El fiscal argentino Alberto Nisman, al frente de la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 dijo a El País que "hay elementos para pensar que puede ocurrir" un atentado terrorista en Uruguay.

Nisman elaboró un extenso informe en el que estableció que varios terroristas que participaron en el atentado de la AMIA, y otros que habían participado en atentados en distintas partes del mundo, estuvieron en Uruguay como diplomáticos y utilizaron el país como puerta de entrada para ingresar a Argentina.

De acuerdo a lo que explicó, las células terroristas no se instalan para llevar adelante un atentado específico, sino que pueden estar durante años en un país y que no pase nada. "Los atentados no se planifican de un día para el otro, Rabbani (uno de los presuntos responsables del atentado de la AMIA) vino a la Argentina en 1983 y participa en el atentado en 1994, 11 años después, y Kadir también comienza a ser agente de inteligencia iraní en 1983 en Guyana y recién participa de un intento fallido de atentado en 2007, eso es 24 años después. Pueden estar dormidas mucho tiempo y cuando las necesitan las activan. En el caso de la Argentina y de la AMIA el desencadenante fue la suspensión de la transferencia de tecnología nuclear entre ambos países", dijo el fiscal.

Sobre esto, estableció: "Ojalá mi trabajo no sea exitoso y todo sea una conclusión de que eso no se verifica, porque eso sería una tranquilidad de que no pueden ocurrir atentados. Pero hay elementos para pensar que puede llegar a ocurrir, no mañana ni pasado, o sí, no lo sé, pero hallamos elementos que indican los pasos previos al delito que ya se ha cometido y hay que ponerlos en conocimiento".

El informe. El 30 de mayo pasado se hizo público el informe que el fiscal argentino Alberto Nisman elaboró sobre el atentado de la AMIA. En este se ven implicados varios diplomáticos iraníes que pasaron o presuntamente actuaron desde Uruguay, informó El País.

Reza Hajd Zargabashi, Alí Amini, Mohammad Mehdi Pourmohammadi, Mohammad Ali Sarmadi-Rad y Ahmad Abousaedi fueron todos empleados de la embajada iraní en Montevideo. El último, de acuerdo al informe elaborado por el fiscal, es sospechoso pues, contando con un oscuro pasado, ingresó a Argentina un mes antes del atentado.

De acuerdo a Nisman, "(...) la presencia iraní en Uruguay, Chile y Colombia fue proyectada a partir de la figura de Mohsen Rabbani, lo que resulta lógico dada su elevada posición regional. Efectivamente fue el nombrado y sus discípulos quienes se encargaron de organizar, desarrollar, sostener y adoctrinar en los preceptos radicales propios de la Revolución Islámica iraní a las comunidades musulmanas chiitas de aquellos países".

Rabbani era agregado cultural de la Embajada de Irán en Argentina cuando sucedió el atentado.

El fiscal agrega que "uno de los embajadores del régimen iraní en Uruguay fue Reza Hajd Zargabashi, quien en el año 1993 había sido embajador en Venezuela, resultando el máximo responsable de los funcionarios iraníes allí acreditados y posteriormente expulsados de dicho país, cuando en julio de 1994 intentaron secuestrar `a punta de pistola` a un ciudadano iraní perseguido del régimen, con el propósito de enviarlo a Irán por la fuerza. Otro funcionario iraní que prestó servicios en la embajada en Uruguay fue Alí Amini, quien intervino en la toma de la embajada de los Estados Unidos en Teherán en 1980, habiendo oficiado de portavoz del grupo revolucionario que durante 444 días mantuvo prisioneras a 55 personas".

Mohammad Mehdi Pourmohammadi también es indicado por Nisman, fue embajador del régimen en Uruguay en agosto de 1987, establecen que "tenía antecedentes en el tráfico de armas e implicación en actividades".

El informe también dice que "El siguiente embajador en tierras charrúas, Mohammad Ali Sarmadi-Rad, fue identificado como oficial de Inteligencia" y que Ahmad Abousaedi "fue señalado como perteneciente al Cuerpo de Guardianes de la Revolución, encargado del planeamiento local en cada futuro atentado". "No deja de resultar sugestivo que esta persona haya ingresado a la República Argentina el 18 de junio de 1994, exactamente un mes antes del atentado contra la AMIA", indica el informe.

"Adviértase (...) que todos los funcionarios mencionados poseían antecedentes que los tornaban útiles para las actividades paralelas relacionadas con la exportación de la Revolución. Queda claro que la confluencia de tantas personas con antecedentes en el ámbito militar o en el servicio de Inteligencia de Irán, actuando todos ellos como funcionarios del servicio exterior de ese país, no puede ser atribuida llanamente a un hecho fortuito. Al contrario, la presencia de estos individuos ha sido el fruto de una cuidadosa selección que tuvo en consideración el objetivo perseguido".

Por su parte, el canciller Timerman dijo al respecto que "la denuncia es gravísima", y que corresponde a las "autoridades judiciales decidir si (las acusaciones) tienen justificación suficiente para iniciar causas en esos países".