estudios universitarios y de posgrado. Al mismo tiempo, se ha impulsado la creación de huertas comunitarias a través de reformas agrarias, expropiando latifundios improductivos, distribuyéndolos al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de la zona, que también es aprovechado para entregar una educación de agricultura orgánica.

Por el otro lado, la municipalidad ofrece diversos servicios de salud de forma gratuita, y cuenta con centros especializados, como el que accede el hijo de Cardinne para tratar su tuberculosis, quien recibe también remedios sin costo. “El doctor Renã es muy atento, maravilloso y siempre está disponible en WhatsApp”, elogia Cardinne.

La ciudadana maricaense también recibió ayuda de asistentes sociales, arquitectos e ingenieros para mejorar su casa, arreglar la filtración de su techo y crear un plan para entregarle el título de propiedad del inmueble. Los que no fueron escogidos por este programa, “Mi casa, mi vida”, tienen acceso a créditos con interés cero entregados por el Banco Mumbuca, el banco comunitario de Maricá, para remodelar sus casas, pero también emprender.

“Se están abriendo nuevas tiendas y generando nuevos puestos de trabajo. Las personas están consiguiendo emprender, hasta aquellos que no reciben la RBC pueden contactarse con el banco para obtener un crédito y montar su propio negocio en su casa o en su localcito”, dice Natalia Sciammarella, directora del Banco Mumbuca.

Hasta el cierre de esta edición, en el banco local se han abierto más de 22.500 nuevas cuentas, 19.100 cuentas corrientes y 3.300 cuentas de comercio. Entre estas se cuentan a los grandes mercados, cafeterías, farmacias, comercios informales, agricultores y feriantes, contrastando con el resto del país donde, según el estudio de Instituto Locomotiva, 45 millones de brasileños – uno de cada tres – están desbancarizados. “Es una gran democratización del sistema”, dice Sciammarella. 

Un detalle que la directora resalta es que el 90% de las personas que su banco atiende son mujeres, la mayoría jefas de familias y emprendedoras que “buscan alternativas para salir de la pobreza, alimentarse bien y cuidar su familia. Es una realidad muy visible acá”.

La trampa de la pobreza

“Se promulgan penas terribles y horrendos suplicios contra los ladrones, cuando en realidad lo que debería hacerse es arbitrar medios de vida. ¿No sería mejor que nadie se viera en la necesidad de robar para no tener que sufrir después por ello la pena capital?”, preguntaba Rafael Hitlodeo al Cardenal Arzobispo de Canterbury, en una conversación descrita en el libro “Utopía”, de Tomás Moro.

500 años después, el concejal de São Paulo Eduardo Suplicy hace la misma pregunta: “Si queremos promover la realización de la justicia, ¿no será mucho mejor una RBC para la erradicación de la pobreza que facilitar el porte de armas como lo hace el presidente Bolsonaro?”

Suplicy, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), fue el mayor promotor de la RBC en Brasil desde los inicios de sus actividades políticas en los 70. Luego de cuatro proyectos para la implementación de la política, en enero de 2004, el expresidente Luiz “Lula” da Silva aprobó la Ley 10.835 que instituye la renta básica de la ciudadanía en el país. Y, aunque está pendiente su aplicación, actualmente, Brasil es el único país del mundo que garantiza por ley el derecho de una renta básica.

Según Suplicy, la razón de su abanderamiento es simple: cumplir con la Constitución. “El objetivo fundamental de la República Federativa de Brasil es erradicar la pobreza y las desigualdades personales y regionales, sin discriminación de cualquier especie”, explica. “Y considero que nada es mejor que la renta básica para alcanzar estos objetivos”, agrega.

¿Cómo la RBC soluciona la pobreza y mejor que otras políticas, como los subsidios condicionados? Según el presidente de la asociación Red Renta Básica, Daniel Raventós, existen tres principales factores. En primer lugar, es un mecanismo para evitar la “trampa de la pobreza”, en el que el beneficiario de un subsidio condicionado no acepta un trabajo por temor a dejar de recibir la asistencia y no poder recuperarla en una situación impredecible (como una pandemia mundial, por ejemplo).

