Bogotá. La Corte Suprema de Colombia denunció un plan para atemorizarla y tratar de evitar que continúe con sus funciones, luego que circularon rumores de planes para asesinar a tres magistrados.

El tribunal tiene a su cargo las investigaciones sobre los supuestos nexos de congresistas aliados al gobierno del presidente Alvaro Uribe con desmovilizados escuadrones paramilitares de ultraderecha, incluido un primo del mandatario que está actualmente encarcelado.

También avanza en un proceso contra un hermano del ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia.

"Se prolonga así la estrategia de amedrantamiento en el vano intento de doblegar la inquebrantable voluntad de la Corte Suprema de Justicia de cumplir sus responsabilidades frente a la sociedad, la Constitución y la ley", dijo el tribunal en un comunicado expedido el jueves en la noche.

La corte ha tendido varios enfrentamientos con la administración de Uribe, que van desde denuncias de presiones hasta la decisión de magistrados de no elegir a un fiscal de una terna presentada por el mandatario.

El tribunal responsabilizó al gobierno por la seguridad de los 23 magistrados que lo integran y de sus familias.

"Ante la comunidad nacional e internacional deben responder las autoridades encargadas de nuestra seguridad y la de nuestras familias; responsabilidad que se extiende a la propia vigencia de la democracia, pues los hechos conocidos atentan contra la integridad y existencia de uno de los poderes constituidos, con lo cual minan el Estado de Derecho", agregó.

El jueves circularon versiones sobre la captura de dos hombres armados en un sector exclusivo del norte de Bogotá, donde residen tres magistrados, porque supuestamente tenían planes de asesinarlos.

Pero el ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo desconocer la existencia de un plan para atentar contra los magistrados que, según las versiones no confirmadas, vendría orquestado por antiguos líderes de los paramilitares.

Sin embargo, el gobierno ordenó a la Policía Nacional redoblar todos los esquemas de seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de sus familias.

En el pasado, el poder judicial ha sido objeto de ataques de la guerrilla colombiana y de grupos del narcotráfico.

En 1985 un comando de la guerrilla del M-19, financiado por el extinto narcotraficante Pablo Escobar, asaltó el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá.

El Ejército respondió al ataque y lanzó una operación de rescate en medio de la cual se desató un incendio que consumió la edificación y dejó más de un centenar de muertos, incluidos varios magistrados.