Bogotá. La Corte Constitucional de Colombia revisará el acuerdo que firmó el Gobierno del presidente Alvaro Uribe con Washington y que permite por 10 años el acceso a militares estadounidenses a siete bases del país sudamericano para combatir el narcotráfico y el terrorismo.

El tribunal que admitió una demanda del polémico acuerdo firmado a finales de octubre podría declararlo nulo, suspender su aplicación hasta que el Congreso lo apruebe o ratificarlo por completo, explicaron el sábado fuentes judiciales.

El convenio que desató fuertes críticas de gobiernos de izquierda en América Latina también provocó una crisis en las relaciones diplomáticas de Colombia y Venezuela.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, denunció que desde las bases colombianas, Estados Unidos busca tener una plataforma militar para invadir a su país, asesinarlo y frenar la revolución que impulsa a favor de los más pobres.

Actualmente, 800 militares y 600 contratistas de Estados Unidos tienen autorización para permanecer en Colombia apoyando operaciones contra el narcotráfico y la guerrilla izquierdista, cifra que se mantendrá con el convenio que según Bogotá y Washington entró en vigencia con la firma.

De acuerdo con la demanda que admitió estudiar la Corte Constitucional, el tratado debió ser aprobado por el Congreso a través de una ley enviada posteriormente al tribunal para que emitiera un fallo sobre su legalidad antes de entrar en vigencia.

El Gobierno de Colombia sostiene que no se trata de un nuevo acuerdo si no la extensión de convenios firmados desde 1974, por lo que la demanda carece de fundamentos jurídicos y la Corte Constitucional no tiene competencia para estudiarla.

Antes de la firma del acuerdo, el Consejo de Estado emitió un concepto en el que recomendó al Gobierno de Uribe tramitarlo a través del Congreso.

El Gobierno se limitó a informar al Congreso del convenio y procedió a firmarlo.

La Procuraduría General de la Nación hizo observaciones al acuerdo antes de la firma y pidió revisar la inmunidad del personal estadounidense en Colombia.

Otro de los argumentos del Gobierno de Uribe para no someter el convenio a la aprobación del Congreso es que éste no implica tránsito de tropas extranjeras.

Estados Unidos es el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales vinculados en esa ilícita actividad. Desde el 2000 ha entregado a Bogotá más de 6.000 millones de dólares.

Chávez, el más fuerte crítico de Estados Unidos en la región, ordenó llevar a cero el comercio con Colombia de más de US$7.000 millones anuales, en medio de la crisis diplomática.

Uribe, el más importante aliado de Estados Unidos en América Latina, sostiene que el acuerdo militar con Washington es para combatir el narcotráfico, el terrorismo y no autoriza la agresión desde Colombia a terceros países.