Mientras que, en el caso de la RBC, los beneficiarios tendrían motivación de buscar empleo, ya que la renta incondicional es compatible con otras fuentes de ingreso. Al mismo tiempo, aunque la persona siga desempleada, “tiene el derecho de decir no a la única alternativa que surja frente a ella”, dice Suplicy. “Al no tener cómo alimentar a su familia, una mujer no tendrá que recurrir a la prostitución o un chico a una pandilla de narcotraficantes, como sabemos que acontece en Brasil”, argumenta.

Por el otro lado, los beneficiarios estarían liberados de la estigmatización y humillación que está asociado a la asistencia condicionada. Para ratificar que necesitan el apoyo, los candidatos deben comprobar la carencia de recursos, señalar que son pobres y arriesgar a ser asociados a los preconceptos relacionados, como ser vagos, marginales e inadaptados.

Finalmente, la RBC significaría la disminución del costo de administración. “La lógica del subsidio condicionado implica tener un ejército de controladores para fiscalizar quién merece o no recibirlo”, dice Raventós. “Durante la gran recesión, todos los programas estatales tenían sus propios requerimientos y con una enorme carga administrativa en términos de comprobar la documentación, pero también vimos que muchas personas, como los padres solteros, no estaban recibiendo la ayuda pese a que caían en la categoría”, concuerda Steve Nuñez.

La Secretaría de Economía Solidaria de Maricá opera con 50 empleados, quienes, además de realizar diferentes actividades, administran a los ciudadanos inscritos en el Cadastro Único. El listado es transferido al Banco Comunitario Mumbuca, encargado de repartir el beneficio de la RBC. El banco tiene solamente 18 empleados, distribuidos en cuatro agencias, y quienes reciben su sueldo también en mumbucas.

Este último factor es especialmente significativo para América Latina, ya que los ciudadanos de muchos países en desarrollo deben lidiar con la “corrupción administrativa, sobornos o tener su dinero o servicio retenido hasta terminar con todo el papeleo”, dice Nuñez.

Aunque los administradores públicos tengan las mejores disposiciones, en la región, más de 150 millones de personas trabajan en condiciones de informalidad, según la publicación de la Organización Internacional del Trabajo de 2019. “Esto significa que no tienen garantizada ninguna seguridad social y tampoco hay control por parte de agencias públicas sobre estas personas. Entonces, si uno quisiera dar un beneficio a los más pobres, hay un gran problema de baja información”, dice Fabio Waltenberg, el profesor asociado de la Universidad Federal Fluminense y la contraparte de JFI en Brasil. “Esta es otra razón por la que un beneficio universal es más eficiente, porque no tiene que crear todo un aparato de fiscalización, que siempre va a causar problemas”, agrega.

Preocupaciones

Una pregunta natural que surge de la implementación de la RBC es sobre sus consecuencias económicas, específicamente en la inflación. Maricá inyecta mensualmente R$ 6 millones (US$ 1 millón) en su economía y, “si no hay inflación en todos los precios, podría haber inflación en alimentos o en pequeños gastos de la población más pobre”, dijo Waltenberg antes del inicio de la pandemia.

En un mundo redefinido por el COVID-19, la economía tiene una lectura completamente distinta. Según Steve Nuñez, en una situación de crisis como esta, la deflación es la preocupación principal. Entonces, “si vemos que los precios son sostenidos o hasta aumentan en comparación a municipalidades similares, sería evidencia de que la RBC tiene un impacto positivo”, explica.

