Bogotá. Las FARC se atribuyó el asesinato del gobernador del departamento colombiano de Caquetá, Luis Francisco Cuellar, lo calificaron como un hecho indeseado y aclararon que con el secuestro buscaban someterlo a un juicio político por supuestos delitos en su administración.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acusaron al político asesinado de vínculos con los escuadrones paramilitares de ultraderecha, aseguraron que el secuestro tampoco tenía motivaciones económicas y responsabilizaron del desenlace fatal al Gobierno del presidente Alvaro Uribe.

"A pesar de los evidentes vínculos del gobernador con el paramilitarismo, el objetivo de la retención no era ajusticiarlo, ni hacerle exigencias económicas, sino realizarle un juicio político por corrupto, al haber convertido el dolo y el prevaricato en piedra angular de su administración", dijo un comunicado del grupo rebelde.

"Este indeseado y trágico desenlace, es consecuencia directa de la orden impartida por Alvaro Uribe a las Fuerzas Militares del rescate a sangre y fuego", precisó el comunicado del grupo rebelde difundido a través de la página de internet www.anncol.eu.

El crimen del gobernador, degollado por los rebeldes horas después de su secuestro en Florencia, la capital de Caquetá, el 21 de diciembre, es considerado como el más alevoso de las FARC en el Gobierno de Uribe.

Rechazo. El alto comisionado para la paz, Frank Pearl, dijo que es injustificable el asesinato del funcionario gubernamental y criticó a la guerrilla. "Pretenden justificar con palabras absurdas un crimen absurdo e injustificable", declaró Pearl.

Imelda Galindo, la esposa de Cuellar, se declaró indignada y negó que su esposo exigiera dinero a los empleados de la gobernación para mantenerlos en sus cargos como lo denunció la guerrilla.

"Todo lo que dicen es mentira. Con cada empleado de la gobernación era muy fácil comprobar que Luis Francisco era un hombre honesto, un buen hombre. Buscaron a la persona más desprotegida y se la llevaron", aseguró.

El secuestro y asesinato fueron calificados por analistas como un golpe a la política de seguridad de Uribe y una demostración de poder de las FARC, al ser cometido en una de las zonas con más presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas y donde se concentra la ofensiva militar contra los rebeldes.

El departamento del Caquetá, en el sur de Colombia, es una de las regiones selváticas del país en donde las izquierdistas FARC aún mantienen una importante presencia y resisten una ofensiva militar apoyada por Estados Unidos.

El gobernador asesinado, de 69 años, había sido secuestrado cuatro veces por las FARC y en su quinta retención fue muerto cuando aparentemente se opuso a internarse en la selva con los guerrilleros que eran perseguidos por el ejército y la policía.

El gobierno acusó desde un comienzo a las FARC por el crimen del dirigente político regional.

En el mismo comunicado y pese al desenlace trágico con el gobernador, el grupo rebelde ratificó su decisión de liberar unilateralmente al sargento Pablo Emilio Moncayo y al soldado Josué Daniel Calvo, secuestrados desde hace varios años.