El 4 de noviembre de 2009 se firmó un documento consensuado entre representantes del Estado paraguayo y los familiares de dos menores de edad desaparecidos en un destacamento militar.

En un plazo de tres meses, a partir de esa fecha, se realizaría un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con las violaciones a los derechos humanos, según exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se exigió además al gobierno disponer de todas las medidas que estén a su alcance para investigar los hechos y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de los niños Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez. Además de exigir, con plazo de un año, a partir de la firma del presente acuerdo, la entrega de una pensión para los familiares de las víctimas.

En 30 días, se deberá crear una comisión que tenga conocimiento de las circunstancias en que desaparecieron los soldados menores de edad y cuál fue el destino de éstos. Terminada la investigación, dicha comisión debe presentar un informe pormenorizado al Estado y a los familiares de los desaparecidos.

Según publica Ultima Hora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el caso de los niños reclutados para el servicio militar, y desaparecidos bajo la custodia del Ejército, da cuenta de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad, a la vida, a medidas especiales de protección de la niñez, a la protección judicial y a las garantías judiciales, todos derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.