El sistema penitenciario de Honduras es corrupto. Esa es una de las principales conclusiones de la misión de la Comisión Interamericanade Derechos Humanos (CIDH), cuyo informe sobre la situación de las cárceles de Honduras fue presentado este viernes.

"Cuando decimos que el sistema penitenciaro hondureño es un sistema corrupto, realmente esta afirmación se basa en que la administración y gobierno de las cárceles, y los propios reclusos o las propias bandas criminales, solamente se pueden generar corrupción, violencia e impunidad", señaló Rigoberto Escobar, jefe de la delegación que visitó los centros penitenciarios del país.

Escobar fue el encargado de dar lectura al informe, que además hace hincapié en "el hacinamiento, la falta de presupuesto mínimo necesario, la falta de un marco normativo adecuado, la falta de personal penitenciario profesional, entrenado y especializado; y la falta de separación de los internos (hombres y mujeres, y entre procesados y condenados)".

Entre las recomendaciones, se advierte que "algunas situaciones exigen una respuesta urgente e inmediata".

Incendio en cárcel de Comayagua. El documento dedica un capítulo completo al caso de la Penitenciaría de Comayagua, donde el 14 de febrero de 2012 fallecieron 361 personas, destacando que "esta tragedia no fue un hecho inédito en Honduras", recordando que en 2004 murieron 107 internos en un siniestro registrado en la cárcel de San Pedro Sula.

"En ambos incendios, las autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo y no adoptaron las medidas correctivas oportunas para evitar estas tragedias", sostiene. De igual manera, destaca que el Estado de Honduras está obligado a investigar y esclarecer las denuncias que apuntan a grandes omisiones por parte de las autoridades en la prevención, control del incendio y el rescate de las víctimas.

"Esto debe hacerse con el fin de sancionar a los responsables y satisfacer el derecho de acceso a la justicia a las víctimas, también para aplicar los correctivos necesarios, a fin de asegurar que esta gravedad no se vuelva a cometer".

Se recalca que el Estado debe brindar atención médica y psicológica a los internos sobrevivientes y familiares de personas que perdieron la vida en el incendio, así como reparar a las victímas y sus familiares. El informe, que además de conclusiones contiene varias recomendaciones "orientadas a superar la crítica situación penitenciaria del país" y "retomar el control interno de todos los establecimientos penitenciarios", fue entregado al Poder Ejecutivo en un acto oficial celebrado este viernes en Casa Presidencial.