Lima, Andina. La Comisión de Justicia del Parlamento aprobó un proyecto de ley que modifica diversos artículos del Código Penal para aplicar pena de multa en los delitos de corrupción de funcionarios públicos.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, sanciona con multa los delitos de corrupción por concusión, colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo, peculado de uso, malversación, cohecho pasivo propio, soborno internacional pasivo, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros.

La iniciativa establece que si un funcionario o servidor público, que abusando de su cargo incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, "será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa".

Respaldaron la iniciativa el titular del grupo de trabajo, Juan Carlos Eguren, así como los legisladores Omar Chehade, José Urquizo, Ana María Solórzano, Rosa Mavila, Marco Falconí, quienes dijeron que contribuye a la lucha contra la corrupción.

Los congresistas Octavio Salazar, Rolando Reátegui y Julio Rosas, expresaron algunas observaciones como, por ejemplo, que las multas se sumarán a los problemas que existen para el pago de las reparaciones civiles.

Por ello, los representantes de Fuerza Popular pidieron esperar los informes del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República.

El congresista Heriberto Benitez, en tanto, también observó el hecho de que nadie puede ser a la vez multado y privado de su libertad por un mismo hecho delictivo. También pidió incluir en el proyecto la inhabilitación del funcionario corrupto.

La comisión también aprobó el proyecto de ley que plantea modificar la Ley 24032, Ley que crea la Derrama Judicial, a fin de que tenga un carácter público.

Se aprobó, igualmente, los informes sobre el Régimen Penitenciario que presentó la congresista Mavila y el informe del Grupo de Trabajo de Revisión del Código Penal, que estuvo a cargo del legislador Alberto Beingolea.

El presidente de la comisión y los legisladores destacaron la importancia de esos informes que servirán para proyectar iniciativas legislativas que permitan, en un caso, mejorar el sistema penitenciario y, en el otro, contar con un moderno Código Penal.