Washington. Una dura advertencia hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno de Venezuela, al indicarle que garantizar a los ciudadanos los derechos a salud, educación y cultura, no debe ir en desmedro de otros derechos fundamentales.

Además critica las restricciones y obstáculos impuestos a la oposición para ejercer en igualdad de condiciones su opción política.

En su informe "Democracia y Derechos Humanos en Venezuela", el organismo indicó que "En aras de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales”.

El documento agrega que “los derechos humanos constituyen un todo indisoluble y, conforme señala la Convención Americana en su preámbulo, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos".

El texto de la CIDH tiene 300 páginas, en las cuales se reconocen los logros del gobierno de Hugo Chávez en materia de políticas sociales como la lucha contra el analfabetismo, la instalación de una red primaria de salud, la distribución de la tierra y la reducción de la pobreza, indicó El Universal.

Sin embargo, acompañado de esto, la entidad denuncia la vulneración de garantías fundamentales como el derecho a la vida, por medio de los ajusticiamientos policiales y la creciente inseguridad.

Asimismo afirma que se ha afectado la libertad de expresión, a través de casos como la revocatoria de los permisos para transmitir a 30 emisoras de radio y la amenaza que pesa sobre otras 200.

En materia judicial la CIDH llama la atención respecto a la falta de independencia del Poder Judicial, que se observa debido a la provisionalidad de jueces y fiscales.

Situación de la democracia. El organismo indica que de acuerdo a los antecedentes recolectados “la Comisión ha identificado varios aspectos que contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela y han tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana”.

En el caso de las elecciones, se enfatiza que si bien hay comicios en forma periódica “existen obstáculos que afectan la igualdad de condiciones de los candidatos de la oposición política para ser elegidos, así como también ciertas limitaciones que perjudican el ejercicio del poder por parte de las autoridades electas por voto popular, cuando esas autoridades no son parte del oficialismo”.

Sostiene que “la CIDH considera preocupante que, a través de mecanismos como la inhabilitación política de candidatos o la modificación de competencias de ciertas autoridades hasta vaciarlas de contenido, se haya restringido los derechos políticos a quienes mantienen una línea crítica del gobierno”.

Asimismo, llamó la atención sobre la situación que enfrentan los opositores. “La CIDH nota que no sólo en el marco de las contiendas políticas se establecen restricciones para quienes se identifican con la oposición, sino que en general los ciudadanos y organizaciones que hacen público su disenso con las políticas del gobierno son víctimas de represalias, intimidación, descalificación, exclusión, discriminación laboral y, en algunos casos, incluso son perseguidos por la justicia y privados de su libertad. Así, las represalias al disenso han dejado a ciertos sectores de la sociedad sin instrumentos para defender sus intereses, protestar, criticar, proponer y ejercer su rol fiscalizador dentro del sistema democrático”.

En este contexto el organismo recomendó a Venezuela “garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas, independientemente de su posición frente a las políticas del gobierno y adoptar las medidas necesarias para promover la tolerancia y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos”.

Asimismo llamó al gobierno a “abstenerse de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política y garantizar la pluralidad de espacios para el ejercicio democrático, incluyendo el respeto a las movilizaciones y protestas que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica”.

Sin poder concretar un visita. La CIDH señaló que elaboró el informe sin poder realizar una visita de observación a Venezuela, pues el gobierno no lo aprobó.

La última visita la hizo en mayo de 2002.

Para la comisión “el hecho de que hasta la fecha el Estado se haya negado a permitir una visita de la CIDH no sólo afecta las facultades asignadas a la Comisión como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que debilita seriamente el sistema de protección colectivo creado por los Estados Miembros de la Organización”, indica el comunicado del organismo.