¿Que hay detrás de las pretensiones de El Salvador sobre la isla Conejo que nunca estuvo en disputa y que siempre ha sido parte del territorio hondureño?

Es la interrogante que las autoridades hondureñas se formulan ante los infundados reclamos de El Salvador que nuevamente ha hecho público su interés por la isla hondureña que se localiza a 600 metros de Goascorán, en el departamento de Valle. Interrogante que se mantiene en el ambiente justo en la conmemoración, este día, de los 21 años del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Holanda, que define las fronteras terrestre, insular y marítima entre Honduras y El Salvador.

Y es que, precisamente, fue un 11 de septiembre de 1992 cuando el máximo órgano de justicia estableció los límites entre ambas naciones en una sentencia que ni siquiera menciona la isla Conejo en virtud de que siempre fue considerada como territorio hondureño. El histórico fallo establece que las islas en disputa entre Honduras y El Salvador en el Golfo de Fonseca eran El Tigre, Meanguera y Meanguerita, decidiendo que El Tigre pertenece a Honduras y Meanguera y Meanguerita a El Salvador.

Sin embargo, ésta resolución sigue siendo desconocida por el gobierno salvadoreño que el pasado 1 de septiembre elevó una protesta por un acto cívico que celebraron las Fuerzas Armadas de Honduras en la isla Conejo.

En una carta enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores el presidente Mauricio Funes rechazó un acto de izada de la bandera hondureña en la isla, mismo en el que El Heraldo estuvo presente, el cual se viene realizando desde hace varios años, al señalar que Honduras “lesionó” la soberanía de la isla. De manera inmediata, el gobierno hondureño respondió la misiva rechazando la protesta salvadoreña en base a lo establecido en la sentencia de La Haya, de hace 21 años, sobre los límites de ambos países en el Golfo. “La isla Conejo no estuvo en disputa en la Corte Internacional de Justicia durante la controversia terrestre, insular y marítima El Salvador/Honduras, Nicaragua interviniendo”, advirtió el gobierno hondureño.

La sentencia. El párrafo 431 de la sentencia del 11 de septiembre de 1992 señala que “se ha demostrado que las islas que están en disputa entre las partes son: El Tigre, Meanguera y Meanguerita”, es decir, la Corte no consideró la isla Conejo como territorio en disputa. Seguidamente, el mismo párrafo de la sentencia establece que “la isla El Tigre es parte del territorio soberano de Honduras y que la isla de Meanguera es parte del territorio soberano de El Salvador y que la isla de Meanguerita es parte del territorio soberano de El Salvador”.

Aunque el fallo fue claro y contundente, el gobierno de El Salvador presentó una demanda de revisión ante la CIJ, mediante la cual el vecino país pretendía apropiarse de manera indirecta de la isla Conejo, al plantear la revisión de los límites definidos en la zona de Goascorán.

El planteamiento salvadoreño era que si ganaba la demanda de revisión y la CIJ decidía atribuir el sector de Goascorán a El Salvador hasta el estero La Cutú, la isla Conejo pasaría a soberanía de El Salvador, por estar comprendida dentro de las tres millas de la zona costera y distar solo 600 metros de la costa.

Sin embargo, la CIJ no dio marcha atrás y mantuvo en firme su decisión del 11 de septiembre de 1992, al desestimar la solicitud de revisión de El Salvador en la sentencia del 18 de diciembre de 2003. “Desde que la Corte Internacional de Justicia dictó su sentencia el 11 de septiembre de 1992, Honduras, la aceptó, la cumple, la honra como lo hacen todos los estados comprometidos con sus obligaciones internacionales y respetuosos del derecho internacional”, dijo recién la cancillería en un comunicado.

En el párrafo 432, numeral 1, la sentencia del 11 de septiembre de 1992 señala que “el Golfo es una bahía histórica cuyas aguas, sujetas hasta el año 1821, al único control de España, y de 1821 a 1839 al de la República Federal de Centroamérica, luego estuvieron sujetas por sucesión a la soberanía de Honduras, El Salvador y Nicaragua”.

La sentencia excluye una faja que se extiende sobre una distancia de tres millas (una legua marina) desde el litoral de cada uno de los tres Estados, “estando dicha faja bajo la soberanía exclusiva del Estado costero”. “Las aguas en la porción central de la línea de cierre del Golfo, es decir, entre un punto de la línea situada a tres millas de Punta Amapala y un punto de la línea situada a tres millas de Punta Cosigüina, están sujetas a la soberanía conjunta de los tres Estados del Golfo”. Con relación a los espacios marítimos adyacentes la Corte decidió, según el párrafo 432, numeral 3, que tanto Honduras como Nicaragua y El Salvador poseen derechos y señala que “cualquier delimitación de las zonas marítimas pertinentes deberá ser efectuada mediante acuerdo, en base al derecho internacional”. Esto significa que actualmente lo único pendiente en el Golfo de Fonseca es la definición de la salida al mar sobre la bocana del Golfo, a la cual tienen derecho tanto Honduras como Nicaragua y El Salvador.

Aunque la sentencia de La Haya es clara y concede derechos a los tres Estados que comparten las aguas del Golfo de Fonseca, tanto Nicaragua como El Salvador, históricamente se han negado a reconocer el fallo y los derechos de Honduras sobre la zona. Según expertos de la Cancillería hondureña, de la sentencia de La Haya se desprende que las aguas del Golfo están sometidas a “un régimen de cosoberanía en virtud de su naturaleza jurídica de bahía histórica de mar cerrado o interior”.

Honduras solicitó el año anterior la intervención del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar el cumplimiento de la sentencia de 1992 ante el clima de tensión que históricamente ha existido en el Golfo. “Desde 1979 tenemos nosotros una unidad ahí (isla Conejo) de la Naval, la bandera está izada ahí, lo que fueron es a cambiar la bandera el primero de septiembre, todos los años se hace lo mismo, falta lo que estamos insistiendo y que le pedimos hace un año al Consejo de Seguridad (de la ONU) nosotros que ayudase a implementar la sentencia”, declaró el pasado lunes el presidente Porfirio Lobo.