Por Hebe Schmidt, desde Madrid. La crisis del coronavirus, que sacude las estructuras sanitarias, económicas y sociales del planeta, se enseña con fuerza por estos días, en América Latina, con una de las poblaciones más vulnerables: los trabajadores migrantes y refugiados venezolanos que se vieron obligados a dejar sus hogares y partir hacia distintos países de la región, en busca de trabajo y una oportunidad para intentar comenzar de nuevo con sus vidas.
Sin embargo, las obligadas medidas de confinamiento para cercar al virus, la reducción del consumo, el cierre de negocios, la pérdida de los puestos de trabajo, tanto en la economía formal como informal, y el cierre de fronteras de la vecina Colombia, están obligando a muchos de ellos a retornar a su país de origen, donde la realidad que les espera, ni de lejos, seguramente es mejor, aunque allí muchos aún tengan un techo y algún familiar.
Lo drásticamente cierto es que los migrantes y refugiados venezolanos se quedaron atrapados entre dos crisis: la situación política y económica que atraviesa su país de origen y la del coronavirus, que poco a poco golpea cada vez más a los países de acogida a los que han migrado, como Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.
Para conocer más de cerca la realidad que afecta a este colectivo, AméricaEconomía dialogó con Diego Beltrand, enviado especial del director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la Respuesta Regional a la Situación Venezolana. Su principal responsabilidad es mantener por parte de la OIM el enlace político, la coordinación, la supervisión de la respuesta y la recaudación de fondos en el marco del Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes venezolanos (RMRP), junto a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Ambas agencias tienen también como representante especial conjunto de alto nivel político a Eduardo Stein, quien se ocupa de gestionar el contacto con los gobiernos de la región.
Beltrand, quien también fuera director regional de la OIM para América del Sur, hasta diciembre pasado, aboga y reitera, a través de AméricaEconomía, el pedido conjunto hecho en las últimas horas por la OIM y la ACNUR a los gobiernos latinoamericanos, para que "hagan extensiva la atención sanitaria y asistencia a los migrantes y refugiados venezolanos en el marco del Covid-19".
-¿Qué porcentajes de venezolanos se encuentran en calidad de irregulares y cuál es el país por el que más optan para realizar su proyecto migratorio?
-Es difícil decirlo con certeza, pero creemos que entre 50 y 60% de los migrantes están en situación de irregularidad. Y el país de destino al que más se dirigen los venezolanos es Colombia, no sólo por su proximidad, sino por la familiaridad cultural que tienen con el país.
-¿En función de sus recursos económicos y de su cualificación personal, entre otros factores, los venezolanos han valorado la posibilidad de optar por uno u otro país para emigrar?
-Hubo distintas oleadas de salidas de personas de Venezuela. La gente con más recursos económicos y cierto poder adquisitivo y educativo elevado han emigrado hacia Argentina y España. Son aquellos que llegaron a esos países en avión, con otras características de inserción en el mercado laboral; a Argentina, incluso, también han emigrado muchos estudiantes. Pero con el paso de los años, ese perfil fue cambiando, y las últimas oleadas de personas que salen de Venezuela son más más vulnerables y con más necesidades, incluso salen con bajo peso, mala alimentación y problemas de salud.
