Lima, Andina. Los integrantes de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción aprobaron una agenda de trabajo denominada "Tolerancia cero a la corrupción", confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor.

Al presentar ante la prensa los resultados de este encuentro, el representante del Ejecutivo pidió a la población denunciar todo acto de corrupción, ya que quienes lo hagan "tendrán toda la protección del Estado y la CAN".

"La fiscalía se ha comprometido a trabajar en proteger a los denunciantes", añadió en declaraciones a la prensa.

Jiménez también resaltó que, en el marco de esta lucha, se haya incluido en el proyecto de Ley General de Presupuesto que las Oficinas de Control Institucionales de los gobiernos regionales y de los municipios dependan totalmente de la Contraloría.

"Esto permitirá fiscalizar de manera más efectiva a estas instancias", destacó.

Puso como ejemplo de lo que se debe remediar con esta medida, la denuncia sobre una organización criminal que en Tumbes trafica con terrenos del Estado y que tiene nexos con la Dirección Regional de Agricultura,

Esta organización, dijo, llegó a vender quince hectáreas de terreno a 1,085 nuevos soles, refirió.

"Emitiremos un decreto supremo que establecerá mejores mecanismos de protección del patrimonio público, que es de todos", añadió.

Lamentó, en ese marco, que todavía no se haya logrado inscribir todos los predios eriazos existentes en el país.

Actualmente se encuentra en marcha la realización del catastro público a nivel nacional, para lo cual se ha destinado un fondo de 100 millones de nuevos soles.

"Esta es una tarea que está realizando el Ministerio de Vivienda", precisó.

Exhortación

El titular del Gabinete de Ministros también pidió al Parlamento iniciar el debate de 19 proyectos de ley para la lucha contra la corrupción y consideró necesario que estas iniciativas reciban prioridad.

"Uno de los puntos que promovemos es el de la "muerte civil", indicó en referencia a la iniciativa destinada a inhabilitar a los funcionarios públicos que sean sentenciados por delitos de corrupción.