La reducción en las denuncias no necesariamente es reflejo de una merma en la criminalidad si no que, por el contrario, puede ser una muestra de que la población dejó de interponer denuncias porque no confía en la autoridad a la que todavía considera que está contaminada con la corrupción.

Al menos eso se puede deducir de lo que establece un estudio del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que indica que la población se encuentra escéptica sobre la transparencia de los operadores de justicia, principalmente la Policía Nacional y el Ministerio Público.

“El 80% de las víctimas de un delito no denuncian el hecho ante las autoridades por considerar que es una pérdida de tiempo, por no tener pruebas, por los trámites largos y difíciles, por desconfianza en la autoridad, por miedo al agresor y por miedo a que lo extorsionen”, dice el reporte. “Los estudios victimológicos permiten estimar lo que se conoce como cifra negra, que no es más que el número y tipo de delitos cometidos en contra de las personas de todas las comunidades, pero que vuelven invisible e insensible la terrible experiencia porque ya no la denuncian”, explicó Ramón Custodio, titular del Conadeh.

Según un informe de la Secretaría de Seguridad, en el transcurso de los tres años y 8 meses de gestión del presidente Porfirio Lobo se ha reportado una dramática reducción de denuncias en 15 tipos de hechos criminales.

El ministro de Seguridad, Arturo Corrales, sostiene que “hay una correlación entre lo denunciado y no denunciado. Si se ha reducido el número de lo denunciado es lógico que se reduce lo no denunciado”.

La tasa de homicidios en 2012 en Honduras fue de 85,5 por cada 100 mil habitantes, producto de las muertes violentas de 7.172 personas, y para 2013 se proyecta que se cerrará con una tasa de 80 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a las proyecciones del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Por ejemplo, de enero a agosto de 2013 solo se ha registrado la denuncia de un asalto en un bus, pese a que los usuarios constantemente se quejan de que son víctimas de los antisociales. Mientras, en 2010 hubo 69 secuestros denunciados, cifra que bajó a 37 en 2011, pero luego se incrementó a 79 en 2012. Y finalmente en los primeros 8 meses de 2013 las denuncias de secuestros fueron 49.

En total los secuestros denunciados en la administración Lobo son 234. En robos a viviendas, robos a bancos, robos de celulares y otros también hay una merma de denuncias de hasta un 50%. Otro dolor de cabeza de la ciudadanía ha sido el robo de celulares, crimen que según Seguridad fue denunciado en 1.500 veces en 2010 y en lo que va de 2013 solamente han habido 980 denuncias de ese tipo. Y así en otros 12 diferentes hechos delincuenciales, la Secretaría de Seguridad dice que hay una curva descendente en la estadística de denuncias.

Impunidad. El Conadeh apunta que además del temor de la gente a sufrir extorsión por parte de la autoridad, tampoco denuncia debido a que cree que su caso jamás será sometido a la justicia.

“Otra es la impunidad, que se manifiesta cuando la persona no denuncia algún delito que se ha cometido, ya sea por miedo, ignorancia, indiferencia o desconfianza en las autoridades; cuando el policía no detiene por ineficacia, incapacidad, complicidad o desconocimiento; cuando el Ministerio Público y el juez no hacen correctamente su trabajo, entre otros casos”, opinó Ramón Custodio, titular del Conadeh.

Crímenes alarmantes. Para el ex fiscal general, Edmundo Orellana, es motivo de “hilaridad” (risa) que solo haya una denuncia de asalto en buses cuando casi a diario hay quejas o noticias de robos dentro de unidades de transporte.

“Eso que ha habido una denuncia será que es la única que ha llegado, pero será que no leen los periódicos”, enfatizó.

Consideró poco creíble que la reducción en denuncia implique que hay menos criminalidad porque la gente sigue viviendo temerosa de andar por las calles y ser víctima de algún atraco. “Se registran hechos delictivos a niveles alarmantes... es un hecho indiscutible, los periódicos, los medios informativos radiales dan cuenta de todos los hechos delictivos a nivel nacional, de hechos como secuestros, masacres”, aseguró.

