Guarenas. Desde que el presidente Nicolás Maduro fundó la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela hace dos años y medio, el escuadrón se ha ganado una reputación temible en los barrios pobres de Venezuela.
Oficiales de la fuerza han sido acusados de torturar y realizar ejecuciones sumarias por grupos de derechos humanos, políticos de oposición y ciudadanos comunes.
El pasado noviembre, Reuters publicó una investigación sobre 20 muertos atribuidos a la fuerza, conocida como FAES, en la que las versiones oficiales de tiroteos como actos de autodefensa se contradicen con la de testigos, evidencia en video, certificados de defunción, informes de autopsia y otra documentación. La fuerza se ha relacionado con cientos de muertes desde su creación en 2017.
Sin embargo, pese a su notoriedad, el grupo FAES es muy reservado y es conocido por sus máscaras y uniformes negros con insignias de calavera, pero sin llevar etiquetas con sus nombres. Los oficiales suelen permanecer en el anonimato incluso después de derramar sangre.
Ahora, un caso judicial que involucra a la fuerza FAES en la muerte de dos hombres el pasado marzo revela otro hecho poco conocido que Reuters es el primero en ofrecer de manera pública: algunos oficiales del escuadrón son criminales condenados.
Según cientos de documentos reservados presentados por los fiscales del caso, al menos dos oficiales procesados por participar en las muertes cumplieron penas de prisión antes de unirse al FAES.
Los documentos, que incluyen autopsias, informes balísticos, testimonios de oficiales y archivos de personal, muestran también que por lo menos tres miembros del mismo grupo, que no están siendo procesados por la mortal operación, tienen antecedentes penales.
Es ilegal y contrario a la política de la policía nacional la presencia de delincuentes en la FAES. Una ley de 2009 prohíbe a los venezolanos con condenas penales trabajar como agentes. Las normas del grupo y los documentos de reclutamiento, revisados por Reuters, dicen que los oficiales no deben tener antecedentes penales y sí tener "buen carácter moral".
José Domínguez, jefe nacional de la fuerza FAES, dijo a Reuters en un breve intercambio de mensajes de texto que los miembros de la fuerza pasan por "procesos selectivos" y "entrenamiento especial". No respondió a preguntas sobre los antecedentes penales de algunos policías del grupo FAES ni a una solicitud para discutir los hallazgos de Reuters en persona o por teléfono.
El Ministerio del Interior, que supervisa a la policía, y el Ministerio de Información, responsable de las comunicaciones gubernamentales, no devolvieron las llamadas y correos electrónicos de Reuters detallando sus hallazgos.
La presencia de convictos dentro de las filas de la FAES arroja nueva luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro, cuyo gobierno está asediado por el declive económico, el hambre, la inseguridad generalizada, las sanciones internacionales y el aislamiento.
Defendido por el presidente como un nuevo medio para combatir el aumento de la delincuencia y la violencia, el grupo FAES se ha vuelto tan temido como los criminales a los que estaba destinado a combatir, especialmente en las barriadas pobres, donde las dificultades avivan la inestabilidad política.
Personas familiarizadas con la unidad FAES dicen que los administradores del grupo están más preocupados por la fuerza y el miedo que por la rectitud.
"Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar", dijo Nora Echavez, exfiscal jefe en Miranda, el estado donde se escuchará el caso judicial en curso.
"Un delincuente hace esto fácilmente porque ya lo hizo la primera vez", agregó.
Reuters no pudo determinar exactamente cuántos exconvictos pueden estar trabajando dentro de las filas de la fuerza FAES en todo el país. El gobierno no hace públicos los registros de personal y ni siquiera el número de integrantes, que según estiman miembros de la policía, es de unos 1.500 oficiales.
El misterio que rodea a la fuerza, incluida la falta de transparencia sobre sus oficiales, es fundamental en su manual.
"El FAES prefiere el anonimato", dijo Javier Gorriño, un criminólogo y comisionado de policía municipal en El Hatillo, un distrito de Caracas, que ha interactuado con la fuerza. "Una máscara da más terror cuando uno no sabe quién está detrás".
