Personas con enfermedades como epilepsia, males cardíacos, cáncer, tuberculosis, VIH o discapacitados serían los beneficiados de un proyecto de excarcelación por razones humanitarias.

La meta es beneficiar entre 800 a 1.000 reos de los 24 centros penales del país que presenten situaciones delicadas de salud. Esta estrategia está contemplada en una iniciativa de ley que presentará esta semana al Congreso Nacional la ministra de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), Ana Pineda, dijo el secretario general de esa institución, Denis Gallegos.

La idea surgió de la denominada Mesa Penitenciaria, que integran varias organizaciones públicas y sin fines de lucro.

La Mesa Penitenciaria está integrada por organismos como el Conaprev, CPTRT, Juzgados de Ejecución, entre otros. Previo a que el proyecto de ley se remita al Congreso, la SJDH hará un último análisis del documento con autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que haga algunos aportes finales.

¿Quiénes se beneficiarían? Esta ley de excarcelación por razones humanitarias sería temporal, ya que se contempla que su vigencia sea de un año y medio, que es el tiempo que le resta de funcionamiento a la Comisión de Transición de Centros Penitenciarios.

Otro grupo que se podría beneficiar es el de los reos mayores de 70 años, que por su elevada edad pueden ser objeto de abusos y por ello se requiere sacarlos.

“Esto vendría de forma directa a beneficiar a personas con enfermedades crónicas, degenerativas que impidan, por un lado, valerse por sí mismo porque sus condiciones de vida estén menguadas que impidan desarrollarse”, dijo Gallegos.

Para que un reo enfermo sea excarcelado tendría que cumplir algunos requisitos, como el haber sido condenado y haber pagado la mitad de su pena.

Solo el 50% de la población penitenciaria está condenada. La gravedad de la enfermedad debe estar certificada en un informe para avalar la excarcelación. Honduras cuenta con la Ley Especial para Personas Privadas de Libertad con Enfermedades en Fase Terminal Degenerativas del Sistema Nervioso, pero esa norma solo permite la liberación de aquellos que estén a punto de morir. Esa legislación utiliza el indicador de Karnofsky, que es una forma de medir en etapas la evolución de una enfermedad y al llegar a un grado cuatro, o etapa terminal, el reo puede salir libre.

“Esta nueva ley (de excarcelación por razones humanitarias) no es el caso, porque lo que se busca es ayudar a personas que tengan una enfermedad que les impida valerse por sí mismo o tener una locomoción permanente, ya sea porque está en silla de ruedas o tenga una discapacidad permanente”, expresó Gallegos.

“La idea no es que la persona no vaya a morir, sino que vaya a vivir en condiciones dignas debido a que tiene problemas físicos o mentales”. Otro grupo que se podría beneficiar es el de los reos mayores de 70 años, que por su elevada edad pueden ser objeto de abusos y por ello se requiere sacarlos.

En el caso de que un presidiario que sea beneficiado con la excarcelación reincida en su comportamiento contra la ley, se le volverá a remitir a la cárcel a que pague su condena. “Hay límites y garantías, y es el caso de que por cinco años se iría midiendo el comportamiento y si en esos cinco años hay indicios de que quieran volver a delinquir o reincidir, pueden volver al sistema penitenciario”, explicó el funcionario.

Monitoreo. También se piensa hacer un monitoreo de la evolución de la enfermedad del beneficiado para garantizar que no se haya falseado información sobre su dolencia solo para salir de la cárcel. Si se descubren, por ejemplo, certificados médicos falsos para que un presidiario logre la libertad, entonces se tiene que enjuiciar al galeno que extendió la documentación fraudulenta, indicó Gallegos.

En el caso de que un encarcelado que se haya beneficiado con la ley sea regresado al presidio por estas causales, el tiempo que estuvo en libertad no será tomado en cuenta para la contabilización de su pena.

Tampoco les abarcaría esta ley a quienes tengan proceso legales pendientes, aunque ya estén condenados por un delito o que hayan incumplido algún beneficio como el de libertad condicional, explicó Gallegos. “Si incumple medidas como libertad condicional o trabajo comunitario, o ya tiene un beneficio, no se puede otorgar la libertad”, ahondó el funcionario.

Este proyecto tiene previsto que la liberación por motivo humanitario se pueda dar sin importar el tipo de delito que se haya cometido.

Se tiene contemplado también que exista una revisión periódica de los reos, que se haga un expediente clínico detallado de cada uno, algo que actualmente no existe, pues hay menos de 12 médicos para atender a los prisioneros.

Población enferma. De acuerdo a la Coordinación de Juzgados de Ejecución, en los 24 reclusorios sobrepoblados del país había a junio de este año 713 personas con diferentes males. Los presidios cuentan con una sobrepoblación de unos 12.500 reos, pese a que la capacidad de esos centros es de apenas 7.000.

Lo anterior indica que un 5,7% de la población penitenciaria tiene alguna enfermedad con diferentes niveles de gravedad. La Penitenciaria Nacional de Támara Marco Aurelio Soto tiene 227 enfermos acreditados y en segundo lugar le sigue la Penitenciaria Nacional de San Pedro Sula con 174 personas con enfermedades.

Del total de afectados con algún padecimiento, 128 padecen enfermedad mental, que es la mayor afección que existe en los presidios. Pero también hay 90 personas con diabetes, 88 con problemas de corazón, 76 con hipertensión arterial, 68 con tuberculosis, 61 con VIH, 25 con ácido úrico y 2 con cáncer. Estos enfermos requieren de una alimentación especial para que sus padecimientos no se agraven, pero la dieta en las cárceles es deficiente en términos nutricionales.

Alimento. El menú es raquítico, apenas arroz y frijoles para el desayuno, almuerzo y cena porque es lo que permite el presupuesto aprobado para ese renglón dentro de la Secretaría de Seguridad.

En 2012 la partida para comida era de 11 lempiras diarios, pero en 2013 se redujo a 8 diarios, lo que contraviene recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que se debía de incrementar la disposición económica para comida de los presidiarios.

El censo de población con enfermedades sería un parámetro que se utilizaría para comenzar a ubicar a los primeros reos que se beneficiarían con esa ley, pero igualmente se piensa, en caso de que la norma se apruebe, hacer un diagnóstico más profundo para ver la posibilidad de que haya más presidiarios que puedan salir en libertad.