La elección de Óscar Fernando Chinchilla como fiscal general del Ministerio Público y la de Rigoberto Cuéllar como fiscal adjunto fue calificada como de absurda y dictatorial, sencillamente una “cachurecada”.

El acto se produjo en el Congreso Nacional la aciaga madrugada del primer día de septiembre de 2013, justamente por 90 “padres de la Patria”, entre ellos 10 que fueron considerados “traidores” a la línea del Partido Liberal, que estaba en contra de esa elección por “ilegal”.

Chinchilla y Cuéllar fueron electos fiscal general y fiscal adjunto, respectivamente, para el período 2013-2018, en el marco de un proceso -según denuncias de sectores políticos- viciado de inconsistencias desde su génesis, en una kilométrica sesión en horas de la madrugada del domingo.

La oposición. El argumento de los 38 diputados que votaron en contra es que no le correspondía a este Congreso Nacional elegir por cinco años a los titulares del Ministerio Público, sino por el período que correspondía constitucionalmente a los renuciantes, Luis Alberto Rubí y Roy David Urtecho, que vacaban en sus cargos el 14 de marzo de 2014.

Por otra parte, el proceso de selección de candidatos estuvo plagado de cuestionamientos desde un principio, según algunos sectores.

A mitad del proceso de selección, tres miembros de dicha Junta (la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos; el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio y el representante de la organización no gubernamental APJ, Carlos Hernández), abandonaron el mismo.

Estos tres representantes rechazaron que todos los que cumplieran con los requisitos constitucionale se sometieran a las pruebas específicas (sicométricas, polígrafo).

La primera decisión que había tomado la Junta de Proponentes era una evaluación gradual de los autopropuestos. Ante el retiro del Comisionado, de la representación de la UNAH y de la ONG, la Junta quedó formada por cuatro representantes: los dos de la Corte Suprema de Justicia, el del Colegio de Abogados y el de las universidades privadas.

Esta Junta envió al Congreso Nacional su nómina, integrada por los abogados Rigoberto Cuéllar, Ivis Antonio Discua Barillas, Rolando Argueta Pérez, Óscar Fernando Chinchilla y María Antonia Navarro Bustillo.

Estos profesionales acudieron la mañana del sábado al Congreso Nacional para someterse a un proceso de audiencias públicas por una comisión de diputados de diferentes partidos.

En el proceso de audiencias públicas, uno de los nominados, el ex magistrado Ivis Discua, denunció que la elección del fiscal general y fiscal adjunto fue decidida una noche anterior por la cúpula del Partido Nacional.

“Nada estamos haciendo cuando ya sabemos quién va a ser el fiscal general y lo digo con convicción, porque a la clase política de este país no le interesa Honduras, ellos quieren protegerse y necesitan tener gente que sea afín a ellos, que les permita que hagan actos de corrupción y nosotros no estamos dispuestos a tener un acto de esa naturaleza”, declaró.

Kilométrica jornada. Tras doce horas de cabildeos y negociaciones, que iniciaron la mañana del viernes, el Congreso Nacional eligió a Óscar Fernando Chinchilla como nuevo fiscal general del Estado y a Rigoberto Cuéllar como fiscal adjunto.

La votación se produjo a eso de la 1:21 de la madrugada del domingo. Como antesala, y para corroborar que el oficialismo tenía asegurada una mayoría calificada, el Partido Nacional maniobró a través del diputado Rodolfo Zelaya que presentó una moción orientada a pedir que en un plazo de 24 horas, el coordinador de fiscales del Ministerio Público informara qué acciones ha hecho contra aquellos fiscales que son mencionados en un informe de la Junta Interventora coludidos con el crimen organizado y actos de corrupción.

Mayoría con 88 votos. La moción sirvió para alargar el tiempo y cansar aún más a los diputados, dar lugar a que los grupos de activistas apostados en los bajos del Palacio Legislativo se rindieran y regresaran a sus casas y, sobre todo, medir la correlación de fuerzas para asegurar si estaban firmes las tres cuartas partes de votos.

A la hora de la votación, el oficialismo obtuvo 90 votos. Los diputados del ala nacionalista saltaron de felicidad. La moción en la que se propuso a Chinchilla y a Cuéllar como nuevas autoridades del Ministerio Público la presentó el diputado nacionalista Mario Pérez.

El presidente en funciones Mauricio Oliva solo permitió el uso de la palabra a los jefes de bancada y apresuradamente solicitó la votación.

Aunque el presidente en funciones, en una confusa recolección de datos, informó que los votos a favor fueron 90, los miembros de la crónica parlamentaria presentes en el hemiciclo constataron que los votos a favor fueron 88 y 40 los votos en contra.

Seguidamente, y bajo una gran algarabía, los ‘‘diputados ganadores’’ procedieron a entonar el Himno Nacional de Honduras, que coincidía con el inicio de las fiestas patrias. Los liberales se retiraron del salón y solo quedó el grupo de disidentes que votaron a favor. “Cachurecada” El primero en hacer uso de la palabra fue el diputado liberal Ángel Darío Banegas, quien dijo no estar de acuerdo con la iniciativa y calificó la elección como “una cachurecada’’.

El jefe de la bancada liberal, Yani Rosenthal, dijo que no acompañaban la moción. ‘‘Desde un inicio criticamos la forma como se dio el proceso de selección desde la Junta Proponente y en consonancia con nuestro candidato, Mauricio Villeda, estamos en contra de esta elección’’.

Por su parte, el diputado del Partido de Innovación y Unidad (Pinu), German Leitzelar, se manifestó en iguales términos. El nacionalista Daniel Flores sostuvo que ‘‘todos los que estamos votando lo estamos haciendo con responsabilidad.

No podemos taparnos los ojos ante la inoperancia del Ministerio Público, se trata de una decisión basada en el futuro del país’’, dijo. Tras la votación, se cerró la sesión y 20 minutos después se ratificó el acta para dar paso a la juramentación de los electos.

Chinchilla y Cuéllar juraron con una mano alzada y la otra sobre la Constitución cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eran, entonces, las 2:18 de la madrugada. Un final, pero en realidad el inicio de una era de cinco años para dos funcionarios electos que tendrán como principal misión enfrentar la impunidad. Intensa y polémica jornada

El sábado fue un intenso día en la cámara legislativa, que empezó con audiencias públicas a los cinco nominados. Mientras en los bajos del Congreso, activistas del Partido Liberal y de Libre llegaron a protestar contra el proceso de elección.

La sesión, que se suspendió al mediodía de ayer, se reanudaría a las dos de la tarde; sin embargo, se reinició casi a las once de la noche. Durante este tiempo se produjeron intensos cabildeos con diputados de diferentes bancadas y en algún momento se dijo que el Partido Nacional no contaba con los suficientes votos para elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto.

Algunos legisladores señalaron que hubo "reuniones secretas" en las que habría estado participando un miembro del gabinete de gobierno. "Lo que nos demuestra, lo que podemos estar seguros, es que Juan Orlando Hernández ya perdio las elecciones", dijo la diputada del Pinu, Delmy Ordóñez. "Quieren dejar blindado todo para un grupo que todo mundo conoce", expresó.