Bogotá. Un juez condenó a 24 años de prisión a siete efectivos del Ejército de Colombia por la desaparición y posterior ejecución de cuatro civiles en el norte del país, informaron fuentes judiciales.

El fallo contrastó con las recientes decisiones de jueces que en la última semana y por vencimiento de términos dejaron en libertad a 29 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, lo que provocó cuestionamientos a los funcionarios judiciales, incluso del presidente Alvaro Uribe.

El juez del municipio de San Juan del Cesar, en el departamento de la Guajira, encontró culpables a dos oficiales, un suboficial y cuatro soldados de los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y falsedad ideológica de documento público.

La Fiscalía General informó que los hechos que investigó uno de sus funcionarios ocurrieron en abril del 2006 en el corregimiento Guamachal, cerca a San Juan del Cesar, donde fueron muertos en supuesto combate cuatro civiles.

Las víctimas habían desaparecido el 28 de marzo de ese año en la ciudad de Barranquilla, donde dos personas les ofrecieron trabajo en fincas algodoneras del departamento del Cesar y cinco días después aparecieron sus cadáveres.

El Ejército colombiano enfrenta un escándalo que involucra a más de 400 de sus integrantes por ejecuciones de cientos de civiles, la mayoría jóvenes presentados como integrantes de grupos armados ilegales muertos en combates.

De acuerdo con estadísticas oficiales, la Fiscalía General de la Nación investiga 1.000 casos con más de 1.600 víctimas.

Amnistía Internacional denunció en su último informe que en los 12 meses previos a julio del 2008 se registraron 296 ejecuciones extrajudiciales.

El escándalo provocó a finales de octubre la destitución de 27 efectivos del Ejército, incluidos tres generales, una semana después de la renuncia del entonces comandante de esa fuerza, general Mario Montoya.

Uribe asumió la presidencia en 2002 después de ganar la elección con la promesa de derrotar a la guerrilla en un país hastiado por la violencia, y fue reelegido por otros cuatro años en 2006.

El mandatario aumentó el número de efectivos de las Fuerzas Armadas, el presupuesto militar y ordenó pagar recompensas a informantes.

La ofensiva obligó a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a replegarse en apartadas zonas selváticas y montañosas, mientras se redujeron los asesinatos, las masacres, los secuestros, los asaltos a pueblos y los ataques con explosivos.

Pero, de acuerdo con grupos de derechos humanos, la presión de Uribe a los comandantes de las Fuerzas Armadas para obtener resultados en la ofensiva contribuyó al aumento de violaciones, así como de las compensaciones económicas y de los permisos especiales ofrecidos a los militares por golpear a los rebeldes.