Lima, EFE. El fiscal de Perú, José Peláez, dijo que no descarta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declare inválido el proceso por la supuesta ejecución extrajudicial en 1997 de tres secuestradores en la casa del embajador japonés en Lima, tras denuncias de injerencia del gobierno en el caso.

La Corte Interamericana, tribunal que ordenó al Estado peruano investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales, "tiene facultades para decir y opinar que este proceso sea invalidado y que se lleve a cabo uno nuevo", comentó Peláez en declaraciones a Ideeleradio, sobre el proceso, en el que ya fueron absueltos el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y dos exmilitares.

El fiscal se refirió de esta forma a las posibles implicaciones de las denuncias de injerencia del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, y del titular de Defensa, Pedro Cateriano, en el juicio en Perú por la supuesta ejecución extrajudicial de tres de los 14 secuestradores que tomaron cientos de rehenes en la casa del embajador japonés en Lima, en 1997.

Jiménez y Cateriano fueron grabados el 2012, cuando eran ministro de Justicia y agente peruano ante la Corte Interamericana, respectivamente, conversando sobre el proceso con la jueza a cargo, Carmen Rojjasi, y el entonces presidente del Poder Judicial, César San Martín, quien es investigado por estos hechos por el Consejo Nacional de la Magistratura.

La difusión de esa reunión se realizó esta semana en Lima y ha sido calificada por la oposición de injerencia política del Poder Ejecutivo en el Judicial.

La operación militar "Chavín de Huántar" permitió en 1997 rescatar con vida a 71 de los 72 secuestrados en la residencia del embajador de Japón por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La operación militar "Chavín de Huántar" permitió en 1997 rescatar con vida a 71 de los 72 secuestrados en la residencia del embajador de Japón por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La Corte Suprema ratificó en julio pasado la sentencia de octubre de 2012 en la que se absolvió al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y a dos ex militares de la acusación de haber ordenado la ejecución extrajudicial de tres de los 14 miembros del MRTA que participaron en el secuestro.

El procurador público del ministerio de Justicia, Luis Moreno, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía para investigar a los responsables de la grabación del encuentro en 2012 y su difusión en los medios locales.

Por su parte, Peláez agregó hoy que "no hay que olvidar" que la sentencia emitida previamente por la CorteIDH "impone que se investigue el caso de las ejecuciones extrajudiciales".

Por tal motivo, consideró que sería "un buen argumento del Estado" para responder ante ese tribunal que "va a continuar su investigación para establecer si durante y después del operativo se dio esta ejecución extrajudicial".

De su lado, la bancada parlamentaria del partido Fuerza Popular del ex presidente Alberto Fujimori presentó una acusación constitucional contra Jiménez y San Martín, además de una denuncia penal contra Cateriano.

Paralelamente, los legisladores del Partido Aprista Peruano, del expresidente Alan García, han presentado un pliego interpelatorio para que Jiménez y Cateriano expliquen los motivos de su reunión con la jueza del caso.

Jiménez, Cateriano, y el ministro de Justicia, Daniel Figallo, negaron la presunta injerencia tras la difusión de los audios del encuentro entre miembros del Ejecutivo y del Poder Judicial en 2012.

"Nosotros no hemos inducido, ni hemos interferido en la decisión del caso Chavín de Huántar (residencia del embajador de Japón) por parte del tribunal que vio el caso y menos aún en la Corte Suprema. Esa es una decisión absolutamente independiente", sostuvo Jiménez.