Río de Janeiro. Río de Janeiro, el estado más emblemático y turístico de Brasil, cumple este jueves seis meses de intervención federal en un ambiente de incertidumbre sobre la eficacia de la medida, que supuso que la cartera de Seguridad regional quedara en manos del Ejército.
El presidente de Brasil, Michel Temer, firmó el 16 de febrero el decreto que autorizó la intervención del gobierno central en la Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro (sureste) hasta el 31 de diciembre próximo.
La intervención se debió a la ola de robos y violencia durante las fiestas del Carnaval que atraen anualmente a miles de turistas, así como al aumento de homicidios en el estado desde el final de los Juegos Olímpicos de 2016.
En 2017, en Río de Janeiro se registraron alrededor de 7.000 homicidios, según datos oficiales.
La intervención militar en la seguridad significó que el general del Ejército, Walter Souza Braga Netto, pasara a ser el interventor en el estado.
Braga Netto asumió de esta manera el control de la Secretaría de Seguridad, de las Policías Civil y Militarizada, del Cuerpo de Bomberos y del sistema carcelario de Río de Janeiro.
A seis meses del inicio de la intervención, los números cuestionan la medida, a la que el gobierno central destinó 1.200 millones de reales (unos US$310 millones).
En Río de Janeiro se registraron al menos 4.895 tiroteos entre el 16 de febrero y el 15 de agosto de este año, según datos de la aplicación Fogo Cruzado, que contabiliza los tiroteos en Río de Janeiro.
Los tiroteos se reportaron sobre todo en la capital de Río de Janeiro, la ciudad más turística de Brasil, así como en su área metropolitana.
La cifra (4.895 tiroteos) representa un aumento del 59,7% en comparación con la registrada en el mismo período del año pasado.
"La intervención militar se volvió un agente agravante más de la violencia en Río de Janeiro, con operaciones extremamente belicosas y muchas víctimas", explicó a Xinhua la gestora de datos de Fogo Cruzado, Maria Couto.
A su vez, el gabinete de intervención del gobierno central ha asegurado en varias ocasiones que el aumento de los tiroteos y víctimas se debe a más operaciones policiales y militares desde febrero.
Expertos en seguridad han criticado también las cifras de incremento en los homicidios y el descenso en el decomiso de armas pesadas, así como en detenciones.
La intervención recibe además amplías criticas todos los días por parte de habitantes de favelas (barrios marginados), así como de integrantes de organizaciones sociales y en favor de los derechos humanos.
Por el contrario, uno de los sectores que celebra la medida es el empresarial, que ha visto reducir los asaltos y los robos de cargas que azotaron Río de Janeiro al inicio del año.
"El trabajo de inteligencia para la reducción del robo de carga es muy importante", comentó a Xinhua el vicepresidente de la Federación de Industrias del estado de Río de Janeiro (Firjan), Sergio Duarte.
El representante del sector industrial agregó que "el principal obstáculo fue que hasta el propio interventor fue sorprendido. No hubo ningún planeamiento, pero aún así, los números son muy positivos".
