Bogotá. En Colombia por cada arma legal hay cuatro ilegales, es decir, aproximadamente 5.200.000 en total. El mercado negro de esta mercancía se mueve en el país con tanto poder como el de droga, dejando a su paso actores armados ilegales con la capacidad de resistir a su extinción y perpetuar la violencia. Así lo determinó el reciente estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz, "Rastreo de armas: perspectivas sobre control, tráfico y uso de armas ilegales en Colombia".

Ambos fenómenos, el tráfico de droga y armas, están sobrepuestos, ya que aprovechan los mismos medios terrestres, marítimos y aéreos. Además, los narcóticos son una fuente de financiación para la compra de armas y, recientemente, un medio de pago aceptado. La existencia de este comercio, según el informe, la facilitan la internacionalización de organizaciones criminales extranjeras dedicadas a este mercado negro y la mayor presencia de agentes estatales dispuestos a vender armas sin mayores restricciones.

Debido al continuo funcionamiento de este fructífero mercado, las FARC están consiguiendo armamento ligero más sofisticado. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades de las incautaciones hechas entre 2000 y 2007, esta guerrilla tiene municiones novedosas, como miras nocturnas para contrarrestar la capacidad de operación de las Fuerzas Militares, fusiles de francotirador y armamento pesado como cohetes antitanque AT-4, un material que originalmente había sido comprado a Suecia por Venezuela.

Los hallazgos sobre el armamento de las autodefensas también son preocupantes, sobre todo porque los mismos equipos que utilizaron durante sus años de violencia están siendo aprovechados hoy en día por las Bandas Criminales al Servicio del Narcotráfico (Bacrim). Esto es posible debido a que durante el proceso de desmovilización colectiva no fue entregado el total de material bélico. De 31.671 paramilitares que se entregaron en los procesos de 2003 a 2006, sólo se recibieron 18.051 armas. Una cifra inquietante que revela que muchas confesiones de los ‘paras’ siguen pasando de agache.

¿Dónde está el resto? De acuerdo con la detallada investigación documentada por la Fundación de Ideas para la Paz, varias estructuras ocultaron parte del arsenal para recuperarlo en el futuro, bien sea por su eventual desilusión con el proceso de reintegración o por su intención de volver a organizarse. Las Bacrim han recuperado parte de este material, ubicándolo en caletas clandestinas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De las 18.051 armas decomisadas se supo que la mayoría son procedentes de Europa y Estados Unidos. Sólo 6% eran fusiles obtenidos bajo la licencia de la Industria Militar (Indumil), la entidad encargada de importar y producir armas de fuego en el país. Asimismo, se encontró que había una relativa novedad del material, lo cual indica que esta organización paramilitar continuó con sus compras ilegales incluso durante las negociaciones con el Gobierno.

A pesar de que Colombia tiene una ley bien definida para controlar el comercio de armas de fuego (artículo 223 de la Constitución) y ha tomado medidas para reducir la capacidad militar de los grupos armados ilegales, aún quedan muchos vacíos. Primero, el hecho de que no haya información oficial sobre este mercado por la dispersión de datos entre las instituciones, por la inexistencia de un sistema informativo en medio digital y por la situación jurídica de las armas incautadas. Segundo, no hay incentivos para acercarse a las autoridades y legalizar, por ejemplo, un salvoconducto vencido. Esto motiva la vinculación de los civiles con el mercado negro, aumentando el peligrosísimo subregistro del material bélico en el país.

En el caso de las masacres cometidas por los grupos insurgentes, el 80% de las víctimas son ultimadas a balazos. El tráfico ilegal de armamento también es en gran parte el responsable de los crímenes cometidos por la delincuencia común. Según el Instituto de Medicina Legal, cuatro de cada cinco homicidios son cometidos con arma de fuego. Es por eso que en ciudades como Bogotá la restricción al porte de armas de fuego contribuyó a la reducción de asesinatos, según informó la secretaria de Gobierno, Clara López: “120 homicidios en diciembre del año 2008, frente a unos 110 en 2009”.

Las cifras son elocuentes. Entre 2002 y 2008 se reportaron en Colombia 134.746 homicidios. En 103.100 casos estos decesos fueron causados por armas de fuego. El panorama es preocupante, el mercado ilegal se fortalece a través de traficantes extranjeros y rutas que las autoridades aún no han podido descifrar y  la espiral de violencia se sigue padeciendo en todos los rincones del país. Y aunque parezca absurdo, quizá una de las explicaciones de este fenómeno radique en que el número de armas legales en manos de privados supera el del total de armas en poder de organismos estatales.

Por ejemplo, un informe de la Oficina Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas dio cuenta de que la Fuerza Pública tiene 609.189 armas ligeras, que sumadas a las que poseen otras entidades como la Fiscalía, el Inpec, la DIAN o la Procuraduría dan un total de 634.261. En contraste, sumadas las armas de particulares, coleccionistas, deportistas, compañías de seguridad privada, entre otros, se calcula que existen 662.666 armas ligeras. Eso, claro, dentro de las cuentas del material bélico que se mueve en la legalidad. El mercado clandestino tiene números peores.

Finalmente, el estudio realizado por los investigadores Nicolás Urrutia, Miguel Ortega y Gustavo Andrade concluye que un gran número de fusiles y pistolas usadas por las autodefensas eran de origen extranjero, la mayoría fabricadas en Europa o bajo licencia de casas matrices del Viejo Continente. En concreto, se habla de que 27% de las armas que entregaron tras su desmovilización provenía de países como Bulgaria, Hungría, Bélgica, Alemania, entre otros. Los paramilitares, en total, devolvieron 4.883 armas europeas. El mayor porcentaje de ellas estaba en el bloque Norte, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.