Brasilia, EFE. El llamado "juicio del siglo" en Brasil, referido a corruptelas denunciadas en 2005, en el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, está en manos de un juez que este miércoles debe decidir si se aceptan o no unas apelaciones que pudieran reabrir las causas de doce de los 25 condenados.

El magistrado Celso de Mello, decano del Tribunal Supremo, se pronunciará este miércoles sobre el asunto y romperá así el empate que hay en relación a las nuevas apelaciones, hasta ahora rechazadas por cinco magistrados y aceptadas por otros cinco.

Si el juez las niega, el Supremo iniciará entonces el trámite para la ejecución de las penas, pero si las acepta, al menos once de los 25 condenados tendrán derecho a un nuevo proceso, que supondría reabrir el juicio para esos casos.

Entre quienes pueden beneficiarse con las nuevas apelaciones están emblemáticos líderes del Partido de los Trabajadores (PT), que lideran Lula y su sucesora y actual mandataria, Dilma Rousseff.

El Supremo incluyó entre los principales responsables de esos ilícitos al ex ministro de la Presidencia José Dirceu, considerado en la época como la "mano derecha" de Lula, al ex presidente del PT José Genoino y al antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.

Según consideró probado la corte, cuando Lula ganó las elecciones de 2002, el PT tejió una red de corruptelas que se valió de dinero público para financiar campañas y sobornar a dirigentes de otros cuatro partidos, que le dieron mayoría parlamentaria al Gobierno.

El Supremo incluyó entre los principales responsables de esos ilícitos al ex ministro de la Presidencia José Dirceu, considerado en la época como la "mano derecha" de Lula, al ex presidente del PT José Genoino y al antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares, que están en el grupo que pudiera tener derecho a un segundo juicio.

Dirceu, calificado en la sentencia como "jefe de la pandilla", fue condenado a diez años y diez meses de cárcel, Genoino recibió una pena de seis años y once meses, y Soares fue castigado con ocho años y once meses de prisión.

Los 25 condenados fueron declarados culpables de varios delitos y las penas totales llegaron a casi 280 años de prisión.

Sin embargo, en opinión de cinco de los jueces, en aquellos delitos en los que fueron condenados a pesar de que al menos cuatro de los once magistrados se pronunciaron por su inocencia, las normas de la corte establecen que se deberá realizar un nuevo juicio.

Otros cinco jueces consideraron, por el contrario, que esa norma del Supremo fue abolida por una ley de 1990, que estableció nuevos parámetros para el proceso penal y declaró inapelable toda sentencia del Supremo, aunque no con la claridad jurídica necesaria.

Las diferentes interpretaciones de la ley de 1990 han dejado en manos de Celso de Mello el futuro del caso que, desde 2005, cuando fueron denunciadas las corruptelas, mantiene en vilo a la política brasileña.

La semana pasada, una vez consumado el empate, el decano de la corte dio a entender que se pronunciará a favor de recibir nuevas apelaciones.

Si fuera así, expertos en asuntos judiciales consideran que la corte pudiera reducir las penas de algunos de los condenados que sean juzgados otra vez, aunque no creen en una probable absolución.

Sin embargo, sí alertan sobre la posible prescripción de algunos delitos, sobre todo porque el propio tribunal ya ha reconocido que, en caso de tener que reabrir las causas, el proceso deberá concluir durante 2015 o incluso en 2016.

En caso de aceptar las nuevas apelaciones, el Supremo también deberá decidir si las sentencias de los otros catorce condenados se ejecutarán de inmediato, o si se esperará para ello hasta el fin la totalidad del proceso.