Muchos mexicanos recuerdan hasta el día de hoy la gigantesca abucheada que recibió el presidente Miguel de la Madrid durante la inauguración del Mundial de 1986. Dilma Rousseff recibió una similar el 15 de junio pasado al inaugurar la Copa de Confederaciones. Un simple aperitivo de lo que podría ocurrir dentro de un año, cuando comience la Copa Mundial. 

Con 57 puntos de popularidad, Dilma Rousseff no estaba preparada para lo que empezó a suceder en las calles de São Paulo. Su primera opción fue no intervenir en un conflicto que parecía local, el alza de las tarifas del transporte público en São Paulo. Diez días más tarde, cuando más de un millón de personas protestaban en las principales ciudades del país y se producían escenas puntuales de violencia y vandalismo, la presidenta aún se resistía a hablar. El 21 amaneció rodeada de asesores que pedían un pronunciamiento oficial. Dilma necesitaba un texto que no se prestase a malos entendidos. Llamó dos veces al expresidente Lula para pedirle consejo. Éste se limitó a sugerirle consultar al ministro de Comunicaciones, Franklin Martins, quien encontró un tono al gusto de la presidenta:

“El mensaje directo de las calles es pacífico y democrático”, afirmó Rousseff por cadena nacional. “Reivindica un combate sistemático contra la corrupción y el desvío de recursos públicos... Este mensaje exige servicios públicos de mejor calidad”.

Habló durante 20 minutos intentando alejar del gobierno federal las culpas de la crisis, pero no logró disfrazar la dificultad para responder a las demandas sociales y su inseguridad delante de lo que ocurría. Y de paso indignó a los otros estamentos del Estado involucrados en la crisis: los gobernadores y los alcaldes. 

De cara a la calle. De la noche a la mañana, Dilma se daba cuenta de que los beneficiarios del programa Bolsa Familia no alcanzan para sustentar su popularidad. En un intento por reconstruir sus canales directos con la sociedad, llamó a los sindicatos, movimientos estudiantiles y políticos para debatir, y a los gobernadores y alcaldes para negociar un paquete de proyectos que debían descomprimir la presión en las calles. Pero este cambio de postura choca contra su estilo. 

La reunión con los alcaldes y gobernadores fue una prueba de ello. Comenzó amena, pero fue subiendo de tono y muchos se retiraron molestos. Dilma avisó que la reducción de las tarifas del transporte era un compromiso personal y que todos debían buscar la manera de hacerla viable. Ante la incomodidad de algunos por lo que consideran un intento del gobierno federal de pasarles la cuenta, la presidenta dobló la apuesta: el que no baje las tarifas deberá transparentar todos los costos del sistema. “Es casi una amenaza”, se quejó el alcalde de Salvador, Antonio Carlos Magalhães Neto, recibiendo el apoyo de varios colegas.

Con el Congreso la tensión fue aún más evidente. Los parlamentarios más fogueados no tardaron en leer el intento de Dilma de mostrarlos como obstáculo para la aprobación de leyes que mejoren los servicios públicos. Su reacción fue acelerar las votaciones y apoyar el pacto nacional propuesto por Dilma. El presidente del Senado, Renan Calheiros, un crack en la supervivencia política, listó los proyectos que se tramitaban y presentó su propia propuesta de pasaje libre para los estudiantes. “Conversé con la presidenta, le mostré nuestra pauta y nuestro interés de votar lo que las calles están pidiendo”, informó en rueda de prensa el 26 de junio, subrayando cuidadosamente la primera persona del plural.

En la Cámara sucedió algo similar bajo la conducción de Eduardo Henrique Alves, como Calheiros un “pemedebista” (el partido mayoritario del país, centrista y clave de la gobernabilidad). Los diputados aprobaron destinar los royalties del petróleo a proyectos de salud y educación y redujeron impuestos que inciden directamente en las tarifas del transporte público. “La Cámara no podía reaccionar de otra manera”, dijo Alves. 

Otro gesto sintomático del Legislativo: puso en tabla un proyecto que lleva tres años en el congelador y que obliga a transparentar las votaciones para desaforar a un parlamentario. Justo cuando se votaba destituir a un diputado federal del pequeño estado amazónico de Rondônia, acusado por la justicia de desviar US$4 millones. “Estamos probando que no somos corporativistas y que, pese a las críticas y especulaciones, acatamos las órdenes judiciales”, señaló Eduardo Henrique Alves a AméricaEconomía.

Reto ministerial. Comparada con su colega chileno Sebastián Piñera, que lleva dos años lidiando con protestas estudiantiles con una mezcla de represión policial y negociaciones que no son tales, Dilma se ha jugado por un discurso “progresista” y “empático”. Tampoco ha recurrido al viejo recurso de la conspiración extranjera, como su colega Recep Tayyip Erdogan. En lo que sí se parece al premier turco es en la tendencia al micro-management. La presidenta les reprocha a sus ministros una gestión pobre de servicios como la salud y el transporte público, y por ello decidió monitorear directamente los programas de estas carteras. Es el caso del ministro de ciudades Aguinaldo Ribeiro, responsable del transporte público, y de Alexandre Padilha, ministro de salud y sindicado por muchos como el “Delfín de Lula”. Dilma le pidió un levantamiento exhaustivo de los proyectos concluidos, en curso y pendientes. 

“El problema no es de dinero, es de gestión”, dice el diputado socialista Chico Alencar. “El gobierno se perdió y ahora intenta arreglar una salida de última hora sin mirar nada de frente”. 

Los problemas de Dilma están lejos de terminar. Su popularidad ya desbarrancó casi 27 puntos, según una encuesta de Datafolha realizada antes y después de las protestas. A un año de las elecciones presidenciales su intención de voto se redujo de 51% a 30%, la caída más abrupta de un gobernante desde el regreso de la democracia. El tiempo corre para que la presidenta transforme los abucheos de la Copa de Confederaciones en los vítores del Mundial.