Otro cuestionamiento es qué tan sustentable es repartir dinero por un largo periodo de tiempo. La RBC de Maricá es financiada a través del presupuesto municipal, compuesto por un 70% de los ingresos del royalty del petróleo. “El desarrollo económico de la ciudad depende de la RBC, entonces es crucial que aprovechemos los buenos tiempos de ahora para estimular una generación de una economía local”, dijo Sciammarella a AméricaEconomía antes del desplome del commodity.

Los buenos tiempos ya pasaron, alertando a las autoridades de Río de Janeiro por las posibles consecuencias. El gobernador Wilson Witzel ha estimado que el estado puede perder R$ 15 billones (US$ 2,6 billones) en recaudación debido a la crisis, de los que por lo menos R$ 4 billones (US$ 688,4 millones) son provenientes de las pérdidas de los ingresos de royalties y participaciones especiales de petróleo.

Para colmo, la Corte Suprema Federal va a juzgar respecto a una distribución más igualitaria del petróleo en todo el país, y su fallo podría tener un fuerte impacto en las finanzas del estado de Río de Janeiro y, particularmente, Maricá. Y es que si la Corte falla en favor de las nuevas reglas de distribución el municipio perdería un 69% de sus ingresos en royalties y participación especial, según la Agencia Nacional del Petróleo. La primera sesión del juicio, agendada para el 29 de abril, sin embargo, fue aplazada por la presión del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel.

“Maricá no puede ser castigada por el hecho de tener la mayor parte del área presal de la Bahía de Santos en frente de su territorio, que expone a la ciudad a mayor grado de riesgo ambiental por la exploración petrolífera, y que es la justificativa legal para las proporciones de la transferencia de los recursos”, reclama el alcalde de Maricá, Fabiano Horta (del PT). “Es un impacto que inviabiliza todo el modelo, pero si la decisión es por una alteración, la ciudad va a rehacer todo su planeamiento dentro de los mismos principios de seriedad y sobriedad que son aplicados actualmente”, añade.

Un día normal

“Todo indica que voy a vivir para ver la renta básica implementada”, dijo el concejal Eduardo Suplicy a Folha de São Paulo en una entrevista sobre la crisis en Brasil causada por el COVID-19. Gracias a la presión ejercida por la campaña “A Renda Básica que Queremos”, durante tres meses (y con posibilidad de prorrogación de tres meses adicionales), más de 3,6 millones trabajadores informales serán receptores de R$ 600 (US$ 100) del programa Auxilio de Emergencia. Para el cierre de la edición, el país estaba aguardando la sanción o veto del presidente Bolsonaro sobre la extensión del programa a madres adolescentes y padres solteros (pese que anteriormente afirmó que la ampliación no está prevista).

“Cuando el presidente Bolsonaro recorta los recursos para la erradicación de la pobreza contradice su juramento para cumplir la Constitución y su propio programa de gobierno que, en el tema de Justicia Federal, prometió garantizar a todas las familias brasileñas una renta mínima”, dice Suplicy a AméricaEconomía. “Felizmente, Maricá va a ser un ejemplo muy fuerte para otros municipios”, agrega.

La ciudad está a un paso delante y, junto a su vecino Niterói (otro gran favorecido por el royalty del petróleo) creó un paquete de R$ 45 millones
(US$ 7,7 millones) para montar un hospital en São Gonçalo. Además, continúa con su plan de extender la RBC a todos maricaenses para 2022, hasta a sus más adinerados. “Llegar a esa altura significa que todos los que más lo necesitan ya habrán sido atendidos, que es un desafío todavía pendiente”, afirma Horta.

Una de esas personas es Charmainne Cardine, quien todavía está sentada fuera de su casa. Terminó su cigarrillo y ahora espera al funcionario del Centro de Referencia de Asistencia Social (CRAS) que vendrá a entregarle el kit de limpieza, que la ciudad empezó a distribuir a los inscritos desde abril. “Gracias a Dios están hablando también de una canasta básica de alimentos”, dice Cardinne. “Estamos aguardando”, agrega.

