Ciudad de México,  Excelsior.com.mx. El Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi) calcula que más de dos millones de mexicanos que habitan en 500 mil casas en zonas de alto riesgo deben ser reubicados para evitar tragedias por desastres naturales, como las que se padecen en varios estados a causa de las recientes tormentas.

Se trata de un reto enorme que “no puede postergarse”, se expone en un informe del presidente del Conorevi, Roberto Javier Gaitán Spamer, presentado a funcionarios de los tres niveles de gobierno en la XXIV reunión nacional del Conorevi, concluida el viernes pasado.

De acuerdo con el organismo, en el último sexenio se destinaron más de 200 mil millones de pesos (US$15.210 millones) a la reconstrucción de 32 mil viviendas afectadas por fenómenos meteorológicos, y costó 260 millones de pesos (US$19,7 millones) la reubicación de tres mil 500 familias.

En este año, en la semana del 13 al 20 de septiembre a causa de las tormentas Manuel e Ingrid, 26 mil viviendas fueron dañadas, principalmente en Guerrero.

El Conorevi detalla que esas dos millones de personas que viven en zonas de riesgo carecen de recursos, viven excluidas en condiciones de inseguridad, insalubres, sin servicios básicos, que en su mayoría están asentadas en cauces de ríos, en barrancas, expuestas a intensas lluvias y desbordamientos, agrietamientos o hundimientos de terreno.

Excélsior hizo una revisión de los sitios web de los estados y descubrió que no todos los Atlas de Riesgos están disponibles. Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Tabasco y Zacatecas no tienen sus bases de datos disponibles al público en internet.

Hoy está programada una conferencia de autoridades federales en la que, entre otros puntos, podría anunciarse la reubicación de miles de familias en Guerrero.

Doas millones, en riesgo extremo. Son los más expuestos a efectos del clima y habitan en 500 mil viviendas.

Más de dos millones de mexicanos que habitan en 500 mil viviendas en zonas de alto riesgo en todo el país deben ser reubicados, a fin de evitar tragedias como las ocurridas a causa de los fenómenos hidrometeorológicos Ingrid y Manuel, estimó el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi).

Por ello, este lunes está programada una conferencia de prensa de la Secretaría de Gobernación (Segob) donde anunciaría, entre otros temas, la posible reubicación de miles de familias asentadas en zonas de alto riesgo, principalmente de Acapulco y otras partes de Guerrero, con el objeto de enfrentar un problema que ha ido en aumento.

De acuerdo con un informe del presidente del Conorevi, Roberto Javier Gaitán Spamer, presentado a funcionarios federales, estatales y municipales en el marco de su XXIV reunión nacional, concluida el viernes pasado en la ciudad de Oaxaca, el reto de reubicación es enorme, pero no puede postergarse.

Se trata de un estimado de dos millones de individuos que se encuentran en grave situación de vulnerabilidad, pues sus familias, además de carecer de recursos económicos viven excluidas, en condiciones precarias, insalubres, sin seguridad, sin servicios básicos, asentadas la mayoría, en cauces de ríos o en barrancas, en tierra de nadie.

Estas personas viven en zonas de riesgo porque habitan viviendas ubicadas en cauces de ríos o barrancas, expuestos a intensas lluvias y desbordamientos, agrietamientos o hundimientos de terreno y las casas están expuestas a problemas derivados de la mala calidad de los materiales utilizados en la construcción que provocan fracturas y grietas.

Hay más cada año. Pero, este universo no es el total de quienes viven en asentamientos irregulares, pues de acuerdo con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), en México hay más de cinco millones de viviendas ubicadas en estos lugares, con un aumento de 90 mil cada año, y un estimado de población en 2013 que supera los 20 millones.

Al contrastar estas cifras con los datos del Censo de Población 2010 a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que arrojó un total de 28 millones 607 mil 568 viviendas en el país, se establece que 17% de las casas habitación en México se ubican en distintos asentamientos irregulares.

Pero el tema de la eventual reubicación de las familias que viven en estos lugares, con el agravante, además, de estar en zonas de alto riesgo, se complica al no existir un censo detallado de esta última tipología, reconoció en la semana el subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Alejandro Nieto Enríquez.

Reconstrucción. Según el Conorevi, en el último sexenio fueron reconstruidas 32 mil viviendas afectadas por fenómenos meteorológicos, cuyo costo ascendió a más de 200 mil millones de pesos y se reubicaron tres mil 500 familias, lo que representó una inversión de 260 millones de pesos (US$19,7 millones).

