América Latina ocupa hoy una nueva posición en la geopolítica mundial, avanzó mucho en un largo estudio de las causas del cambio climático, la medición de sus impactos y medidas que serán aplicadas en pro de una economía baja en carbono. Los objetivos, ya cuantificados, pretenden reducir las emisiones proyectadas para salvaguardar y promover energía limpia a las transformaciones de la matriz en el sector de la agricultura, el acero y el transporte, y evitar así la deforestación.

La agricultura, en estos tiempos peligrosos del cambio climático, es el sector que tendrá el desafío de alimentar a la población amenazada por el empeoramiento del temible  fenómeno climático. El mundo necesita duplicar la producción de alimentos antes de completar la primera mitad del siglo. Las proyecciones a medio plazo, centradas en 2020, muestran un crecimiento de 55% de la demanda mundial de granos. Y ya se estima que el objetivo de superar el hambre, establecidos por la ONU en 2015, no se logrará hasta 2030.

Es que América Latina requiere, no sólo grandes terrenos de cultivo, sino una evolución de las tecnologías en sus plantaciones y cultivos. Esto intensificaría aún más el papel de los especialistas que trabajan en la zona. No basta con los conocimientos adquiridos, cada vez más respetados internacionalmente. Corresponde ahora a los países de la región tomar medidas para llevar a la práctica sus resultados, incluyendo las nuevas herramientas de la biotecnología.

La mayor dificultad está, evidentemente, en determinar la relación entre el cambio climático y el efecto sobre la productividad agrícola, una tarea que implica una combinación de la ciencia agrícola, la botánica, la genética y la economía, abarcando las condiciones de los mercados locales y exteriores, la competitividad y los sistemas de producción vigentes, entre otros.

El Foro Económico Mundial para América Latina, que se inicia el próximo 7 de abril en Cartagena, Colombia, evaluará el reconocimiento internacional que se ha dado a la importancia de los bosques tropicales en la seguridad climática. Las iniciativas para reducir las emisiones de la deforestación y la devastación de bosques fueron consideradas y contempladas en tres de los doce puntos del acuerdo final en Copenhague. Lo que comprueba el enorme potencial de ganancias que tienen los mecanismos de compensación (tipo REDD) para evitar las emisiones procedentes de la deforestación.

Para garantizar los bosques en pie, esta solución de mercado es cada vez más consensual,  acompañada por fondos especiales dirigidos a atender las necesidades de las regiones más vulnerables.

Prueba de ello es que 55 países dieron un paso concreto en nuevas direcciones (incluyendo Estados Unidos y China), naciones que representan 78% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la escala mundial. En 2010, estos países -entre los que se encuentran Brasil, Costa Rica y México- incluirán el anexo del Acuerdo de Copenhague. Sin embargo, a pesar de los objetivos declarados, esto no son suficientes, ya que este documento establece los objetivos de reducción por país teniendo como horizonte el 2020. Aunque tales compromisos allanan el camino de la COP 16 en Cancún, México, y desde luego movilizan a líderes políticos y empresariales de las naciones involucradas, de acuerdo con las respectivas comunidades científicas.

La economía, en América Latina, en un plano global, es el elemento decisivo en esta ecuación. Por eso debe haber una amplia sensibilización del empresariado para entender que el sector productivo es tan vulnerable como las aglomeraciones urbanas a los bruscos cambios climáticos. La acción económica, hoy en día, no puede ser más animada por la confianza del progreso infinito, sino por la comprensión clara de los límites y los riesgos.