Bogotá, EFE. Los negociadores del gobierno colombiano viajaron este lunes a Cuba donde este martes volverán a la mesa de negociaciones con las FARC para tratar de poner fin a medio siglo de conflicto armado, esta vez a la sombra de las difíciles relaciones de Colombia con Venezuela, país "acompañante" del proceso.

La delegación oficial, encabezada por el ex vicepresidente Humberto de La Calle, partió este lunes del aeropuerto de Bogotá, confirmaron a Efe fuentes oficiales.

Las partes tienen previsto reunirse en el Palacio de Convenciones de La Habana para empezar a tratar el punto de la participación política, uno de los más espinosos de los cinco de la agenda de negociaciones porque implica la incorporación de la guerrilla al sistema democrático.

"No puede continuarse una guerra de otros 50 años de venganza en venganza, y cerrar la guerra es entregar las armas, desmovilizarse y cambiar las armas por la participación política, así que este punto es fundamental", dijo el presidente del Senado, Roy Barreras, a la radio RCN.

El gobierno ha mantenido silencio sobre la nueva fase de negociaciones, a la que se llega después de conseguir un primer acuerdo sobre la cuestión de la tierra, el pasado 26 de mayo, mientras que las FARC parecen estar más pendientes de las tensiones entre Colombia y Venezuela.

La relación bilateral se tensó en las dos últimas semanas por la dura reacción del gobierno venezolano a la entrevista del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con el líder opositor de ese país Henrique Capriles y por el anuncio del mandatario de que Colombia va a iniciar un "acercamiento" a la OTAN.

"En el limbo se encuentran los diálogos de La Habana por cuenta del hombre que quiere pasar a la historia como el presidente que logró la paz en Colombia", dijeron las FARC en un comunicado el pasado viernes en el que cuestionaron las actuaciones de Santos.

Desde la visita de Capriles el gobierno de Venezuela ha amenazado con retirar a su representante en los diálogos de La Habana, Roy Chaderton, y denunciado que en Colombia se fraguan supuestas "conspiraciones" en su contra, algo que hoy reiteró el presidente Nicolás Maduro.

El mandatario, que convocó para este martes, justo el día en que se reanudan los diálogos en Cuba, una sesión del Consejo de Estado que debe definir "de manera central" las relaciones con Colombia, habló nuevamente de "conspiración" a raíz de la detención en su país de nueve personas supuestamente vinculadas con grupos paramilitares colombianos.

Analistas consultados por Efe consideran sin embargo que las FARC, por muy alineadas que estén con el gobierno venezolano, no van a abandonar la mesa de negociaciones aunque se produzca un deterioro de la relación entre Caracas y Bogotá.

"Los diálogos de paz son independientes de los altibajos de las relaciones entre Colombia y Venezuela", dijo a Efe Alfredo Rangel, director del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda.

Según Rangel, "las FARC eventualmente podrían dilatar un poco las conversaciones como una señal de solidaridad suya con el gobierno venezolano", pero no cree que vayan a levantarse de la mesa por el coste político que eso supondría.

Desde que se inició el diálogo, el 19 de noviembre pasado, las relaciones entre Colombia y Venezuela no habían estado tan difíciles como ahora y las amenazas parecen multiplicarse.

El ex vicepresidente de Venezuela José Vicente Rangel aseguró este domingo que "venezolanos de la oposición" firmaron un contrato de compra de 18 aviones de guerra que serán llevados próximamente a una base militar de EE.UU. en Colombia.

Capriles calificó de "chiste" la denuncia y dijo que una historia como esa es "sólo posible en una mente retorcida y oscura como la de ese nefasto personaje", mientras que el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, sugirió que el país pida a la ONU una verificación de esa acusación.

Mientras los dos países resuelven sus diferencias, el gobierno y las FARC ponen sobre la mesa la participación política, que se divide en tres apartados.

El primero abarca los "derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final" de paz, así como el acceso de estos grupos a los medios de comunicación.

El segundo definirá "mecanismos democráticos de participación ciudadana" y el tercero, "medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores", para lo cual la guerrilla quiere igualdad de condiciones y garantías de seguridad una vez dejen las armas.