En realidad, como la mayoría de las personas, no tiene más opción que aguardar. A su lado están sus zapatillas aireándose y un balde con la ropa que usó para ir a la feria a comprar comida. Recuerda la primera vez que recibió su tarjeta, el 27 de diciembre del año pasado, cuando también fue al mercado. Irá de nuevo en dos semanas más.

Los dos grandes mitos de la renta básica universal

“¿Por qué medios se podrá conseguir la prosperidad común si todos se niegan a trabajar? Nadie tendrá un estímulo personal, y la confianza en que todos trabajan le hará perezoso”, pregunta Tomás Moro a Rafael Hitlodeo y este le responde: “Si hubieras estado en Utopía, como yo he estado…”. Todavía no hay ningún país que aplica la política de la renta básica universal en forma general y, cuando surgen propuestas para aplicarla, emergen las dudas, prejuicios y suposiciones de lo que podría pasar. Lamentablemente, Hitlodeo no está para aclarar las preocupaciones, pero los numerosos experimentos realizados pueden responder algunos de los mitos más populares.

LAS PERSONAS NO TRABAJARÁN

Según Daniel Raventós, de Red Renta Básica, exigir que las personas cumplan con estándares de pobreza para ser receptores de una subvención es lo que realmente impide a los beneficiarios salir a buscar trabajo. Este tipo de asistencia retiene a los beneficiarios en la “trampa de la pobreza”, ya que los receptores se ven entre la espada y la pared de la subvención y un trabajo precario.

De hecho, el informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2019”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), asegura que, pese a que el ingreso per cápita regional ha aumentado en un 50% desde la década de los 90, alrededor de 40% de los latinoamericanos forma parte de una clase media vulnerable y “se enfrenta a un círculo vicioso de empleos de mala calidad, escasa protección social y un ingreso volátil que los pone en riesgo de volver a caer en pobreza”.

Por el otro lado, el reciente ejercicio de renta básica en Finlandia entre 2017 y 2018 demostró que el grupo receptor del apoyo tuvo un desempeño un poco mejor respecto a la empleabilidad que el grupo de control. Además, los beneficiarios expresaron que han experimentado menos depresión, tristeza y soledad, como también una percepción más positiva sobre su bienestar económico, al sentirse con mayor protección financiera y con mayor confianza en su propio futuro. Puesto más simple por Raventós, el mito “no se condice muy bien con una realidad que conocemos porque hay gente que tiene mucho dinero y sigue queriendo ganar muchísimo más”.

LA ENTREGA DE RBC VA A AUMENTAR EL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DE BIENES NO ESENCIALES

Dejando de lado la mirada paternalista y prejuiciosa contra la pobreza que implica este mito, numerosos estudios concluyeron que es falso y, directamente, “a nadie le importa cómo los ricos se gastan su dinero. ¿Por qué el doble estándar para el pobre?”, se pregunta Raventós.

Según la investigación del Banco Mundial “Cash Transfers and Temptation Goods” (Transferencia monetaria y bienes de tentación) en la que se estudiaron 44 casos de países en vía de desarrollo de América Latina, África y Asia, en el 82% de los casos la transferencia directa de dinero disminuyó el consumo de alcohol y tabaco.

Uno de los ejemplos más representativos es el experimento en Kenya de la institución sin fines de lucro estadounidense GiveDirectly, que, desde 2011, comenzó a entregar aproximadamente US$ 22 mensualmente a todos los adultos de distintas aldeas del país. Las investigaciones concluyeron que no existe aumento en expensas en bienes de tentación, pero, por el contrario, sí hay mayor gasto en alimentación, salud y educación. Incluso, se concluyó que las familias receptoras del beneficio han aumentado en 58,3% en recursos como ganado, muebles y techos metálicos (en vez de techos de paja). Es más, según una investigación de economistas de Universidad de California Berkeley, Princeton y California San Diego, cada US$ 1 entregado a las comunidades, ha generado US$ 2,60 adicionales en la zona.