Pero este año en sólo una semana, del 13 al 20 de septiembre, a causa de los huracanes Ingrid y Manuel, 26 mil nueve viviendas sufrieron graves afectaciones y de ellas tres mil 850 requieren reconstrucción total, principalmente en Guerrero, señaló la Sedatu.

El reto es de tal dimensión que el subsecretario de Vivienda se adelantó a señalar que “no alcanzará el sexenio para cubrir el déficit de vivienda en el país”.

La investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, Irma Escamilla, dijo a Excélsior que el tema de las casas construidas en zonas de alto riesgo está ligado con el clientelismo político y la recesión económica y aun cuando se reubicara a quienes viven ahí en unos meses dichas áreas volverían a ser ocupadas por familias en condiciones aún más precarias.

“Asentarse donde se puedan quedar, aunque estén en condiciones lamentables, pero va la gente y se asienta, busca dónde refugiarse, aunque sea con palos, tablas, y lo que encuentre para conformar su casa. Hay casas hasta de cartón, lamentablemente, pero con eso ellos dicen que es suyo”, comentó.

Para Escamilla Herrera, el problema de enfrentar los asentamientos irregulares, particularmente los que se ubican en zonas de alto riesgo, debe atenderse por los tres niveles de gobierno y la normatividad debe hacerse cumplir, aun con la fuerza pública, para evitar desgracias mayores.

Sólo cinco entidades tienen actualizado Atlas de Riesgos

De las 32 entidades del país, sólo cinco cuentan con un Atlas de Riesgos avanzado y actualizado que les dé las herramientas necesarias para reaccionar ante desastres naturales, tales como sismos, huracanes, inundaciones o sequías, concluye un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Elaborado este mismo año para determinar las fortalezas y debilidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Si-
naproc), el documento señala que sólo Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz poseen mapas de riesgo eficientes, pues son los mejor estructurados en tres áreas: terremoto, huracán e inundación.

En contraste, el Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México refiere que los casos más críticos son Durango, Baja California Sur, Quintana Roo y Sinaloa, pues sus atlas apenas están en construcción.

En esta tardanza, la OCDE destaca los casos de Sinaloa, entidad que el pasado 19 de septiembre fue golpeada por el huracán Manuel, el cual dejó 140 mil damnificados y 30% de su red carretera inservible; y el de Quintana Roo, puerta de entrada de los ciclones que se forman en el océano Atlántico y que en 2005 fue arrasado por el huracán Wilma.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), los mapas de riesgos son herramientas para salvar vidas, ya que “permiten integrar y difundir los resultados de los análisis de peligro, de vulnerabilidad y de riesgo”, con el objetivo de “emitir recomendaciones para la oportuna toma de decisiones y establecer medidas de prevención y reducir al máximo el número de víctimas”.

Entre 1970 y 2011, los desastres naturales han dejado en México 13 mil 243 personas muertas, la mayoría de las cuales son atribuibles a sismos (siete mil 259); le siguen los huracanes (dos mil 715 fallecimientos) y las inundaciones (dos mil 119).

El documento de la OCDE consigna que cinco estados del país tienen un progreso “medio” en el diseño de sus Atlas de Riesgo. En ese grupo están Baja California (con mayor grado de avance en el rubro de terremotos e inundaciones), Distrito Federal (no incluye mapeo sobre huracanes), Hidalgo, Estado de México (con mayor énfasis en lluvias) y Querétaro (no incluye acciones contra huracanes).

Rezago subnacional

El análisis del organismo internacional reconoce que, desde su creación, en 1985, el Sistema Nacional de Protección Civil ha logrado reducir el número de muertes en desastres naturales, pero alerta que “los Atlas de Riesgos están menos desarrollados a nivel subnacional”.

El organismo recomienda a México crear mayor congruencia entre la gestión de riesgos, la planeación territorial y el desarrollo urbano, y la adaptación al cambio climático.

Excélsior hizo una revisión de los sitios web de los estados y descubrió que no todos los Atlas de Riesgos están disponibles. Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Tabasco y Zacatecas no tienen sus bases de datos disponibles al público en internet.

Otro de los problemas con los Atlas de Riesgos estatales es que muchos tienen más de diez años de creación y no han sido actualizados a las nuevas realidades.

Sobresalen los casos de Oaxaca y Yucatán, cuyos planes de acción ante emergencias fueron creados en 2003 y permanecen sin cambios.

Lo mismo ocurre con Guerrero, cuyo Atlas de Riesgos data de 2006 y presenta avances “básicos” en terremotos e inundaciones; así como con Campeche e Hidalgo, donde las bases de datos corresponden a 2004 y 2006, respectivamente.