Bogotá.  La Corte Suprema de Justicia de Colombia negó la extradición a Estados Unidos de un acusado narcotraficante y ex comandante paramilitar, ratificando su cambio de posición después de que en el pasado autorizó entregas de antiguos jefes de esos escuadrones.

La sala penal del tribunal informó que Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario", no puede ser entregado a Estados Unidos para ser procesado por narcotráfico hasta que no pague sus crímenes en Colombia y colabore con la reparación de víctimas.

Hasta hace un año, la corte autorizó extradiciones de antiguos líderes paramilitares sólo con el compromiso de Washington de permitirles continuar colaborando con la justicia colombiana para esclarecer sus crímenes.

Rendón Herrera, acusado de dirigir a una poderosa organización que envió cargamentos de cocaína a Estados Unidos, hizo parte de los escuadrones paramilitares que depusieron las armas y se desmovilizaron en una cuestionada negociación de paz con el gobierno del presidente Alvaro Uribe.

Alias "Don Mario" no acató el llamado del gobierno para que, como parte de la negociación, los ex jefes paramilitares se confinaran en una cárcel y se sumió en la clandestinidad para continuar con sus actividades ilícitas.

El acusado narcotraficante confesó recientemente ante la justicia los nexos de oficiales de las Fuerzas Militares con esos escuadrones en medio de la guerra contra la guerrilla izquierdista en diferentes regiones del país.

El gobierno de Uribe extraditó a Estados Unidos en mayo del 2008 a los principales ex comandantes paramilitares para que respondieran por cargos de narcotráfico, pese a que la mayoría había confesado crímenes cometidos en Colombia.

Algunos de los ex comandantes paramilitares extraditados han seguido colaborando con la justicia colombiana desde Estados Unidos, revelando los nombres de efectivos de las Fuerzas Armadas y empresarios que los apoyaron en su lucha contra la guerrilla.

El gobierno argumentó cuando los extraditó que habían incumplido compromisos de no volver a cometer delitos, de confesar sus crímenes y de indemnizar a las víctimas.

Los escuadrones de ultraderecha, acusados de masacrar a miles de civiles en medio de su guerra contra la guerrilla, surgieron en la década de 1980 con el apoyo económico de ganaderos, terratenientes, comerciantes y empresarios, para defenderse de los ataques de los rebeldes de izquierda.