La eventual aprobación de una reforma migratoria en EE.UU. traerá como consecuencia una ola de deportaciones sin precedentes: los cálculos más optimistas cifran en 800.000, de un total de 1.600.000 guatemaltecos que permanecen indocumentados en aquella nación, los que irremediablemente deberá retornar al país del cual salieron con el sueño de un mejor futuro.

La razón por la cual analistas de organizaciones de migrantes coinciden en que la ley traerá consigo la repatriación de al menos la mitad de los indocumentados se debe a los múltiples y dificultosos requisitos que exigiría la legislación, cuyo proyecto aprobado por el Senado el 27 de junio último ni siquiera lleva por título reforma migratoria, sino que el nombre oficial del proyecto aprobado de esa ocasión es Acta para la Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización Migratoria.

“La simple aprobación del proyecto con ese nombre denota cuáles van a ser las prioridades”, señaló Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), una afirmación que no está lejos de la verdad, puesto que la ley incluye que antes de iniciar el trámite de legalización de un indocumentado el Gobierno de EE.UU., por medio del Departamento de Seguridad Nacional, deberá certificar que las fronteras están seguras al paso de ilegales, para lo cual el gobierno estadounidense deberá invertir US$46.000 millones en el aumento de guardias fronterizos, la finalización del muro en la frontera con México y la compra de equipo tecnológico.

Pocos accederán. De aprobarse la reforma migratoria, el camino a la ciudadanía se dividiría en tres etapas en las cuales los migrantes deberán sortear una serie de obstáculos. Expertos indican que todos empezarán la carrera, pero pocos llegarán a la meta.

El primer filtro al que se enfrentarán los indocumentados es la fecha de ingreso a EE. UU., puesto que la ley automáticamente dejará fuera a quienes llegaron a ese país después del 31 de diciembre del 2011. De sortear este paso, el migrante puede solicitar el Registro de Inmigrante Provisional (RPI, en inglés). Sin embargo, no todos los que hayan ingresado de 2011 para atrás son “elegibles”, ya que deben comprobar que no salieron del país después de esa fecha, pagar una cuota de US$1.000 para el inicio del trámite y no haber cometido ningún delito o tres faltas leves. Asimismo, no clasificarán quienes hayan sido deportados alguna vez.

Después de obtener el RPI, el migrante deberá esperar seis años para el segundo paso, que es solicitar la residencia legal permanente. En esta etapa, aparte de cumplir con todos los requisitos de la fase uno, el interesado deberá demostrar que en ese tiempo ha trabajado ininterrumpidamente y no ha estado desempleado por más de 60 días. Además, que no se encuentra en pobreza como para depender de los beneficios sociales del Estado. Esto significa que si es parte de una familia de cuatro miembros tiene que ganar como mínimo US$30.000 anuales. Finalmente, deberá dominar por completo el idioma inglés.

Reforma perjudicial. A criterio de Elisabel Enríquez, de la Mesa Nacional para las Migraciones (Menamig), si se aprueba el proyecto de reforma tal como surgió en el Senado, “más que beneficios puede perjudicar”, debido a que los requisitos serán obstáculos serios de vencer y que la mitad de migrantes no podría optar a la legalización.

“Algunos se atreven a decir que quizás unos seis millones —de un aproximado de once millones— logren regularizarse y algunos creen que hasta tres millones”, indicó la activista, para quien la implementación de ley incrementará las deportaciones, debido a que los guatemaltecos continuarán viajando ilegalmente a EE.UU., toda vez el Gobierno de Guatemala no adopte medidas para evitar la migración.

Alejandra Gordillo, de Conamigua, calificó de “un paso para atrás” la aprobación de la reforma migratoria que está por discutirse en el Congreso de EE. UU. La funcionaria refirió que la cifra de guatemaltecos que podrían optar a la legalización sería apenas de 300.000, derivado de que lo que se discute actualmente “está lejos de ser una reforma migratoria integral”.

“No se está discutiendo una reforma migratoria integral, sino que tiene más tinte de seguridad, y no va a beneficiar a los once millones de migrantes para nada”, expuso Gordillo, quien también criticó que el Gobierno de EE.UU. con esa propuesta clasificará a los migrantes en la categoría de criminales frente a un reducido número de beneficiados.

