La Paz. El conflicto social que detonó la postergación del censo de población en Bolivia podría agudizarse con una huelga general indefinida anunciada por la oposición en busca de que el presidente Luis Arce adelante la fecha de empadronamiento, que es clave para definir asientos en el Congreso.

El epicentro de las protestas, con enfrentamientos que provocaron una muerte, ha sido hasta ahora Santa Cruz, la ciudad más poblada y la principal región productora de alimentos del país.

"Si no hay una solución a este problema, el movimiento cívico ingresará a un paro nacional a partir del lunes 7 de noviembre", declaró a los medios Roxana Graz, miembro del denominado Movimiento Cívico de Bolivia.

El conflicto tiene matices políticos porque las medidas de presión son impulsadas por sectores opositores que en 2019 protagonizaron las protestas que derivaron en la dimisión del expresidente de centroizquierda Evo Morales.

Frente a las amenazas de un paro general, el Gobierno de centroizquierda aclaró que la fecha del censo será determinada por una comisión técnica nacional en la que participarán expertos de organismos internacionales.

“Con la instalación de la comisión técnica que decidirá la fecha del censo, damos certidumbre a la población sobre la ejecución y calidad del proceso censal”, escribió en Twitter el presidente Luis Arce. La oposición pretende que el censo sea en 2023 y no en 2024, como estaba previsto.

El presidente Luis Arce -quien fue ministro de la gestión de Evo Morales- lamentó que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, haya puesto obstáculos al diálogo y anunció la instalación de una comisión técnica para fijar la fecha de dicho censo.

Mientras tanto, Santa Cruz atravesaba el jueves momentos de calma después que en días pasados se registraran enfrentamientos entre sectores que rechazan y apoyan el paro con bloqueos de caminos. Los choques dejaron por ahora un fallecido y varios heridos.