El lunes, cerca de las 23:00, la Comisión de Biodiversidad aprobó el informe de segundo debate de la resolución que viabiliza la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, haciendo una reestructuración de los textos e incluyendo la obligatoriedad del Ejecutivo de cumplir con la consulta previa a las comunidades afectadas.

Con la presencia de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga (AP), y el segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Virgilio Hernández (AP), ocho miembros oficialistas de la Comisión votaron a favor del informe, mientras que Pepe Acacho (PK) votó en contra. No estuvieron César Solórzano y Arcadio Bustos, de SP.

El documento, que será debatido este jueves, a partir de las 09:00 en el pleno de la Asamblea, contiene 56 páginas y divide a la resolución en seis partes: aceptación de la petición presidencial, exclusión de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) de las actividades extractivistas, destino de los recursos que se obtengan de la explotación de los bloques, solicitud al Ejecutivo para que envíe el proyecto de Ley de Régimen Especial para la Amazonía y el Código Ambiental en este periodo legislativo, procesamiento del crudo fuera del área del ´parque y solicitud al Ejecutivo para que promueva una política regional para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario.

El oficialismo incluyó en el punto siete del primer apartado que el Ejecutivo deberá cumplir con el procedimiento de la consulta previa, libre e informada, como parte de los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que están en el área, sobre los planes y programas de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables que constan en la declaratoria, según consta en la Constitución vigente.

Cuando se habla de que se cumpla con los máximos estándares ambientales, el primer informe sostenía que esto se haga en la prospección, explotación y exploración, pero el segundo informe elimina la primera palabra y, al final, incluye la “fase de abandono”.

Ximena Ponce (AP) resaltó que la declaratoria mantiene que la estatal Petroamazonas sea responsable de la operación dentro de esos campos; de hecho, ya opera en el bloque 31. Según el oficialismo, esta es una forma de garantizar el menor perjuicio en el área.

El asambleísta Diego Salgado (CREO), en cambio, insistió en que la declaratoria se contrapone al artículo 57 de la Constitución que sostiene: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva”.

La Comisión de Biodiversidad sistematizó 42 intervenciones en el pleno y 31 observaciones por escrito remitidas hasta el pasado miércoles. Pero en su mayor parte el texto mantiene el contenido original.