El desembolso inmediato de 24,5 millones de lempiras (poco más de US$1 millón) para el equipamiento y compra de accesorios para la Policía Militar del Orden Público (PMOP) aprobó el jueves el Congreso Nacional de Honduras, en el marco de la ratificación del decreto que crea este cuerpo de seguridad.

Los recursos provendrán del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Poblacional (“tasón de seguridad”), cuyo comité técnico deberá reunirse la próxima semana con personeros de las Fuerzas Armadas de Honduras para hacer la programación presupuestaria.

Al menos 900 efectivos estarán listos para iniciar operaciones en octubre, indicaron miembros de la Comisión Especial de Seguridad del Congreso Nacional, al momento de debatir el polémico decreto. La coordinación de las actividades y acciones estratégicas de la PMOP estará bajo la responsabilidad de la Fuerza de Tarea Conjunta, coordinada y creada por el Poder Ejecutivo.

La Ley, que originalmente contenía 14 artículos, fue ampliada en un número que determinará la Comisión de Estilo al momento de reordenar el decreto que posiblemente sea turnado al Poder Ejecutivo este fin de semana para su sanción.

En el marco del debate, la ley tuvo profundas transformaciones para adecuar la acción de la Policía Militar a las distintas modalidades del accionar el crimen organizado en Honduras.

Terrorismo. El diputado Róger Alcántara presentó un artículo nuevo que destaca: “Además de lo establecido en el decreto 241-210 que contiene la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo, se consideran también actos de terrorismo, las acciones realizadas por el crimen organizado encaminadas a atemorizar a las instituciones y a la población, mediante la extorsión, la intimidación o el chantaje en cualquier forma que limite el accionar de los operadores de justicia o los derechos fundamentales de los ciudadanos, tanto la libre locomoción, libertad de empresa, residencia u otros derechos garantizados por la Constitución de la República y los convenios internacionales de derechos humanos”.

El diputado Rolando Dubón Bueso reforzó el artículo 6, relacionando que en el ejercicio de misiones especiales, la PMOP debe ser acompañada por jueces y fiscales con jurisdicción y competencia nacional que hayan aprobado las pruebas de evaluación de confianza practicadas por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, preferentemente con experiencia en el combate al crimen organizado y delincuencia común.Dubón Bueso hizo un agregado en el sentido que “los jueces y fiscales asignados para cumplir las funciones de acompañamiento a la PMOP podrán residir fuera de Honduras y reportar su entrada y salida del territorio nacional de manera especial, según lo determine el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Además, pueden celebrar audiencias con los imputados y demás partes a través de medios electrónicos sin necesidad de determinar la ubicación física de los jueces y fiscales. Esta disposición aplica para todo el juicio y para la emisión de la sentencia.

El dictamen también fue enriquecido a la hora de la ratificación del acta.

La secretaria Gladis Aurora López propuso un artículo nuevo que dice: “Se instruye al Fideicoimiso del Fondo de Seguridad Poblacional contenido en el Decreto 199-2011 a adquirir de manera expedita, inmediata y transparente la cantidad de 24 millones 500 mil lempiras y con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, el equipo y accesorios para el funcionamiento de la Policía Militar del Orden Público, así como sus gastos de operación”. El presidente de la comisión de presupuesto, Francisco Rivera, aclaró que el desembolso de los 24,5 millones no tiene que pasar por la Secretaría de Finanzas, eso lo aprueba el comité técnico del Fideicomiso y la instrucción que da el Congreso es para este Comité.

Asimismo, se mejoró la redacción del artículo 6 propuesta por el diputado Ricardo Díaz así: “Se considera violación a los derechos humanos las acciones en contra de las personas y sus bienes cometidas por el crimen organizado, por lo que a los integrantes del mismo les será aplicada la legislación correspondiente y responderán civilmente de las indemnizaciones y reparaciones por sus bienes”.

Se aclaró que las acciones del crimen organizado se elevan a la categoría de terrorismo, subversión e insurrección.

Por su lado, el diputado Germán Leitzelar, presentó un artículo nuevo encaminado a reformar el artículo 128 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas que ahora indicará que son comandos de las Fuerzas Armadas los siguientes:

1) Comando de Doctrina Conjunta y Educación Militar;

2) Comando de Reservas Militares;

3) Comando Logístico;

4) Policía Militar de Orden Público y

5) otros que establezca la Secretaría de Defensa.El decreto aprobado “autoriza a las Fuerzas Armadas de Honduras, de acuerdo a lo que establece la Ley Constitutiva, a aumentar el número de efectivos militares hasta cinco mil para fortalecer la defensa de la soberanía nacional, protección a la ciudadanía, el ambiente, las fronteras y el mar territorial”.

Las atribuciones de la nueva Policía El artículo 5 indica que la PMOP tiene la obligación de cooperar, en el marco de los artículos 272 y 274 de la Constitución de la República, en la defensa de la soberanía y en el mantenimiento del orden público para que tenga las siguientes atribuciones:

a) Actuar rápidamente en circunstancias de inseguridad que afecten el orden público, que constituyan situaciones de emergencias y/o que afecten a las personas o a los bienes obligando a la PMOP a movilizar la colaboración efectiva de su personal y medios para resguardar la paz, el orden público y el impero de la Constitución.

b) Cooperar en el marco de la Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad en la recuperación de zonas, barrios, colonias, asentamientos humanos o espacios públicos donde las pandillas, maras o el crimen organizado ejercen sus actividades delictivas, limitando la libre locomoción y poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas y sus bienes o alterando de cualquier forma el orden público, hasta devolver la paz y tranquilidad a la ciudadanía.

c) Efectuar la captura y poner a disposición de las autoridades competentes a las personas asociadas a organizaciones criminales o a las que de cualquier forma alteren el orden público, así como remitir las pruebas de convicción para su debido enjuiciamiento.

d) Ejercer actividades de investigación, inteligencia en el combate a las actividades del crimen organizado y demás otorgados a la Policía Nacional en la legislación nacional.