No cabe duda, considerando el proceso de izquierdización que nuestra región ha vivido durante la última década, que la derrota en la elección presidencial que sufrió la coalición de gobierno en Chile, la Concertación de Partidos por la Democracia, remeció el escenario político nacional y regional.

Estos días han permitido y generado los más variados análisis, tanto de la Concertación como de la Alianza por el Cambio -ésta último, el conglomerado que encabeza el presidente electo, Sebastián Piñera-, e incluso de la más variada fauna de politólogos y analistas internacionales y nacionales. Los argumentos que más se han mencionado han sido el desgaste de los 20 años de gobiernos de la Concertación, la división interna de los partidos de esta coalición, el voto de castigo de la clase media, el cansancio de la sociedad frente del aparataje construido por los operadores políticos; que no se pudiera ordenar al conglomerado de gobierno; la falta de primarias abiertas y transparentes, y simplemente que el candidato oficialista, el senador y ex presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, no era la mejor opción.

Sin embargo, pensando en la rearticulación y/o refundación de lo que hasta el 11 de marzo de 2010 será conocido como la Concertación -ese día se producirá el traspaso de mando, entre Michelle Bachelet, la mandataria saliente, y Sebastián Piñera, quien asumirá por cuatro años en el Congreso Nacional en Valparaíso-, también hay planteamientos que deben ser considerados para los procesos eleccionarios de 2014 y, probablemente- de 2018 (y quizás más).

Desde esta perspectiva, luego de las elecciones, existen tres mensajes que quedaron fuerte y claramente expresados para los electores chilenos que, desde marzo de 2010, se transformarán en miembros de la “oposición”.

Primero, y más allá de la importancia y dureza del tema, así como de su significado emocional, quienes formen la nueva oposición deberán aceptar que la bandera política del uso de los atropellos a los derechos humanos ha llegado a su fin. La búsqueda del voto sobre la base de este argumento no podrá seguir como pilar del discurso político en Chile.

No hay duda que los gobiernos de la Concertación trabajaron, y con éxito, el reconocimiento y condena de las atrocidades cometidas entre 1973 y 1989 -periodo en que en Chile se erigió el gobierno de facto de Augusto Pinochet-. Así lo demuestra el que aún los casos que involucran a ex militares y agentes de seguridad sigan el camino judicial, sin haber permitido la instauración de una ley de punto final.

El reconocimiento de los hechos quedó plasmado en la construcción del Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, ubicado en el Cementerio General de la capital chilena. Sin embargo, este eficiente trabajo ha dejado de cohesionar a los votantes oficialitas. En otras palabras, el respeto a los derechos humanos se transformó en una temática de carácter transversal a nuestra sociedad. Así, dada la circunstancia que sea, hoy existe una conciencia colectiva de que estos actos no pueden volver a ser cometidos, y -dado el triunfo de la derecha- que el tema ya no tiene el mismo significado en la agenda política.

El segundo mensaje que aflora luego de esta reñida elección presidencial –Freí sacó el 48,6% de los votos en segunda vuelta, y Piñera 51,4%-, es que el éxito económico no es un problema, sino un objetivo a seguir y alcanzar. En esencia, 36 años de neoliberalismo han cambiado la mentalidad de los chilenos. Así, cada ciudadano es un microempresario con una meta clara: llegar a ser su propio jefe, y por qué al mando de una empresa, una aspiración arraigada en lo más profundo de la mentalidad nacional (es como diría un amigo, la típica fábula de la hormiga).

No hay que olvidar que incluso se popularizó el concepto de “microempresario”. De este modo, competitividad y creatividad son la base de una sociedad que ha sido, sin consulta alguna, subida (por los Acuerdos de Libre Comercio) a la lógica del mercado global. Hoy, estos actores de la economía podrían sentirse identificados por el presidente electo. Bajo este análisis, pondríamos decir que el país está compuesto principalmente por “emprendedores”.

En este sentido, considerando la imposibilidad de haber resuelto durante los gobiernos de la Concertación el tema de la distribución del ingreso, es un desafío intentar el éxito económico y no una vergüenza. El individualismo generador de riqueza -desde que no hay desarrollo sin crecimiento- llegó para quedarse.

Tercero, el Estado como actor económico pareciera no ser del todo reconocido. El discurso de más Estado per se no parece, en la forma en que lo presentó la Concertación, ser suficientemente seductor. En esencia, no sólo es más Estado, sino que un Estado más eficiente y meritocrático. Articulador (no interventor) de las oportunidades que el mercado global permite. Desde esta perspectiva, la Alianza por el Cambio hizo ver esta diferencia de mejor manera que la coalición gobernante. Por eso no cabe duda que el nuevo referente (o referentes) de la oposición deberá trabajar más sobre la idea de un Estado creador de oportunidades, en el contexto del mercado global.

Desde esta perspectiva, luego de 20 años, la Concertación chilena no pudo resolver el dilema de cómo (utilizando los mejores 10 años de crecimiento económico de las década de los 90) dar el paso desde lo que defino como “competitividad vacía”, a una “competitividad próspera”. Aunque los ejemplos de la rearticulación del rol del Estado proactivo, en nombre de un proceso de reindustrialización, sobraban en el mundo desarrollado, nunca se replicaron.

Mundialmente, en su extensión y profundidad, se podría haber imitado experiencias tales como la de Nueva Zelanda (Growth and Innovation Framework), Australia (Backing Autralia’s Ability), Noruega (Norwegian Innovation Policy), Canadá (Canada’s Innonation Strategy), e Ingraterra (UK Government Envisions), entre otros.

Pensando en 2014, cuando se realice la próxima elección presidencial en Chile, no hay duda que lo discursivo, el exitismo económico y la idea del Estado deberán sufrir un reordenamiento ideológico. La necesidad de desarrollar una nueva generación de actores políticos -que como nunca antes entienden y utiliza la tecnología y que viajan e interactúan con sociedades denominadas “desarrolladas”-, demandará una oposición más globalizada e interconectada con los nuevos temas que hoy dominan el mundo.

Así, todo indica que el proceso de recomposición y rearticulación demandará algo más que cuatro años. El desafío, entonces, no es volver lo antes posible, sino que saber volver.