“Por la regularización de una cantidad de personas estamos aceptando muros, controles y la negación de la migración a EE.UU., y estamos tolerando que sean repulsivos a la migración”, expresó.

Por si las medidas de seguridad y requisitos fueran pocos, los migrantes también se enfrentarán al problema de que el proyecto de ley establece sanciones económicas más severas para las empresas que contraten indocumentados. Además los empleadores tendrán la obligación de verificar el estatus migratorio de una persona antes de darle trabajo.

Deportaciones: sin plan para atención a retornados. La viceministra de Relaciones Exteriores, Rita Claverie, expuso que el Gobierno no cuenta con un plan específico para la atención de los deportados que retornen de EE.UU., ya que aún se desconoce en qué términos se aprobará la reforma.

“No existe un plan de reinserción porque no sabemos quiénes son las personas que van a retornar, no conocemos los términos de la reforma migratoria que va a salir”, explicó Claverie.

La funcionaria dijo que los esfuerzos de la Cancillería se centran en garantizar que el mayor número de guatemaltecos cuenten con los documentos que necesitan para presentar sus solicitudes, y no descartó que se retome la solicitud del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) si la reforma migratoria que apruebe el Congreso afecta a los migrantes. Sobre las alternativas que ofrece el Estado para evitar la migración, refirió que los esfuerzos se concentran en los pactos Hambre Cero; Seguridad, Paz y Justicia, y de Competitividad del Gobierno.

El diputado Jean Paul Briere, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso, considera “preocupante” que se incrementarán significativamente las deportaciones al aprobarse el proyecto de ley en Estados Unidos, debido a que las condiciones socioeconómicas en Guatemala permanecen igual.

“Salieron buscando una mejor oportunidad de vida y a la hora de no ser aptos y los envíen de regreso, ¿qué va a pasar?, porque acá no hay oportunidades de trabajo, la situación del país se complicaría”, aseguró el legislador, quien indicó que sostiene pláticas con entidades financieras y de capacitación para facilitar la búsqueda de empleo a los deportados.

Obstáculos para la legalización. De aprobarse la ley se endurecerán los requisitos para que un guatemalteco opte a la ciudadanía.

Requisitos:

Fecha de ingreso. Quienes busquen legalizar su estatus deberán comprobar que ingresaron a EE.UU. antes del 31 de diciembre del 2011 y que no han salido de ese país.

Delitos y faltas. No aplicarán quienes tengan un historial criminal o que hayan cometidos tres delitos menores, como conducir ebrio o sin permiso.

Registro provisional. De cumplir los requisitos anteriores se obtiene un permiso temporal migratorio, que debe renovarse a los seis años, antes de someterse a la misma revisión.

No ser carga para el Estado. En esta fase deberá demostrar que no es extremadamente pobre y que ha trabajado por seis años continuos sin pausas mayores a 60 días.

Aumento de ingresos. Después de tres años el migrante tiene que demostrar que sus ingresos han aumentado 25% y que gana como mínimo US$30.000 al año.

Dominio del idioma. Aquel que pretenda seguir con el proceso para la obtención de la ciudadanía tiene que demostrar que domina a la perfección el idioma inglés.

Control en empresas. Las empresas tendrán multas más fuertes si contratan a indocumentados y tendrán la obligación de verificar el estatus migratorio de alguien antes de emplearla.

Seguridad en frontera. El aumento de los agentes migratorios y la finalización del muro en la frontera con México supone que sólo uno de cada diez indocumentados llegará a EE.UU.

Apoyo. Se han efectuado varias manifestaciones en EE.UU. para exigir una legalización con criterio democrático y que no se vea a los migrantes como amenaza.

Migrantes guatemaltecos en cifras.

-1,6 millones de guatemaltecos se calcula que viven en EE.UU.

-800.000 no serían “elegibles” a la regularización.

-25.167 fueron deportados en el primer semestre de 2013.

-US$2.924 millones han enviado este año en remesas familiares.

-154.000 fueron deportados en los últimos cinco años.

-US$38.000 millones en remesas familiares enviadas de 2002 a 2012.