El caso que se sigue en Guarenas, una localidad a unos 39 kilómetros al este de Caracas, es uno de los pocos en los que la identidad y los antecedentes de los oficiales de FAES han salido a la luz.
Los dos hombres muertos allí estaban relacionados con las fuerzas de seguridad. Uno era un policía municipal de Caracas y el otro era un exmiembro de la misma fuerza en la capital venezolana. Ninguno de los dos estaba afiliado a la fuerza FAES ni a ninguno de sus oficiales.
Personas familiarizadas con el caso creen que probablemente la única razón por la que sus muertes han provocado una mayor investigación son los vínculos de las víctimas con la policía. Los casos de miles de otros venezolanos que murieron a manos de la policía, supuestamente después de resistirse a un arresto, habitualmente no se investigan.
Duarte Nuno Vieira, profesor de medicina forense y derecho médico en la Universidad de Coimbra, en Portugal, revisó los resultados de la autopsia a solicitud de Reuters. "Los informes de autopsia", señaló, "están más en línea con un contexto de ejecución sumaria".
En su informe forense, el CICPC concluyó que las manos de Lira y Duarte no tenían rastros de antimonio, bario o plomo, químicos reveladores expulsados por la mayoría de las armas. Un especialista forense en España que revisó los hallazgos para Reuters dijo que el informe era concluyente.
"No realizaron disparo alguno", dijo Francisco Gallego, director del Instituto Técnico de Estudios Balísticos de Madrid.
El informe del CICPC dijo que el reporte forense y testimonios situaron a los siete oficiales en la escena.
Uzcátegui, el supervisor, disparó las balas de pistola de 9 milímetros que mataron a Duarte, según el informe. La especificidad fue posible porque las balas, rastreadas por forenses hasta el arma de Uzcátegui, permanecieron en el cuerpo de Duarte, según la autopsia. Aunque las rondas que mataron a Lira salieron por las heridas, la balística en el informe indica que tres de los otros seis oficiales involucrados en el caso habían disparado armas.
Meyfer Díaz, un recluta de 23 años que se unió a la fuerza solo dos meses antes del suceso, disparó una ametralladora Heckler & Koch MP5. Un mes antes de la operación, Díaz publicó una foto de sí mismo en Facebook con el equipo de FAES. "Mámalo un ratico", escribió, "nada me afecta".
Sánchez, el oficial que cumplió condena en prisión por robo, disparó su pistola Tanfoglio cuatro veces. Los investigadores rastrearon otras catorce rondas en la escena hasta Oliveros, el oficial que fue cómplice de asesinato.
Reportes de balística y un registro de armas del FAES contenidos en el archivo del caso de los fiscales, ambos revisados por Reuters, muestran que las rondas provienen de un Heckler & Koch MP5 asignado a Oliveros. El registro de armas muestra que Oliveros nunca devolvió la metralleta al arsenal de la fuerza FAES.
En una audiencia en julio, Ortega, el abogado de Oliveros, argumentó que su cliente no tenía el arma el día de los asesinatos.
En su testimonio ante los fiscales, Coraspe, cuya llamada telefónica desencadenó el episodio, dijo que después de las muertes en Guarenas los oficiales del FAES le dijeron que contara a los investigadores "que lo que pasó fue un enfrentamiento". En cambio, dijo: "Les dije a los funcionarios todo lo que sucedió realmente".
Los acusados tienen previsto comparecer ante el tribunal en marzo. Se espera que el juicio demore meses. Los abogados de la Fiscalía no respondieron a las solicitudes de Reuters para discutir el caso.
Alexis Lira, el hermano del diseñador gráfico, visita semanalmente el juzgado y a los fiscales para asegurarse de que el caso progresa. González, la novia de Fernando Lira y beneficiaria prevista de los US$500 faltantes, se debilitó gradualmente tras la muerte de Lira debido a su larga lucha contra la hipertensión pulmonar.
Reuters la entrevistó varias veces a fines de 2019.
El 3 de enero, González murió de una insuficiencia cardiaca.
"Ella fue nuestra compañera en esta batalla", dijo Jeanette Padrón, médica, amiga y la pareja de años de Duarte, el otro hombre asesinado. "La muerte de Fernando la rompió".