Orellana dijo que es posible que la Secretaría de Seguridad pretenda dar la impresión de una mayor eficiencia en el control del delito en base a anuncios de cambios en los puestos de mando en la Policía Nacional. Que sea cierto que hayan bajado las incidencias de delitos solo sería posible como producto “de un efecto mágico” y “ese tipo de información lo único que hace es poner en ridículo a las autoridades”. ¿Usted interpondría una denuncia? se le preguntó a Edmundo Orellana y con una pisca de ironía respondió: ¡Je, je, je!, en las actuales condiciones no”.

A su juicio, el gobierno no ha prestado interés en resolver la problemática de pobreza y desempleo, factores que inciden para que la violencia se dispare. Pero tampoco el Ejecutivo tomó decisiones oportunas para depurar la Policía Nacional y eso generó que la violencia se desbordara.

“Yo creo que ha habido ausencia de voluntad política para atacar el problema real”, expresó. No obstante, reconoció que la Policía Nacional ha demostrado algún grado de efectividad en la desarticulación de bandas de extorsionadores y solución de algunos secuestros en base a labores de investigación. Según la Policía Nacional, al menos 17 bandas de extorsionadores han sido desarticuladas y unos 300 miembros de estas organizaciones han sido procesados en los juzgados.

“Esto indica que la Policía está haciendo un trabajo que hasta hace algún tiempo no estaba haciendo”, opinó el profesional del derecho. Igualmente le dio crédito al órgano policial por la enorme cantidad de bienes incautados desde la semana pasada en la zona norte.

Homicidios. Otro problema serio al que no se le pudo dar una respuesta contundente es al de los homicidios. Si bien los casos de muertes violentas han mermado un poco, este fenómeno sigue galopante y castigando con sangre a Honduras.

La tasa de homicidios en 2012 en Honduras fue de 85,5 por cada 100 mil habitantes, producto de las muertes violentas de 7.172 personas, y para 2013 se proyecta que se cerrará con una tasa de 80 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a las proyecciones del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

2013 fue declarado como el Año contra la Violencia. El Poder Ejecutivo declaró 2013 como el Año contra la Violencia, una manifestación que quedó en simple retórica. La declaración se hizo en el primer Consejo de Ministro de este año que se celebró el 8 de enero de 2013.

El entonces ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, presentó la propuesta de decreto para la declaratoria a fin de que se pusieran en marcha varias estrategias para la prevención de delitos y muertes violentas en Honduras.

Todo quedó en un deseo plasmado en un papel porque la ciudadanía sigue siendo presa de diferentes tipos de delitos y que la autoridad ahora asegura que se han reducido en base a la cifra de denuncias presentadas. Cuando ese decreto fue aprobado, la ministra de la Presidencia, María Guillén, conminó a todas las instituciones, ministerios y entidades descentralizadas y desconcentradas a que propusieran acciones para atacar la delincuencia.

Recordó Guillén en ese momento que el país cuenta con el apoyo económico de US$100 millones en programas como Barrio Seguro, financiado por el Banco Mundial, y Municipios más Seguros, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que debían de ser reforzados con nuevas iniciativas de los funcionarios.

Pero los ministros parece que no cumplieron la tarea, pues no hay registro de que alguna entidad (aparte de Seguridad, Defensa y DD HH) hayan hecho pública alguna recomendación al respecto.

Lo único que sí tuvo frutos en esa sesión ministerial fue la queja de muchos ministros que pusieron el tela de duda el papel de la cobertura de hechos violentos de los medios de comunicación.

Posteriormente hubo un ataque del director de Casa de Gobierno y el Congreso Nacional en contra de la prensa y que casi desemboca en leyes que iban a coartar la libertad de expresión. Así, de los acuerdos para frenar la violencia establecidos en la declaratoria, el gobierno solo enfiló sus baterías en contra de la prensa.