La Paz, Xinhua. El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, confirmó este martes la vigencia inmediata de un decreto presidencial de amnistía e indulto para quienes hayan incurrido en delitos menores, que se prevé beneficie a unos 2.000 reos y alivie el hacinamiento carcelario en este país.

García Linera dijo que la acción fue aprobada la noche del lunes sin cambios por la Asamblea Legislativa Plurinacional como parte de una serie de proyectos para enfrentar el rezago del sistema judicial, el hacinamiento en las prisiones y otros fenómenos que afectan a la población carcelaria del país, de casi 15.000 personas.

"Tenemos medidas para dar una solución integral que abarca a otros conjuntos de temas, en la cual está la mejora de la infraestructura carcelaria, el control en las cárceles, aprobar un nuevo Código Penal que pone plazos a los jueces en un proceso", dijo el vicepresidente.

La nueva legislación fue promulgada por el presidente Evo Morales el 11 de septiembre último luego de que el 23 de agosto se registrara un enfrentamiento entre reos de la prisión de Palmasola que dejó un saldo de 35 muertos.

Datos oficiales indican que el país tiene una población carcelaria de 14.771 personas, 83,3% de ellos en detención preventiva y el 16,7% con condena. Del total 13.093 son hombres y 1.098 mujeres, bajo custodia de un total de 1.715 policías.

La legislación aprobada prevé beneficios para los sentenciados con penas igual o menores a ocho años por delitos menores, entre ellos adultos mayores, adolescentes, imputados y jóvenes hasta de 25 años.

De igual forma beneficiará a reos con enfermedades graves, discapacitados, y padres de familias que cuiden de hijos menores de 12 años en los centros penitenciarios.

La medida excluye sin embargo a las personas procesadas por los delitos de asesinato, violación, traición a la patria, espionaje, parricidio, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo, separatismo, extorsión, corrupción y narcotráfico.

De igual manera quedan excluidos del beneficio los detenidos reincidentes.

Los beneficiarios tendrán un año para tramitar su libertad.