Santiago. Dando cumplimiento a su promesa de modernizar el Estado y mejorar la calidad de la política, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó la ley que reforma la Constitución de la República, fortaleciendo los cimientos de la democracia.

Bachelet aseguró que la promulgación de la Ley N° 20.414, que aborda materias de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, es "un aporte muy significativo a una tarea que nos planteamos hace tiempo, cual era mejorar la calidad de la política".

Según indica la página oficial del gobierno, la mandataria recalcó que "para que nuestra democracia tenga cimientos más firmes y que el país avance hacia el desarrollo y la justicia social, necesitamos una política que pueda responder a estos desafíos y por eso que es de tanta trascendencia el texto legal que promulgamos".

La nueva legislación obliga al Jefe de Estado, a los Ministros de Estado, Diputados y Senadores, y las demás autoridades y funcionarios que la ley orgánica constitucional señale, a declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.

Además, determinará los casos y condiciones en que dichas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.

Al respecto, Bachelet destacó que "la trascendencia de esta disposición está a la vista, Chile y su democracia necesitan que la política y los negocios estén claramente separados. Necesitamos impedir cualquier intento de aprovechar un cargo de autoridad para beneficiar los intereses propios".

La Ley promulgada establece también un sistema de elecciones primarias con resultados vinculantes que podrá ser utilizado por los partidos políticos. Según esta iniciativa, quienes no resulten elegidos en las primarias no podrán ser candidatos en esa elección.

Esta modificación a la Constitución, define además incompatibilidades y prohibiciones para los Ministros de Estado; se establece que la causal de cesación en el cargo de parlamentario opera en todos los casos en que éste actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, y se contempla una disposición transitoria, que establece la entrada en vigencia de la norma anterior.